El fiscal acusa a la Mesa del Parlament del 1-O de desobedecer para romper la ley y de rebasar su inviolabilidad

• Pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 para los miembros que tramitaron las llamadas "leyes de desconexión"
• El 6 y 7 de septiembre de 217 "desbordaron los límites de la desobediencia" y laminaron los derechos de la oposición

El fiscal acusa a la Mesa del Parlament del 1-O de desobediencia para romper la ley y de rebasar su inviolabilidad

El fiscal Pedro Ariche ha defendido en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los miembros de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura que los acusados llevaron la desobediencia "al extremo" en su vía unilateral en 2017 para romper con la legalidad y ha insistido en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria ya que ésta no es "ilimitada".

Ariche ha pedido para los compañeros soberanistas de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament -Lluis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó- y la exdiputada de la CUP Mireia Boya un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

Según Ariche, durante el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 y de transitoriedad jurídica, los acusados "desbordaron los límites objetivos y subjetivos de la desobediencia" y laminaron los derechos de la oposición.

La inviolabilidad no es "ilimitada"

En su informe, el fiscal ha insistido en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria -ya que no es "ilimitada"-, y ha remarcado que tenían la obligación de cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional para impedir la tramitación de las leyes del 'procés'.

Según Ariche, el programa electoral de JxSí para las elecciones del 27 de septiembre de 2015 contenía "aspiraciones legítimas" de los independentistas, aunque introducía una frase "inquietante", al considerar que el Gobierno -entonces con Mariano Rajoy al frente- cerraba "cualquier vía al diálogo" al condicionarlo al respeto al marco legal.

Según el fiscal, fueron los acusados los que "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura de la legalidad, estatal y de Cataluña".

"Anunciaron su desobediencia y ejecutaron la desobediencia, y la llevaron hasta el extremo final", ha denunciado Ariche, que ha precisado que en la vista del TSJC "no se juzga al independentismo" ni al poder legislativo, sino al "concierto de voluntades" de los acusados para desoír al TC sobre las leyes del procés.

El fiscal ha defendido que no existe una "causa general" contra el independentismo y que tampoco se depuran en esta causa responsabilidades políticas, ha insistido Ariche, ya que el juicio está amparado por la separación de poderes y avalado por el hecho de que la Constitución establece la obligación de cumplir las resoluciones de los tribunales.

"Ninguno de los poderes del Estado está por encima del resto", ha agregado el fiscal, que ha advertido de que los mensajes de desobediencia a las órdenes de los tribunales con los que de manera "recurrente y desafortunada" se "jactan" algunos políticos contienen un "preocupante contenido de autocracia y totalitarismo".

Una ideología "legítima" pero que debe estar dentro de la legalidad

Ariche ha dicho que, en esta causa, la Fiscalía actúa en defensa tanto de los ciudadanos que no estuvieron conformes con lo que hicieron los acusados como los que, compartiendo su propósito, "no obtuvieron una respuesta adecuada de sus gobernantes". Y es que, según el fiscal, la ideología de los acusados es "legítima", si bien se debe materializar dentro de la legalidad.

Según la Fiscalía, los acusados estaban obligados a cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, ya que el Parlament no es un "ente extraño al ordenamiento constitucional".

El hecho de que los acusados, al asumir el cargo de diputados, tuvieran que acatar la Constitución, no significa una "sumisión ideológica" a la Carta Magna, ha subrayado el fiscal, ya que existen mecanismos que permiten su reforma dentro de la legalidad. Pero los acusados no optaron por esta vía legal, según el ministerio público.

Por último, el fiscal ve "sesgada" y "equivocada" la versión de los acusados de la Mesa de que no podían entrar en el contenido de las iniciativas y sólo podían analizar los requisitos formales, porque entiende, como testificaron los letrados de la cámara, que cuando una iniciativa es "palmariamente inconstitucional", la deben vetar.