El plan del Gobierno para evitar una segunda oleada: detección precoz, coordinación y reservas estratégicas

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Dos turistas se fotografían ante el Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, en Gijón.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a presentar este lunes a las comunidades autónomas un plan para afrontar una eventual segunda oleada de coronavirus. El documento, que será revisado en el Consejo Interterritorial y podría ser aprobado definitivamente el próximo jueves, tendrá un doble objetivo: minimizar el impacto de la pandemia limitando la circulación del virus y tener las capacidades preparadas para hacer frente a una situación similar a la que se produjo a mediados de marzo, si no se cumpliese el primer objetivo.

Fuentes de Sanidad niegan que el plan se haya precipitado ante el actual incremento de contagios en todo el territorio nacional, entre los que preocupa especialmente el de Lleida y la comarca del Segrià. Aseguran que llevaban trabajando tiempo en esta estrategia, destinada a ofrecer una respuesta temprana en el escenario de control de la epidemia en el que España se encuentra, una vez superada la fase de mitigación.

Confinamientos más "quirúrgicos"

El objetivo es evitar a toda costa una situación de confinamiento generalizado, similar al ya vivido. En todo caso, confinamientos más "quirúrgicos" (edificios, poblaciones, comarcas...), como los que se han producido desde el final de la desescalada. Las autoridades sanitarias asumen que los rebrotes van a seguir produciéndose, aunque confían en los indicadores de los que disponen y que permiten valorar cuándo hay que actuar en función del riesgo. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que el control de estos focos de contagio corresponde a las comunidades autónomas, y estas cuentan con herramientas suficientes para controlarlos.

Sanidad solo actuará en brotes que afecten a dos o más comunidades autónomas declarando la actuación coordinada, un paso previo al estado de alarma que deberá someter y ser aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Aunque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, hay previstos otros dos mecanismos si el coronavirus se extiende más allá de las fronteras de una comunidad autónoma. En el primero, Sanidad podrá hacer uso de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas las comunidades. En última instancia, podría volver a decretar el estado de alarma.

En realidad, muchas de las medidas que contempla el plan ya se están llevando a cabo, y el objetivo es fomentarlas. Aunque de una manera coordinada y organizada. Fuentes del Ministerio de Sanidad recalcan que esta respuesta armonizada solo se puede conseguir en un marco único capaz de integrar los diferentes sistemas sanitarios autonómicos: el Sistema Nacional de Salud.

Así, el plan que Sanidad va a presentar a las comunidades autónomas tiene cinco pilares básicos:

Capacidad de detección precoz:

Esta misión recae sobre todo en la atención primaria, y es fundamental para evitar la transmisión comunitaria del virus. El documento incide en la necesidad de contar con los recursos humanos suficientes en los servicios de Salud Pública y también de laboratorio, para que esto se pueda traducir en un sistema adecuado de vigilancia y diagnóstico.

Atención sanitaria:

Aquí se incluyen los planes de contingencia para responder a incrementos en la carga al sistema asistencial: camas hospitalarias y de cuidados intensivos, equipos de protección para el personal sanitario, que los grupos más vulnerables al virus gocen de una mayor protección...

Se deben activar los planes de contingencia en atención primaria y hospitalaria de forma adaptada a cada escenario. El plan propone que la capacidad de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva sea de entre 1,5 y 2 por cada 10.000 habitantes en el primer caso y entre 37 y 40 camas en el segundo.

También tendrán que contar con planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes COVID-19 y no COVID-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables y asegurar la atención a las actividades priorizadas de la atención habitual como los programas de vacunación.

Medidas de protección colectiva:

El plan define las capacidades necesarias para adoptar normas de protección colectiva, muchas de las que ya se están llevando a cabo (distanciamiento físico, higiene, mascarillas…). También incluye medidas farmacológicas, ante el horizonte cada vez más cercano de una vacuna.

El Gobierno recuerda que España está representada en el órgano de decisiones de compra anticipada de la UE y se ha incorporado al equipo negociador del Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas frente al COVID-19 de la Unión Europea, que está integrado por Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia.

Una de las prioridades del plan es la de prevenir el impacto de la gripe estacional en este otoño-invierno ante una posible coincidencia con la epidemia de coronavirus, por lo que sugiere fomentar el aumento de la cobertura de vacunación contra la gripe.

Comunicación y concienciación:

El plan prevé una estrategia clara de comunicación, especialmente orientada al personal sanitario y sociosanitario, para que dispongan de la información necesaria que les permita desarrollar su trabajo con mayor seguridad. También incluye medidas de concienciación a la población, para intentar evitar riesgos innecesarios.

Reservas estratégicas:

Finalmente, el quinto pilar del plan es asegurar la disponibilidad de reservas estratégicas, al margen de las que tienen que tener las comunidades autónomas, que son las necesarias para un mínimo de ocho semanas. Estas provisiones incluyen equipos de protección, medicamentos básicos, pruebas diagnósticas, equipos de ventilación mecánica…

Además de esta provisión obligada a nivel regional, el Estado ha establecido una reserva del 25% de la necesidad total declarada por las comunidades durante esas ocho semanas.

Asimismo, el documento reserva al Ministerio la potestad de determinar los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima y que ya se vienen haciendo, como son la toma de temperatura y el control documental y visual sobre el estado de la persona.