La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad medicalizar las residencias "con personal y medios suficientes"

• La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, ha tenido el voto favorable tanto de PP como Ciudadanos
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley, no vinculante, que exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "medicalizar las residencias de mayores" de la región "con personal y medios suficientes".

Tanto el PP como Ciudadanos,  integrantes del Ejecutivo de coalición, han sumado su voto favorable a la iniciativa, que había sido presentada por Unidas Podemos y finalmente se ha aprobado como un texto transaccional firmado por todos los grupos parlamentarios salvo el del PP.

La iniciativa define la medicalización como "la modificación del uso de los centros residenciales de mayores, por el tiempo necesario, para su utilización como espacios para uso sanitario", de forma que "se implementen medidas de atención sanitaria en los centros" con la participación del servicio de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Podemos acusa al Ejecutivo de "dejar morir sola a la generación más valiente"

También reclama la contratación de personal adicional para las residencias, la ampliación del servicio de inspección, la realización de pruebas PCR a todos los usuarios y trabajadores de los centros, la elaboración de un plan de contingencia y que se garantice la atención hospitalaria a los mayores que vivan tanto en residencias como en sus domicilios.

Por último, exige que se provea a los empleados de los centros de equipos de protección individual y de formación específica sobre su uso.

"El sufrimiento que ha causado la inacción de este Gobierno es inasumible en una democracia", ha denunciado la diputada de Unidas Podemos Paloma García Villa, quien ha acusado al Ejecutivo de "dejar morir sola a la generación más valiente de este país" y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de haber sido "más leal" a Ayuso que a "las personas a las que tenía que defender".

La parlamentaria ha cuestionado el concepto de medicalización de la Comunidad, consistente en su opinión en "que un médico pasara por allí algún rato", y ha opinado que el PP ha votado a favor de la iniciativa "por no quedarse solos, no porque se lo crean".

"No queremos ni más 'operaciones bicho' ni que nadie más haga negocio con la salud de las personas mayores", ha comentado la diputada socialista Purificación Causapié, quien ha acusado al Gobierno de haber "mentido" sobre la medicalización de las residencias y sobre los protocolos de derivación hospitalaria.

El PP reprocha que la izquerda quiera "arrojar los muertos" a su partido

La diputada del PP Dolores Navarro ha criticado las "falacias y mentiras" de la izquierda, a la que ha reprochado "arrojar los muertos al PP", que use como argumento que "como los del PP somos los de Cromañón, matamos a los mayores" y que ya tenga listo "el diagnóstico" de lo ocurrido en las residencias.

Desde Ciudadanos, el parlamentario Tomás Marcos ha dicho que, aunque las residencias "no se pueden convertir en hospitales", en ellas "se debe garantizar la asistencia sanitaria", para lo cual "es prioritario dotarlas de medios humanos y materiales".

Por parte de Más Madrid, el diputado Emilio Delgado ha aprovechado para reconocer la labor del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), a quien le ha dicho que tiene "más honestidad y más valor que el resto del Gobierno junto", al tiempo que ha indicado que "la única salida" para que esta PNL se haga efectiva "es que haya grietas" en el Ejecutivo.

Y el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha reclamado a Reyero que reanude las actualizaciones semanales de los datos de fallecidos en residencias, al tiempo que ha augurado que "no va a ser nada fácil" poner en marcha la iniciativa porque no está claro "quiénes son los responsables" de las residencias.

Un total de 5.984 personas con Covid-19 o sintomatología compatible han fallecido en las residencias de la región desde el pasado 8 de marzo, según los últimos datos de la Consejería de Políticas Sociales.