Pateras, coronavirus y nueva normalidad

• Los bulos, que culpan a la inmigración de distintos problemas, fomentan la xenofobia, el racismo y la aporofobia
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"Sólo un enfoque que incluya a los inmigrantes tendrá éxito", explican a RTVE desde la Organización Internacional para las Migraciones.

"De los 33 inmigrantes que han venido y que tienen positivo en COVID-19, nueve de ellos se han escapado del confinamiento”, explica una voz de mujer en un bulo que llegó a muchos de los móviles de Fuerteventura. La señora asegura en el audio que “hay una reunión que se está celebrando en el Cabildo porque se está debatiendo si confinan o no a la isla”. La institución oficial tuvo que salir al paso en su página de Facebook para desmentir la información, otra vuelta de tuerca en la larga tradición de bulos que culpan a inmigrantes de los problemas y expanden la xenofobia, el racismo y la aporofobia (fobia a las personas pobres).

“Insistimos en la importancia de no hacer caso a bulos y noticias sin contrastar”, explicaba el Cabildo de Fuerteventura. Pero la desinformación se mantiene. “Han llegado varias pateras y en esas pateras estaban todos contagiados” cuenta otra mujer en un audio similar que tiene como escenario la ciudad de Cartagena, en Murcia.

Los bulos y las noticias falsas presentan la inmigración como un problema cuando está siendo una solución. EFE ARCHIVO

En esos audios, la inmigración se presenta como un problema y no como un fenómeno humano que puede evitar ciertos declives sociales que se predicen. El principal es el envejecimiento, que traerá consigo un mayor gasto sanitario y una menor aportación a las arcas de la Seguridad Social, algo que podría ayudar a paliar esta llegada de jóvenes inmigrantes. A pesar del coronavirus.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) explica a RTVE que “nos enfrentamos, en este momento, a una triple crisis: una crisis de salud, una crisis socioeconómica y una crisis de protección” y cree que sólo un enfoque que incluya a los inmigrantes tendrá éxito. Entre las recomendaciones presentadas a la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica de España, la OIM incluye una directamente relacionada con los bulos sobre inmigración que dice: “Promover una narrativa inclusiva que contrarreste la estigmatización de personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de protección internacional”.

COVID-19 y la inmigración irregular

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social publicó el 5 de junio un “Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular”. Entre las medidas que contempla, firmadas por la Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, se encuentra la realización de las pruebas diagnósticas siguiendo el protocolo estatal para cualquier viajero con síntomas que llega a España. También se observa la trazabilidad, por lo que “se deberá identificar a todos los migrantes que viajen en una misma patera, por si fuese necesario tomar medidas específicas, ante un eventual caso positivo”.

En su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Estado de Migraciones insistía en la existencia de “nuevos recursos para adaptar la acogida a las indicaciones sanitarias”.

Cambio de ruta, menos personas y más pateras

El COVID-19 cortó en seco la llegada de inmigración regular a través del aeropuerto de Barajas durante el estado de alarma y redujo en un 35% la llegada de inmigrantes en patera a las costas españolas.

Según los datos sobre inmigración irregular publicados por el Ministerio de Interior, en los seis primeros meses del año del confinamiento hemos recibido a 4.677 personas menos que en el mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este 2020 han llegado a las costas españolas de manera irregular 8.546 personas. En 2019 fueron 13.223.

Sin embargo, el número de embarcaciones interceptadas se ha incrementado en un 10%. Se podría pensar que las mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas dedican más pateras para menos pasajeros con el fin de mantener la distancia social en tiempos de coronavirus. Por desgracia los motivos tienen que ver más con burlar la presión policial, especialmente en los puntos de salida.

El director del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones (IEME) de Comillas, Alberto Ares, explica que “la Unión Europea ha aumentado la presión para que Marruecos acabe con los campamentos donde esperaban antes de salir hacia Europa”. Es por eso que las mafias han cambiado su ruta y Canarias ha registrado un incremento en la llegada de pateras y cayucos de más del 100%. Si en los seis primeros meses de 2019 llegaban 462 personas a Canarias, en el mismo periodo de 2020, en plena pandemia, han llegado 2.700.

Ares recuerda que “el número de personas irregulares que llega a España en pateras es muy pequeño en comparación con los que llegan por el aeropuerto con visado de turista, de estudios o de trabajo y que luego se quedan entre nosotros”. Las cifras del año 2019 le dan la razón. De manera regular entraron 748.759 personas y tan solo 32.513 lo hicieron de modo irregular en cayuco, patera o escondidos en algún vehículo para atravesar la frontera en Ceuta o Melilla.

Protegidos del COVID para proteger vidas en el mar

Muchas de estas embarcaciones precarias no llegan a la costa y tienen que ser rescatadas. Las patrulleras de la Guardia Civil, en algunos casos, y Salvamento Marítimo (SASEMAR), en otros, son los encargados de proteger las vidas de estas personas desesperadas que se echan al mar en busca del sueño europeo.

Durante el estado de alarma –entre el 14 de marzo y el 21 de junio- SASEMAR ha mantenido su actividad como servicio esencial y ha asistido a más de 3.800 personas. “El protocolo en materia de inmigración es el mismo que se estaba aplicando anteriormente”, aclaran fuentes de esta entidad pública. Es un protocolo “implantado hace varios años para evitar posibles contagios de enfermedades procedentes del África subsahariana a nuestras tripulaciones”, en referencia al ébola y el dengue, entre otras.

Aumentan las pateras y disminuyen los inmigrantes irregulares en las nuevas rutas de entrada a España. EFE ARCHIVO

Estas tripulaciones cuentan con EPIs (Equipos de Protección Individual) que “se encuentran desde hace tiempo por encima de las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Sanidad”, afirma SASEMAR. En los barcos de Salvamento Marítimo utilizan buzos biológicos de categoría 3 (Sanidad utiliza en hospitales los de categoría 2). Las mascarillas también son del más alto nivel de protección, por encima de las que usa el personal sanitario en los hospitales.

Preguntados por las medidas que utilizan para detectar el coronavirus entre las personas rescatadas, desde SASEMAR explican que “los protocolos como toma de temperatura, se realizan por otros organismos tras el desembarque”. Pero puntualizan que “de todas formas, todas las unidades están dotadas de un termómetro de infrarrojos a distancia para el caso de observar algún síntoma durante el traslado a tierra, comunicándolo a la llegada”.

El test a la llegada

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social corrobora que “cada comunidad autónoma (tratándose de Salud Pública) es la competente en decidir el modo de proceder para garantizar adecuadamente el derecho a la salud, en lo relativo a posibles cuarentenas, por ejemplo, o a la realización de tests”. Y apuntan que, “en la práctica, las comunidades autónomas están haciendo test a las personas migrantes que llegan por vía irregular”.

En el protocolo de actuación frente al COVID-19 se recoge expresamente la concesión de “subvenciones directas a la Cruz Roja Española para la realización de un programa de atención a personas migrantes llegadas a las costas españolas”. El montante asciende a 7.298.388€, según indican desde la organización humanitaria.

“Las comunidades autónomas están haciendo test a las personas migrantes que llegan por vía irregular“

Entre las tareas sanitarias de Cruz Roja se encuentra “valorar posibles casos de enfermedades de declaración obligatoria para alertar a las autoridades”. En lo que se refiere a las pruebas diagnósticas, “las realizan los servicios de salud de las comunidades autónomas donde llegan”, explican desde la ONG. Sin embargo, en Andalucía han firmado otro convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “por el que el personal de enfermería de Cruz Roja Española que forma parte de los Equipos de atención realizan test rápidos”.

El seguimiento de cada persona migrante, en caso de resultar positivo en PCR, depende de la autoridad sanitaria correspondiente, es decir, de las consejerías de salud, que son las que marcan las instrucciones en cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, explica el Ministerio.

Trazabilidad entre la acogida y la expulsión

“Cuando una persona llega a España por vía irregular tiene la posibilidad de solicitar asilo, aunque este porcentaje es muy bajo”, explican desde la Secretaría de Estado de Migraciones. “Durante un máximo de 72 horas la persona llegada puede permanecer en dependencias policiales para su filiación”, apuntan desde el Ministerio en referencia al trabajo de la Policía Nacional. “Si no ha solicitado asilo a su llegada, Interior emite una orden de expulsión”.

Después, el Ministerio de Interior pasa el relevo al de Inclusión, donde el inmigrante irregular “es acogido en el Sistema de Atención Humanitaria durante un período de restablecimiento”. Este periodo suele durar, aproximadamente, unos quince días prorrogables en función de su vulnerabilidad.

En 2019 entraron 748.759 personas de manera regular a través de los aeropuertos y tan solo 32.513 lo hicieron de modo irregular. cropper

La Secretaría de Estado de Migraciones tiene convenios con distintas entidades para la acogida de estas personas. Cada una de ellas cuenta con “un sistema de trazabilidad de las personas que entran en nuestros recursos de acogida ante posibles contagios”, aseguran desde Migraciones.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en los que los inmigrantes esperan su expulsión se vaciaron con la declaración del estado de alarma. “Hemos acogido a las más de 240 personas que abandonaron los CIES”, publicaba la Secretaría de Estado de Migraciones. Por su parte, el Servicio Jesuita de Migraciones denunciaba el 6 de julio la gestión y la existencia de estos centros en un informe demoledor titulado “Diez años mirando a otro lado”.

Inclusión como inversión

“Se gasta el dinero en levantar vallas y reforzar la seguridad para defender nuestras fronteras en lugar de invertir en la integración y la inclusión de los inmigrantes”, asegura el director del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones (IEME) de Comillas, Alberto Ares.

La visión del experto de Comillas coincide con la visión de la OIM. Según la organización de Naciones Unidas para los migrantes “es necesario que reconozcamos el verdadero valor de los migrantes en el funcionamiento de nuestras sociedades y que, muchos de ellos, desempeñándose en sectores esenciales de nuestra economía, son indocumentados”. Por motivos como este concluyen que “solo con un enfoque inclusivo, que realmente no deje a nadie atrás, podremos superar esta crisis global de magnitud y proporciones sin precedentes”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, con 47.4 millones de habitantes, la población inmigrante está compuesta por 5,4 millones de personas, lo que supone un 11,4 % del total.