La Corte Suprema de Colombia ordena la detención domiciliaria del expresidente Uribe

• "Me causa profunda tristeza", ha escrito Álvaro Uribe en Twitter donde ha anunciado su detención
• La causa tiene relación con una investigación judicial por presunto fraude procesal y soborno de testigos

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe durante un acto el 20 de mayo de 2018 en Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, en un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos que le enfrenta al opositor Iván Cepeda Polo desde 2012.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe en Twitter, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

Este mismo martes, congresistas de la oposición colombianos denunciaron la "campaña" de presión a la Corte Suprema de Justicia por parte del Gobierno y del partido Centro Democrático en defensa del expresidente, en referencia a las denuncias judiciales que arrancaron hace ocho años aunque Álvaro Uribe mantiene otras causas abiertas.

El senador izquierdista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que "desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas".

Duque lamenta que "no se le permita defenderse en libertad"

El presidente colombiano, Iván Duque, ha lamentado este martes que a su mentor, el exmandatario y senador, Álvaro Uribe, "no se le permita defenderse en libertad", mientras que a criminales se les garantice el no ir a prisión.

"Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", dijo Duque en una declaración.

El presidente había criticado en mayo del año pasado la decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a alias "Jesús Santrich", exjefe de la antigua guerrilla de las FARC que había sido detenido por narcotráfico y semanas después de recuperar su libertad retomó las armas para fundar una disidencia con alias "Iván Márquez".

Ante la decisión de la Corte, el presidente Duque ha hecho un llamado "a la reflexión" y ha asegurado que entiende "el papel de las instituciones y la independencia de poderes".

"Como ciudadano y creyente en las instituciones espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad", ha añadido Duque.

Denuncias cruzadas durante ocho años

El caso que enfrenta a Uribe y Cepeda comenzó en 2012 cuando el primero demandó por supuesta manipulación de testigos al segundo, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en contra de Uribe al que vinculaba con un grupo paramilitar, proceso que acabó volviéndose en contra del expresidente que gobernó Colombia de 2002 a 2010 y que se ha convertido en el primer mandatario del país del que se ordena detención.

El magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda, uno de los más enconados críticos de Uribe.

La Corte Suprema escuchó en octubre del año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con base en las cuales decidió este martes ordenar su detención domiciliaria.

Uribe responde al proceso penal en la Corte Suprema porque por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a los expresidentes.

Maduro le compara con Al Capone: "Lo detuvieron por un delito menor"

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha comparado este martes al senador y expresidente colombiano con el gánster estadounidense de los años 20 y 30 Al Capone y dijo que, al igual que este, el líder del Centro Democrático fue detenido por "un delito menor".

"Hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias 'El Matarife', precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo", ha indicado Maduro en un acto por los 83 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) transmitido por la televisión pública VTV.

"Como en el caso de Al Capone, lo están agarrando por un delito menor", ha añadido el presidente venezolano, al tiempo que acusó a Uribe de ser "pieza clave" en la operación del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gavidia. "Por el narcotráfico cuántos años, cuántas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez", ha insistido Maduro.

Maduro también ha defendido que el paramilitarismo y el narcotráfico" se tomaron el Palacio de Nariño en Colombia" y ordenó a los militares venezolanos prepararse "cada vez más" para defender el país.

En ese sentido, ha adelantado que la próxima semana fundará la Superintendencia Nacional Antidrogas "para darle un nivel superior" a la lucha contra los narcóticos en Venezuela. Según ha especificado, este ente tendrá la tarea de planificar "la lucha estratégica contra el narcotráfico colombiano" siempre que use el territorio venezolano.

Madres de víctimas de "falsos positivos" esperan justicia

Las Madres de Soacha, que hace más de una década esperan que el expresidente colombiano responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos", han señalado este martes que la orden de detención en su contra es una "gran avance de la justicia".

Pese a que los casos no tienen relación, las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) aseguraron que la decisión de la Corte Suprema las llena de "esperanza" tras más de diez años en los que han denunciado "total impunidad".

"Para nosotros fue una gran felicidad esa noticia y obviamente el clamor que tenemos ante la justicia colombiana es que también se siga avanzando sobre el caso de los falsos positivos", dijo a Efe Jackeline Castillo, una de las integrantes de MAFAPO.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos", ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que se incrementaron durante el Gobierno de Uribe.

Los militares reclutaban a los jóvenes, incluso discapacitados, con falsas promesas de empleo y los conducían a otros lugares del país para asesinarlos y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores por sus supuestos resultados en la lucha contra la guerrilla. Muchos de los jóvenes asesinados era oriundos de Soacha, municipio en las afueras de Bogotá, y de ahí el nombre de la asociación.