El ocio nocturno llevará a los tribunales el cierre del sector en Cataluña por considerar que la medida "no está justificada"
- "Deja en la más absoluta indefensión y ruina a las más de 35.000 empresas del sector y sus más de 37.000 familias"
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Las patronales del ocio nocturno Fecalon y Gremio de Salas de Discotecas de Barcelona y Provincia llevarán a los tribunales el cierre de discotecas en Cataluña ordenado por el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) para contener los brotes de coronavirus porque consideran que la medida "no está justificada".
En un comunicado conjunto, ambas patronales han denunciado que la medida "deja en la más absoluta indefensión y ruina a las más de 35.000 empresas del sector y sus más de 37.000 familias", y han acusado al Procicat de no haber estudiado ni contestado al plan de desescalada presentado por el sector "hace más de 20 días".
Asimismo, también han señalado que el Govern de la Generalitat provoca "indefensión e inseguridad jurídica" al no haber dado a conocer la resolución administrativa que ampara los cierres de locales.
Este viernes, el Procicat señaló que la situación epidemiológica en Cataluña "ha obligado a adoptar" estas "medidas especiales de contención" para frenar la transmisión del virus de la COVID-19.
Para la Generalitat cerrar el ocio nocturno "era de especial necesidad"
Ante esta situación, las patronales del ocio nocturno tampoco entienden que no se haya solicitado una ratificación judicial para el cierre al entender que existe una vulneración "de derechos fundamentales". Este cierre, afirman, provoca "perjuicios irreparables por haber adquirido las actividades los correspondientes suministros y servicios".
Por su parte, el delegado del Govern en Barcelona, Juli Fernàndez, tras la reunión que han mantenido este sábado la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, la de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Buch, con los alcaldes metropolitanos, ha subrayado que la decisión de cerrar el ocio nocturno "era de especial necesidad" y que ha habido un "consenso total" con los municipios en que era una medida que había que tomar.
Se trata, según ha indicado Fernàndez, de "una buena medida" porque son espacios en los que se acumula mucha gente "y en los que el cumplimiento de las medidas es más difícil de hacer".