El Gobierno trata de calmar a los ayuntamientos asumiendo el pago de los gastos financieros
- Hacienda asumirá el pago de los intereses a los bancos de los ayuntamientos que presten sus remanentes al Gobierno
- El BOE publica este martes las condiciones del préstamo voluntario de los remanentes que acordó el Ejecutivo con la FEMP
Hacienda asumirá el pago de los intereses que las entidades locales tienen que abonar a las entidades financieras por tener depositados sus remanentes, por lo que los ayuntamientos que presten estos ahorros al Gobierno se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.
El BOE ha publicado este martes las condiciones del préstamo voluntario de los remanentes que acordó el Ejecutivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la actualidad, los consistorios con remanentes pagan intereses a los bancos por tener depositados allí este dinero, unos intereses que ascienden hasta 70 millones de euros anuales. Sin embargo, con esta fórmula, Hacienda pretende que sea la Administración Central la que asuma ese coste.
La semana pasada la FEMP llegó a un acuerdo con Hacienda mediante el cual, las entidades locales se beneficiarían de un fondo presupuestario de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para 2021), siempre que pusieran sus remanentes a disposición del Estado, que podrá devolverlos en un plazo de 10 años a partir del 2022.
Además, se especifica que si se amplía hasta 2035 el plazo para la devolución de esos préstamos, el tipo de interés aplicado será superior al que tendrán los ayuntamientos que presten sus ahorros hasta 2030.
Este acuerdo motivó que diez alcaldes de ocho partidos distintos firmaran un documento de rechazo al pacto que deja fuera del reparto de fondos a los ayuntamientos sin liquidez. A estos alcaldes, se suma también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien anunció un recurso en contra del Ejecutivo por "quedarse" remanentes locales y el PP que recurrirá al Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local.
Un Real Decreto que deberá ser convalidado en el Congreso
El martes pasado, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, y que según el Ministerio de María Jesús Montero, permitirá que "las entidades locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir déficit público, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Constitución".
El acuerdo entre Hacienda y la FEMP contempla que el tipo de interés anual que se determine para los préstamos formalizados "no podrá superar el coste equivalente de financiación de la deuda del Estado".
Esta condición legal arroja un tipo de interés negativo para el préstamo a diez años. La resolución publicada este martes en el BOE establece que el préstamo con amortización lineal anual a diez años conllevará un tipo de interés del -0,192%, más favorable que el que las entidades locales deben pagar actualmente por tener sus remanentes en los bancos, que es del -0,50%.
En cualquier caso, Hacienda se compromete a asumir el coste financiero de la operación de tal manera que el reintegro a 10 años conlleve un tipo de interés del 0%.
Los ayuntamientos y el resto de entidades locales tienen hasta el 15 de septiembre para trasladar al Ministerio su "compromiso firme, vinculante e irrenunciable" de transferir sus remanentes de tesorería. Por su parte, el Gobierno se compromete a abonar los primeros 2.000 millones antes del 15 de octubre de 2020.
La FEMP defiende el acuerdo e insiste en que no es obligatorio acogerse
En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha defendido el acuerdo, que ha calificado de "bueno", pues servirá para sortear la Ley de Montoro de 2012, que "prohibía" a los ayuntamientos hacer uso de los remanentes.
Además, ha señalado que el acuerdo respeta la autonomía de los consistorios porque serán ellos los que decidan "si quieren ir por el sistema de remanentes, por el sistema de superávit o por los dos". Y ha insistido en que los préstamos no son obligatorios, ya que cada consistorio decidirá si se suma o no.
Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, ha denunciado este martes la "manipulación política" que, a su entender, el PP hace del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP.
En una nota de prensa, Sumelzo ha criticado el llamamiento de la dirección del PP a sus alcaldes para que no se sumen al acuerdo, aprobado la pasada semana por la FEMP y validado como decreto-ley en el Consejo de Ministros, y les ha advertido de que tomando esa decisión están "hurtando a los vecinos sus ahorros" y "restando a sus municipios" miles de millones en inversiones.
Varios partidos, en contra
Sin embargo, las críticas al acuerdo prosiguen desde diferentes partidos y ámbitos. El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha acusado al presidente de la FEMP de haber ejecutado la "mayor traición al municipalismo". Y más de un centenar de cargos locales del PPdeG se han concentrado ante el Ayuntamiento de Vigo en rechazo al acuerdo.
Desde Ciudadanos, reclaman al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda que rectifique y escuche a los Ayuntamientos y al resto de partidos para sacar adelante un documento consensuado. "No es justo que por vivir en un Ayuntamiento con superávit un ciudadano tenga más oportunidades que aquel cuyo municipio no cuente con ese remanente", han advertido fuentes de la formación de Inés Arriamadas.
Por su parte, Torra ha arremetido este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por este asunto: "¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente". "Adelante con el cierre de cajas municipales", ha proclamado Torra desde su cuenta personal en Twitter.
Según un comunicado de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los ayuntamientos que gobiernan no cederán los remanentes al Gobierno porque consideran que la propuesta del ministerio de Hacienda "vulnera la autonomía municipal y pone trabas a los gobiernos locales para gestionar sus recursos".