El juez archiva el caso del ático de Ignacio González en Marbella al dar la instrucción por "agotada"

• Tras siete años de investigación, el magistrado cree que no hay indicios de blanqueo ni de cohecho
• En diciembre de 2012, el inmueble fue a parar a manos de González y su mujer por 770.000 euros

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González atiende a los medios de comunicación a su salida del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), en 2016.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad.

En su auto, el juez señala que la instrucción ya está "agotada", por lo que rechaza practicar más diligencias solicitadas por las acusaciones populares; y considera que tras una "ardua" investigación de siete años no hay indicios de los delitos.

En esta causa, se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors -constituida en Delaware (EE.UU.)- por 2.000 euros mensuales; y, ya en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros. La Fiscalía pidió en diciembre pasado el archivo del caso.

A lo largo de la instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos.

No se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero

De acuerdo con el auto, para el magistrado, no se ha acreditado que el arrendamiento fuera un contrato simulado ni que se tratara de un regalo de Cerezo por favorecerle -bien en la adjudicación de canales de televisión digital, bien en la venta de derechos audiovisuales por parte del club a la Radio Televisión Madrid- como que apuntarían las acusaciones populares.

"Si bien de las diligencias se desprende tanto la compra de los inmuebles radicados en Estepona por parte Coast Investors en 2008, así como el posterior arrendamiento en favor de la mujer de González, lo cierto es que, a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto respecto al delito de cohecho.

Así, el juez apunta a "la inexistencia de indicio alguno en la comisión de dicho ilícito respecto de los tres investigados" y añade que tampoco existen "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense reseñada provenga de Cerezo o de cualesquiera de las entidades de las que es -o era- titular, partícipe o presidente".

En cuanto al posible blanqueo de capitales, la resolución tampoco ve que existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. El juez explica que, en los informes policiales de mayo de 2019, "se alude al origen no sospechoso de los fondos", atendiendo, entre otros documentos, a la escritura de compraventa y al finiquito percibido por la mujer de González en 2011, "de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

González, satisfecho con la decisión

El abogado de Ignacio González y su esposa, Víctor Navas, ha asegurado que está muy satisfecho con la resolución judicial y, en declaraciones a la agencia Efe, ha afirmado que espera que dicho auto ayude a dar un giro al resto de procesos que se siguen contra su patrocinado.

La Fiscalía de Málaga ya acordó el pasado diciembre el sobreseimiento después de comprobar que, tras la investigación efectuada, no había indicios suficientes que pudieran apoyar la imputación de Ignacio González, su esposa y Enrique Cerezo.

El caso comenzó en 2012 con una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por supuestas irregularidades en la venta del inmueble, que, según los denunciantes, supuso "un trasvase de capital de dudoso origen" y una operación "ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".

González siempre ha defendido que tenía un contrato de alquiler y que lo pagaba "religiosamente", y que si no lo compró antes de 2012 fue porque el inmueble no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, trámite que se regularizó a finales de ese mismo año.