La jueza de vigilancia penitenciaria avala el tercer grado a tres presos del "procés", a la espera de lo que diga el Supremo

• Desestima los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad otorgado a Junqueras, Romeva y Sànchez
• La letrada mantiene suspendido el régimen abierto de los tres políticos presos hasta que se resuelvan las apelaciones

Oriol Junqueras en una imagen de archivo.

La jueza de vigilancia penitenciaria ha avalado el tercer grado que el Departamento de Justicia concedió a los exconsellers Oriol Junqueras y Raül Romeva y al exlíder de la ANC Jordi Sànchez, pero lo mantiene suspendido a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo

En sus autos, la titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Barcelona desestima los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad otorgado a Junqueras, Romeva y Sànchez, al entender que el Departamento de Justicia ha actuado "correctamente" al clasificarlos en tercer grado.

No obstante, mantiene suspendido el régimen abierto de esos tres políticos presos, hasta que la sala segunda del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra en la clasificación de los condenados por el "procés", resuelva sobre los recursos de apelación de la Fiscalía.

Hasta ahora, el Supremo solo ha tenido una ocasión de pronunciarse sobre la flexibilización penitenciaria de los presos del "procés" y lo hizo para revocar las salidas laborales que se autorizaron a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en virtud del artículo 100.2, que consideró "injustificable" puesto que a su parecer suponía un régimen de semilibertad "de facto".

Los siete presos de Lledoners disfrutaron apenas 15 días del tercer grado que el Departamento de Justicia les concedió el pasado 14 de julio, puesto que la juez de vigilancia suspendió sus salidas, a la espera de resolver sobre el fondo de la cuestión, después de que la Fiscalía así lo reclamara en sus recursos contra la nueva clasificación.

Los casos de Forcadell y Bassa

Por el contrario, los juzgados de vigilancia a quienes correspondía revisar el tercer grado de las dos mujeres encarceladas en Wad Ras y Puig de les Basses, Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, rechazaron suspenderles el régimen de semilibertad, mientras deciden sobre los recursos del ministerio público, que aún no están resueltos.

Los siete autos, que pueden ser recurridos ante la propia juez antes que al Supremo, sostienen que los presos de Lledoners reúnen los requisitos para pasar al régimen de tercer grado, puesto que admiten los hechos probados en sentencia y su responsabilidad en los mismos.

Además, la juez tiene en cuenta que los siete condenados han realizado en prisión programas y actividades de tratamiento con resultados "muy positivos" y que su riesgo de reincidencia y de quebrantamiento de la condena se mantienen bajos.

La juez afea a la Fiscalía que busque un "castigo ejemplar"

Además, la juez de vigilancia penitenciaria ha afeado a la Fiscalía que pretenda dar un "castigo ejemplar" a los presos del 'procés' con su oposición a todas sus salidas y beneficios penitenciarios y ha advertido de que es "decimonónico" plantear que se deban reconocer culpables y que su condena es merecida.

Así lo sostiene en los siete autos en que desestima el recurso de la Fiscalía y avala el tercer grado para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis, que no obstante seguirán en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva su situación.

En sus escritos, la juez concluye que la Fiscalía, con su oposición "a todo lo que pueda tener relación con salidas, clasificación y beneficios penitenciarios" de los condenados por el Supremo, busca dar un "castigo ejemplar" a los presos del 'procés'.

De hecho, considera "excesivamente persistente" la "negación total y absoluta" que la Fiscalía realiza respecto de los programas y actividades que los presos han seguido en prisión, hasta el punto de que ve "inaceptable" que haya pedido que se detalle el número de sesiones y horarios realizados, lo que "jamás ha sido planteado" para otros presos, "incluso en delitos muy graves con ejercicio de la violencia contra las personas con resultado de muerte".

La juez reconoce, como sostiene en sus recursos la Fiscalía, que los presos no han seguido ningún programa específico sobre el delito de sedición, pero ello ha sido, "lógicamente", precisa, porque la cárcel no dispone de un curso para ello, "dada su falta de antecedentes actuales e históricos".