El Gobierno amplía la "lista negra" de casos considerados desleales en la ley de la cadena alimentaria
- El Gobierno ha examinado, en primera lectura, un anteproyecto de ley para modificar la normativa
- La nueva modificación "amplía los productos" afectados e "incorpora sanciones" a la ley
El Consejo de Ministros ha presentado este martes una nueva modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la "lista negra" de prácticas desleales, el alcance de las sanciones y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero.
El Gobierno ha examinado, en primera lectura, un anteproyecto de ley para modificar la ley 12/2013, con el fin de avanzar en los pasos para fomentar un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), según ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Planas ha asegurado que durante el estado de alarma,"empresas, distribución y trabajadores se han comportado de una manera ejemplar" y que "el mejor reconocimiento" es "intentar abordar algunos de los problemas de fondo", que según ha asegurado son: "el desequilibrio" en la formación de precios, la falta de trasparencia y "la debilidad del elemento más fragil de la cadena", agricultores y ganaderos, para negociar con los demás eslabones de la cadena.
El ministro ha señalado que el Ejecutivo ya modificó esta ley a principios de año, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, en todo el país, en las que denunciaron la crisis del sector y reclamaron precios justos por sus productos, y que este martes se da cuenta de la "segunda fase" de la modificación como "una continuación del compromiso" del Gobierno por "responder" a esa "preocupación".
Se amplía la "lista negra" de prácticas desleales
El anteproyecto "amplía los productos" afectados por la normativa, incorporando así no solo los productos agrícolas y ganaderos, sino también los transformados, y también el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo, las relativas a las cancelaciones de contratos, y, además, "incorpora sanciones" a la Ley.
El número de prácticas consideradas desleales se amplía "en un doble sentido", según ha señalado Planas, por un lado en relación a la denominada "lista negra" que recoge las prácticas prohibidas y por otro lado, en la "lista gris", que es aquella que recoge los casos que "pueden ser tolerados en la medida en que hayan sido contemplados en el anejo contractual correspondiente".
La modificación que ha examinado el Ejecutivo amplía al marco de la Unión Europea la aplicación y la referencia espacial de la ley 12/2013, que era "exclusivamente español" y lo adapta a la directiva europea cuyo texto se traspone, según ha asegurado el ministro, por lo que "cualquier transacción en la cadena alimentaria", en que uno de los elementos esté en España, "automáticamente quedará con una cobertura" también comunitaria.
Se incorporan la tipificación y las sanciaones que incorpora la legislación europa y la Agencia de Control Alimentario (AICA) es considerada "autoridad nacional de referencia a efectos del Conjunto de la UE", como "elemenot central que controla las inspecciones" de las comunidades autónomas en la misma materia.
El anteproyecto recibió 87 aportaciones por parte de los interesados en la materia durante su período de exposición pública, del 1 al 29 de abril, según ha explicado Planas, y tras reunirse el observatorio de la cadena alimentaria, el pasado 15 de junio, será objeto de información por parte de las comunidades autónomas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. Una vez iniciada su tramitación, el Gobierno espera que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros "el próximo otoño", ha dicho el ministro.
Decreto para la mejora de las condiciones del trabajo en el sector pesquero
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y para elevar el nivel de protección de los pescadores en los buques españoles, con medidas como la formalización del contrato de trabajo por escrito y el deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.
De esta forma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva comunitaria 2017/159, adoptada el 19 de diciembre de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales europeos del sector pesquero. La aprobación de este real decreto es un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre en trabajo en la pesca.
Asimismo, se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación, se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente, se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, y no se permite el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que con la aprobación de este decreto "se transmite una señal clara e inequívoca a países no comunitarios titulares de grandes flotas pesqueras para que esa competitividad no se haga depender de una inadecuada protección de los trabajadores del sector pesquero". Mientras, Planas, ha afirmado que el decreto es "tremendamente interesante" y ha alabado el "excelente" trabajo del departamento de Trabajo y Economía Social, respaldado por Agricultura, Transportes e Inclusión y Seguridad Social.
El Gobierno también ha dado luz verde en este Consejo de Ministros a la transferencia a las comunidades autónomas de 10 millones de euros a los sectores ovino y caprino en "acciones de apoyo" ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.