HRW pide una investigación internacional independiente sobre la explosión de Beirut

• La ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) alega falta de confianza de los libaneses en el Gobierno
• La investigación internacional deberá determinar las causas y responsabilidades para evitar que se repita

Imagen tomada desde el interior de un edificio dañado en la que se muestra el área del puerto destruida como consecuencia de la explosión.

La organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha solicitado este jueves una investigación independiente con expertos internacionales sobre la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el pasado martes que ha causado al menos 137 muertos y 5.000 heridos.

“Dados los repetidos fracasos de las autoridades libanesas para investigar errores serios del Gobierno y la falta de confianza de la población en las instituciones de gobierno, se debería garantizar una investigación independiente con expertos internacionales", señala la organización en un comunicado.

“El nivel de devastación en Beirut es incomprensible y las autoridades responsables deberían responder", ha indicado la investigadora para el Líbano de la organización Aya Majzoub.

El pasado martes la deflagración de cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hacía años en el puerto, según el Gobierno, provocó una devastación de enormes proporciones.

La onda expansiva afectó a edificios y viviendas en varios kilómetros a la redonda, y ha causado daños que autoridades locales calculan de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

Sin injerencias políticas

La investigación debería determinar las causas y responsabilidades por la explosión y recomendar medidas para asegurar que algo así no vuelve a suceder, dice HRW.

Además, HRW considera que los expertos internacionales y la financiación internacional son "esenciales para garantizar que la investigación no sufre injerencia política y las víctimas reciben el apoyo que necesitan".

Beirut, una capital devastada por la explosión.

Señala que la decisión del Gabinete de Gobierno de poner bajo arresto domiciliario a los funcionarios del puerto encargados de vigilar y custodiar el cargamento que explotó desde 2014 no deja claro los cargos que afrontan o si se dará un debido proceso a los investigados.

Por otra parte, la organización llama a las autoridades a garantizar a los afectados por el suceso una vivienda adecuada, alimentación, agua y atención de salud, con una distribución "justa e imparcial" de la ayuda.