La Audiencia Nacional juzgará por organización criminal y fraude a la excúpula de CDC en el 'caso 3%'

• La resolución pone fin a una investigación iniciada en 2015 sobre actuaciones irregulares en el Ayuntamiento de Torredembarra
• De la Mata indica que era una organización criminal estable y sostenida en el tiempo

El exgerente de CDC Daniel Osàcar (d), a su llegada a la Audiencia Nacional en 2019

El juez José de la Mata ha propuesto juzgar a los exgerentes de CDCDaniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó y al ex responsable jurídico de la formación Francesc Xavier Sánchez Vera, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, en relación con el cobro del denominado '3 %' a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña, la estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político "ilegalmente y en forma encubierta".

En el auto de pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional considera que los hechos son constitutivos de delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El magistrado, el mismo que ha procesado a la familia Pujol-Ferrusola, dirige el procedimiento, además de contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, contra la formación política CDC, el PdeCat, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica.

La resolución, en la que el juez describe la operativa desplegada por los investigados y a la que ha tenido acceso RTVE, pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Los tres escalones de la organización criminal

De la Mata señala que altos cargos del partido político CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político "ilegalmente y en forma encubierta".

En lo más alto de la organización, figuran Gordó, Osácar, Viloca y después se les uniría Sánchez Vera, quienes llevaban el control de las licitaciones públicas ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán bajo la esfera de CDC.

En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de esas administraciones y que, de acuerdo con los responsables de CDC, alteraron concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia los empresarios conniventes.

En el tercer escalón, se sitúa a los empresarios que se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

Todos los investigados, según argumenta De la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político.

Una organización criminal estable y sostenida en el tiempo

El magistrado subraya la trascendencia de esta organización sostenida en el tiempo, sistémica e inalterable a pesar de los cambios dentro de CDC: los ingresos del partido que tuvieron origen en sus fundaciones vinculadas significaron una fuente de financiación que supuso, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (ejercicios de los que se dispone información), una media del 11,5 % de la "financiación privada" del partido y de un 7,7 % en la financiación total (pública + privada).

El juez destaca la influencia que ejercían los responsables de finanzas del partido con los funcionarios, una relación con suficiente peso o fuerza para poder exigirles llevar a cabo determinadas actuaciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política.

En la resolución se destaca que la operativa se ha mantenido en el tiempo incluso después del caso Palau -sobre la financiación irregular de CDC-, por lo que los responsables del partido "no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante once años".

También aprecia una continuidad de esa actividad en el PDeCat, que en 2016 sustituyó a CDC, lo que le permite afirmar que lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, "se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente".

Procesa a otras 18 personas de la pieza Infraestructures de la Generalitat

En otro auto, de 146 páginas, el magistrado acuerda, en la pieza Infraestructures de la Generalitat vinculada al 'caso del 3 %', procesar a otras 18 personas físicas por organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Según el juez, ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña(ASINCA), configuraron durante los años 2008-2015 un cártel colusorio al que denominaron "Nuria Bofill", para pactar los precios que utilizarían al concurrir a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas en Cataluña

El magistrado de la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que presenten su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.