Diez alcaldes de ocho partidos pactan un documento contra el acuerdo de Hacienda y la FEMP

• Se trata de los alcaldes de Bilbao, Granada, Cádiz, Lleida, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Murcia y Zaragoza
• El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos y recurrirá el acuerdo entre el Hacienda y la FEMP al Constitucional

Diez alcaldes de ocho partidos pactan un documento contra el acuerdo de Hacienda y la FEMP

Diez alcaldes de ocho formaciones políticas han pactado este viernes un documento de rechazo al acuerdo de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que deja fuera del reparto de fondos a los ayuntamientos sin liquidez, y que remitirán a los regidores de capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes para que se sumen.

Tras una reunión telemática, los alcaldes de Madrid, Zaragoza y Murcia (PP), Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Granada (Cs), Reus (PdCat), Bilbao (PNV), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Pontevedra (BNG) han pactado un texto que ven como una "ofensiva municipal que no entiende de colores políticos" contra un acuerdo que, advierten, no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria.

Esta medida se une al anuncio por parte del PP y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que recurrirán al Tribunal Constitucional el acuerdo de Hacienda al considerarla "injusta" y que "deja en la estacada" a los más de 3.000 que tienen déficit. El partido de Pablo Casado ha asegurado también que presentará mociones en todos los ayuntamientos para bloquear su aprobación.

El documento será remitido a los ayuntamientos y a Montero

El documento será remitido como una carta a todos los alcaldes de capitales de provincia y de municipios de más de 100.000 habitantes para que lo suscriban, y se les invita a participar en una nueva reunión telemática a primeros de septiembre. También se enviará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quien los regidores promotores del documento quieren fijar una cita para que tenga constancia del desencuentro provocado entre el municipalismo.

Tras la reunión telemática el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado la autonomía local de los Ayuntamientos ante un convenio que "rompe en dos a la Federación Española de Municipios y Provincias, que no buscó el consenso sino la imposición y la incautación de los fondos de las entidades locales".

El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto del PNV, por su parte, ha expresado su absoluto compromiso con el documento si bien, ha dicho, no estampará su firma porque los ayuntamientos vascos no tienen financiación del Estado sino foral. No obstante, Aburto ha dejado claro que en la tramitación parlamentaria el PNV votará en contra del decreto-ley. Sí se va a sumar a la firma, pese a ausentarse de la reunión de esta mañana, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), con lo que serán nueve partidos diferentes los que se suscribirán al frente común contra el decreto-ley, ha confirmado Azcón.

Zaragoza podría quedarse fuera del reparto

El portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, quien ha coordinado el encuentro, ha comentado que en el documento contempla que los ayuntamientos puedan disponer libremente de sus ahorros y puedan gastarlos en lo que quieran "y no en lo que quiera el Gobierno". También exigirá una flexibilización de la regla de gasto e incidirá en la reunión con la ministra de Hacienda.

Azcón ha reiterado que el documento dejará constancia de que el acuerdo "no representa al municipalismo", "no soluciona los problemas reales que tienen los vecinos" y, en el caso de Zaragoza, ha recordado, que esta ciudad, la quinta de España por población, queda excluida del fondo de 5.000 millones de euros.

Los ayuntamientos de Vigo y de Ávila ya han criticado la posición de los 'populares'. "El acuerdo resuelve un problema que nos creó el PP con la ley Montoro, que nos impide gastar los remanentes [...] Que lo lleve al Constitucional es de broma", ha opinado al respecto el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Las mañanas de RNE - Caballero, sobre el acuerdo entre Gobierno y FEMP: "Resuelve un problema que nos creó la ley Montoro. Que el PP lo lleve al Constitucional es de broma" - Escuchar ahora

Mientras, la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Hacienda de Ávila, Ángela García Almeida, ha defendido que ellos también serán uno de los municipios que no podrán acogerse, pero por "la situación económica" que les ha dejado el PP. "Lamentablemente nos encantaría poder contar ese remanente disponible, pero la situación económica en la que ha dejado el Partido Popular al Ayuntamiento no lo permite", ha dicho.

El PP advierte de que los plazos son muy ajustados

Azcón también ha advertido de que si el decreto se tramita como proyecto de ley, los plazos serán tan ajustados que el dinero no llegará este año a las ciudades.

En el caso de que se derogue en la votación del Congreso, dado que de momento solo cuenta con el respaldo del PSOE, Azcón se ha preguntado "qué ocurre con los ayuntamientos que ya han transferido sus remanentes al Estado para recibir la parte que les corresponde los 5.000 millones de euros".

Los ayuntamientos que quieran acceder al fondo de 5.000 millones tienen hasta el 15 de septiembre para transferir sus ahorros al Estado y entrar así en las distribución del dinero. El real decreto-ley deberá convalidarse en los 30 días posteriores a su publicación en el BOE por lo que esta debería producirse, como muy tarde, a principios de septiembre.

Mociones en todos los municipios y recursos ante el Constitucional

La propuesta de Hacienda salió adelante el pasado lunes en la Junta de Gobierno de la FEMP con el único voto del PSOE, lo que dio lugar a un empate, que deshizo el voto de calidad del presidente de la Federación y regidor socialista, Abel Caballero.

El PP anunció un día después que recurrirá al Tribunal Constitucional el acuerdo entre el Gobierno y FEMP tras calificarlo de "apropiación, confiscación o robo", una herramienta que también será utilizada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

De esta forma, solicitará la reprobación del presidente FEMP por "no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución; no defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo; y provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa" un "consenso histórico".