La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel para Villarejo por espiar a un exmagistrado

• Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando se enfrentan a ocho años por solicitar el encargo
• Con esta causa, el comisario ya acumula más de 100 años de petición fiscal

Imagen de archivo del comisario José Manuel Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de prisión para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por la pieza separada número 6 del caso Tándem, denominada Pintor, que indaga en el encargo que le habrían hecho dos empresarios para extorsionar a un exsocio y al abogado de este, el exjuez Francisco Javier de Urquía.

En dos autos a los que ha tenido acceso RTVE, los fiscales anticorrupción acusan a Villarejo de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y dos de extorsión en grado de conspiración.

Pintor es la tercera pieza de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades supuestamente ilícitas del comisario jubilado, que ha concluido el juez instructor, Manuel García Castellón. Con esta, la Fiscalía ya pide más de 100 años de prisión para el expolicía, que está en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Ocho años de cárcel para Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana

En esta pieza, los fiscales igualmente han formulado acusación de los mismos delitos frente al que era su socio en el entramado empresarial Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y su hijo José Manuel Villarejo Gil, para quienes también piden 14 años de cárcel.

Asimismo, Anticorrupción pide ocho años de prisión para el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando por solicitar el encargo, mientras que para los abogados de ambos, José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio, reclama seis años y 14 meses de cárcel, respectivamente.

Los detectives que se involucraron en este encargo se enfrentan a una petición fiscal de 12 años de prisión. Para los expolicías Antonio Bonilla y Javier Fernández Pérez, el Ministerio Público solicita ocho años de cárcel, y 12 años para el también exagente José Manuel González Escobar. Están acusados de colaborar con Villarejo para llevar a cabo el encargo ya mencionado.

Información "sensible y de acceso restringido"

Los hermanos Muñoz llevaron a cabo la contratación a principios de 2017 de los servicios de Villarejo para conseguir información de un exsocio, Mateo Martín Navarro, que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de Hacienda en concepto del IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante a Fernando Muñoz.

Así, trataron de que Martín Navarro y su letrado, Javier de Urquía Peña, modificaran su estrategia procesal con el fin de que la familia Muñoz resultara beneficiada. Los hermanos abonaron 20.000 euros en efectivo y "sin dejar ningún rastro documental" para que Villarejo les facilitara "diversa información sensible y de acceso restringido" y, para ello, el excomisario contó con "varios de los miembros del entramado empresarial".

De este modo, trataban de localizar activos patrimoniales del exsocio investigado para evidenciar el "carácter ficticio de la situación de insolvencia", a la par que obtener "debilidades" del abogado, como medida de presión para forzarles a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.

Un vídeo de contenido sexual y consumo de drogas que no llegaron a usar

Para lograr su cometido, el comisario se habría valido de un vídeo de contenido sexual y de consumo de drogas que grabó en su día al entonces juez en Marbella por encargo del traficante de armas Monzer Al Kassar, y que ofreció a los empresarios a cambio de un precio asegurando que era obra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El vídeo le fue facilitado a Fernando Muñoz por su abogado Ricardo Álvarez-Ossorio y este quedó a la espera de que los hermanos "decidieran el momento de ser utilizado" contra Urquía. Pese a recabar toda esa información, finalmente los hermanos Muñoz no llegaron a hacer uso de ella.

Según el escrito fiscal, para obtener la información sensible Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se sirvieron de los servicios de una detective y de funcionarios de Policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.

Indemnizaciones conjuntas de los 14 acusados

Anticorrupción pide que los 14 acusados en esta pieza indemnicen de forma conjunta a Mateo Martín 20.000 euros y a Urquía con 200.000.

Una vez recibido el escrito de conclusiones provisionales de Fiscalía Anticorrupción, así como el de la acusación popular que ejerce Podemos, el magistrado García Castellón ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 14 imputados, que ahora deberán presentar su escrito de defensa, para a continuación enviar la causa a la Sala de lo Penal, que será la que fije la fecha del juicio.

El instructor también ha dictado auto de apertura de juicio oral de la pieza 2 del caso Tándem, denominada Iron, la que se refiere al presunto encargo que habría hecho el despacho de abogados Herrero y Asociados a Villarejo para espiar a un bufete de la competencia, según la resolución.

Anticorrupción pide en este caso para el comisario hasta 57 años de cárcel por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.