La Audiencia Nacional propone juzgar a los Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse

• En el auto, el juez De la Mata detalla todas las operaciones orquestadas por la familia desde 1992 hasta 2014
• Los fondos procedían de pagos ilícitos de terceras personas a las que los Pujol correspondían con "favores políticos"

La Audiencia Nacional propone juzgar a los Pujol Ferrusola por crear una organización criminal para enriquecerse

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a toda la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, según explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso y al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Pujol Ferrusola asumió la dirección

De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola ("el capellán de la parroquia"), que asumió la dirección de toda la estrategia, así como de la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos.

Ferrusola ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra y buena parte de los "negocios" en que invirtió durante años han estado directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. Además, tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia.

El magistrado señala que el resto de los hermanos, a su vez, seguían sus instrucciones, abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran "distribuidos" por Jordi Pujol Ferrusola y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.

Asimismo, De la Mata asegura que se puede comprobar que actuaron dentro de una estructura jerarquizada y con una estabilidad temporal de varios años con una finalidad claramente fraudulenta: "obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas".

“La organización criminal se ha mantenido estable desde que abrieron las cuentas corrientes en Andorra, aproximadamente en 1992, hasta que cerraron las fundaciones en BPA, en junio de 2014. “

A lo largo del auto, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante años. Así, explica que al principio la familia tenía "el capital ilícitamente obtenido" escondido en diversos productos bancarios y cuentas abiertas en otras entidades de distintos países. Durante esa primera etapa, fueron alimentando las cuentas, generalmente en efectivo para garantizar la opacidad.

A finales de 2014, todos terminaron por cerrar sus estructuras fiduciarias, momento en el que muchos optaron por regularizar su situación con Hacienda, mientras que otros optaron por continuar en la opacidad en países como México.

Los fondos procedían de pagos ilícitos

La procedencia del patrimonio, señala el juez, deriva de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como alega la familia, de una herencia procedente del abuelo Florenci Pujol. "A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia", precisa.

Paradójicamente, explica De la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido.

Respecto al origen de los fondos, el juez lo sitúa en pagos ilícitos de terceras personas, en su mayor parte vinculadas con empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia disimulados bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales.

Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, "cuya existencia real no ha quedado acreditada", señala, sino más bien lo contrario, la inexistencia del supuesto negocio.

A cambio de estos contratos simulados, la familia Pujol Ferrusola les correspondía con "favores políticos" en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística y concesiones en toda Cataluña. Y a aquellos contratos de intermediación que sí se engranaban en operaciones económicas reales, se les agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia, añade el auto.

Numerosas investigaciones

El 25 de abril de 2017 fue encarcelado ante el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas. Desde ese año, se ha continuado recabando nueva documentación sobre las operaciones realizadas por Jordi Pujol Ferrusola.

Según un informe detallado de la Agencia Tributaria de diciembre de 2019, el primogénito de los Pujol pudo haber defraudado hasta de 10,4 millones de euros entre 2003 y 2012, sin mencionar el año 2011. En cualquier caso, Hacienda consideró que ya había prescrito el fraude fiscal imputable a Jordi Pujol Ferrusola entre los ejercicios 2003 y 2006, que según la Agencia podría ascender a 1,8 millones de euros en total.

Además, el magistrado investiga desde hace tiempo un ingreso de más de 50.000 euros (8.532.409 de las entonces pesetas) registrado el 1 de agosto de 1991, que el juez vincula con la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), origen de la sociedad Grand Tibidabo, a la Generalitat de Cataluña unos días antes, el 25 de julio. Este caso se zanjó hace años con una condena de tres años de cárcel al empresario Javier de la Rosa por el expolio de la sociedad, que provocó que más de 10.500 accionistas perdieran sus ahorros.