El Gobierno exige un plan de viabilidad a las empresas que pidan un rescate

• La ayuda mínima a la que podrán acogerse las compañías será de 25 millones de euros
• Las entidades no podrán emprender políticas agresivas y sus directivos no percibirán "bonus" u otros complementos

El Gobierno exige un plan de viabilidad a las empresas que pidan un rescate

El Gobierno ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes el requerimiento de un plan de viabilidad para aquellas empresas que quieran acogerse al fondo de rescate de 10.000 millones de euros. Así lo ha hecho saber la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha explicado que las entidades deberán tener una previsión desde el primer momento de cómo y cuándo devolverán la ayuda pública.

A estos efectos, podrá acogerse a este fondo cualquier empresa considerada estratégica si en los últimos meses por la crisis de la COVID-19 su solvencia se ha visto mermada. No obstante, para hacer uso del mismo deberá solicitarlo de manera formal por escrito y justificar que sin este capital público tendría numerosas complicaciones para que el negocio en cuestión siguiese adelante.

En el rango de las ayudas,  la cantidad mínima que una entidad podrá solicitar será de 25 millones, salvo casos acreditados y justificados, mientras que la cifra máxima podrá ser la que la empresa considere oportuna para sacar su solvencia adelante, pero nunca esa cuantía requerida podrá superar el patrimonio de la compañía a cierre de 2019.

Además, entre otros requerimientos, la empresa deberá tener su sede social en España, al igual que el grueso de su actividad, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no haber entrado en situación de crisis antes de 2020 o estar condenada por delitos económicos como malversación de caudales.

El Consejo Rector del fondo estará en marcha en menos de 30 días

En la misma rueda de prensa, la también titular de Hacienda ha advertido de que cualquier empresa que pida ayuda al fondo de rescate tendrá limitaciones para no incentivar una política comercial agresiva o encaminada a asumir riesgos. Por otro lado, la compañía tampoco podrá distribuir dividendos entre sus accionistas y sus directivos estarán exentos del cobro de "bonus" u otras retribuciones variables que pudieran tener contempladas hasta la fecha.

Estas ayudas permiten penetrar al Estado dentro de las empresas con viabilidad pero con problemas de solvencia provocadas por la crisis sanitaria, aunque no en todos los casos. Estos apoyos serán recibidos a través de la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.

El órgano encargado de decidir la otorgación de estas ayudas será el Consejo Rector del propio fondo, que iniciará los trámites para ponerse en marcha en menos de 30 días, según la ministra Montero, y cuya constitución, aunque no ha entrado a promulgar más detalles, ya ha sido aprobada en el Consejo presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.