Montero subraya que no hubo consenso, ni negociación entre el Gobierno y Zarzuela en la salida del rey emérito

• Asegura que la Casa Real ha tomado sus propias decisiones y se la trasladó al presidente del Gobierno
• Avanza que habrá cambios fiscales que negociará con los partidos y que se subirá el techo de gasto

Montero: "No hubo consenso ni negociación, la Casa Real tomó sus decisiones"

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que "no ha habido consenso, ni negociación" entre el Gobierno y Zarzuela sobre la salida de España del rey emérito y ha explicado que Casa Real ha tomado "sus propias decisiones" y se las ha transmitido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en los despachos privados habituales.

En una entrevista con Efe y a la pregunta de por qué no se han compartido esas conversaciones con el PP, Montero ha argumentado que don Juan Carlos ya no está al frente de la jefatura del Estado, y por tanto su vida privada o los asuntos que surjan relacionados con su persona "no forman parte de las cuestiones de país que el presidente de Gobierno despacha con el resto de líderes políticos". Con este argumento, ha salido al paso de las críticas de los populares.

Y sobre los reproches de Unidas Podemos por no haber sido parte de esta interlocución, Montero se ha limitado a contestar lo que ya dijo Sánchez, que no ha trasladado esa información al "interior del Gobierno" porque "los despachos privados con el jefe del Estado no se comparten".

La también ministra de Hacienda ha subrayado que, "desde el primer día, el Gobierno saludó cualquier iniciativa que la Casa Real pudiera poner encima de la mesa en relación con la transparencia y la rendición de cuentas".

El desencuentro con Unidas Podemos

Montero ha recordado que, como apuntó el Tribunal Supremo, don Juan Carlos no está imputado y ha reprochado que algunos, en alusión al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hablen de la "huida" del rey emérito "como si fuera un prófugo de la justicia", cuando el abogado de la Casa Real ya aclaró "que está a disposición de la justicia para cualquier cuestión".

Y sobre el debate monarquía-república, Montero ha zanjado la polémica alegando que la apuesta del partido mayoritario que sustenta al Gobierno es el "pacto constitucional, que ha tenido réditos muy importantes en materia democrática y económica" y que como partido mayoritario "tienen la palabra".

Sobre el desencuentro con Unidas Podemos a raíz de este asunto, la ministra le ha restado importancia y ha garantizado que el Gobierno está "muy satisfecho" y "muy cómodo" con la alianza.

Cambios fiscales y subida del techo de gasto

La ministra de Hacienda también ha avanzado que el departamento que dirige negociará con los partidos políticos los cambios fiscales que incluirán los Presupuestos de 2021, ya que tendrán que estar "acompasados" con la situación económica, por lo que podría retrasar algunas subidas de impuestos, aunque sí buscará la "progresividad".

Así, Montero ha explicado que, en materia fiscal, aunque el Ejecutivo sigue con la hoja de ruta marcada por el acuerdo de coalición, se acometerán novedades en dos velocidades. Y ha asegurado que Hacienda buscará el consenso político para acometer los primeros cambios tributarios y escuchará las propuestas de Ciudadanos respecto a cómo afrontar nuevos ingresos.

Asimismo ha explicado que el Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos y estará adaptado asimismo a la nueva situación económica derivada de la pandemia de coronavirus.

El objetivo del Gobierno es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-, lo que alterará el techo de gasto, para iniciar así cuanto antes la implementación de los proyectos.

Así, octubre se presenta como un mes "fundamental", en el que se enviará a Bruselas tanto el plan presupuestario para 2021 como un plan nacional de reformas que incorpore todos los proyectos que se financiarán con los recursos europeos.

Para incorporar los 140.000 millones del plan europeo Montero ve imprescindible contar con "unas cuentas actualizadas" que permitan "despegar al país", por lo que hace un llamamiento "a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo al Partido Popular" para que apoyen los presupuestos.

Junto con el presupuesto, el Gobierno actualizará sus previsiones macroeconómicas con los últimos datos disponibles, y a falta de conocer la evolución de la recaudación en el segundo semestre, la ministra prevé que el déficit público cierre este año "algo por encima" del 10,38% del PIB que se comunicó a Bruselas en abril.

Curso escolar

Por otro lado, Montero ha expresado su confianza en que el próximo curso escolar, que ya se está empezando a preparar, comience sin ninguna incidencia, ya que todo apunta a que los rebrotes están controlados y no se va a producir una segunda oleada de COVID-19. También ha insistido en que en la "hoja del ruta" del Gobierno no figura la aplicación del estado de alarma nuevamente en ninguna parte del territorio.

Y ha recordado que el Gobierno ha remitido a las comunidades 2.000 millones del Fondo Europeo de recuperación por la pandemia de COVID-19 para que "la puesta de largo del curso escolar en septiembre se haga con todas las condiciones de seguridad". Pero ha insistido en que las competencias educativas radican en las comunidades.

Sobre la mesa de diálogo con Cataluña, la ministra portavoz ha asegurado que el Gobierno tiene "disponibilidad absoluta" para que se celebre en agosto, pero se ha preguntado si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere que se reúna antes de las elecciones catalanas. Para la ministra, el conjunto de las formaciones políticas catalanas están ya en clave electoral y de ahí las dudas para convocar la mesa.

Montero ha expresado el convencimiento de que la solución al conflicto catalán pasa por el diálogo, pero ha insistido en que la posición del Gobierno de España respecto a las cuestiones que Torra plantea de forma recurrente y que tienen que ver con la autodeterminación o el referéndum, "es cristalina".