Libertad provisional para los tres detenidos por el derrumbe del vertedero de Zaldibar

• La jueza ha ordenado la retirada del pasaporte a los tres investigados, que deberán comparecer ante la autoridad una vez al mes

El equipo de búsqueda trabajando en el vertedero de Zaldibar

La jueza de Instrucción número 1 de Durango ha decretado este jueves la libertad provisional con medidas cautelares para los tres responsables de la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) que se derrumbó en febrero y dejó sepultados a dos trabajadores.

Según han informado fuentes judiciales, la magistrada ha ordenado la retirada del pasaporte a los tres investigados, que deberán comparecer ante la autoridad una vez al mes.

Los tres investigados son el propietario de la escombrera y de la empresa que la gestiona Verter Recycling, José Ignacio Barinaga; la administradora única, responsable legal de la misma y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y al ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria.

Los tres fueron detenidos el pasado martes 21 de julio por la Ertzaintza en Eibar (Gipúzkoa) y este jueves han sido puestos a disposición de la jueza de Durango.

Estos arrestos han causado una polémica entre la Administración de Justicia y el departamento de Seguridad, ya que la Ertzaintza dijo que las detenciones fueron realizadas por orden judicial, lo que posteriormente fue negado públicamente por la jueza instructora, que ni siquiera tenía el atestado policial de la operación.

Los abogados defensores del propietrio del vertedero y de su sobrina, por su parte, calificaron las detenciones de "ilegales" y "contrarias a derecho".

El derrumbe del vertedero de Zaldibar se produjo el 6 de febrero y sepultó a dos empleados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, cuyos cuerpos permanecen desaparecidos entre los escombros pese a los trabajos de búsqueda realizados desde entonces.

En este caso se investiga en dos juzgados distintos de Durango (Bizkaia) la posible comisión de dos delitos, uno contra los recursos naturales y el medio ambiente, por ponerse en "riesgo grave" el entorno natural y "la salud de las personas", y un segundo contra los derechos de los trabajadores.