Enlaces accesibilidad
Coronavirus

El Congreso aprueba permitir a los ayuntamientos usar el superávit con el voto en contra del PSOE

Por
Los diputados asistentes guardan un minuto de silencio al inicio de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso
Los diputados asistentes guardan un minuto de silencio al inicio de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso ha aprobado este viernes una propuesta pactada por la oposición y apoyada por Unidas Podemos para permitir el uso del superávit por parte de los ayuntamientos. El PSOE ha sido el único partido que ha votado en contra.

La oposición ha pactado una enmienda para reclamar el desbloqueo de los superávits municipales generados en 2019 y 2020 y no aplicar ni este año ni el que viene la regla de gasto en los ayuntamientos. En este acuerdo no está incluido Vox, ya que abandonó la comisión hace una semana, y precisamente esa ausencia permite al Gobierno de coalición derrotar la iniciativa.

De esta forma,  Unidas Podemos se desmarca del texto común que habían pactado con el PSOE y que no reflejaba esta propuesta, como tampoco contempla la derogación de la reforma laboral o un impuesto a las grandes fortunas.

Una propuesta para flexibilizar la utilización de estos fondos

La iniciativa, que ha sido impulsada por Junts per Catalunya, recoge en una propuesta el intento de grupos como el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos o Coalición Canaria para flexibilizar la utilización de estos fondos para afrontar la crisis.

La enmienda llama a permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.

Asimismo, recoge que durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para estas corporaciones y que, en aplicación del principio de subsidiaridad, una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas.