La justicia obstaculiza la estrategia del Gobierno contra el virus y siembra incertidumbre en los sectores afectados

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Varias personas esperan en Móstoles (Madrid), para la realización de pruebas PCR.

La decisión judicial que ha tumbado en Madrid las medidas contra el coronavirus pactadas por unanimidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas supone un revés para los planes de las autoridades en esta fase de nueva normalidad, en la que los contagios y los rebrotes siguen aumentando, con más de 3.000 casos diarios notificados en las últimas jornadas. Además, el hecho de que los jueces contradigan a los políticos genera una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre en los sectores afectados.

El magistrado argumenta que las nuevas medidas -prohibición de fumar sin una distancia interpersonal de dos metros o el cierre del ocio nocturno, entre otras-, no han sido recogidas previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, expone, limitan los derechos fundamentales si no se aplican bajo un estado de alarma.

"No se entiende muy bien cuál es la razón por la que no se han ratificado las medidas", asegura en TVE el catedrático de Derecho Público Francisco Velasco, que explica que lo que ha hecho Sanidad es actuar como "foro de coordinación" para que las nuevas medidas fueran adoptadas por la autoridad competente, las comunidades autónomas en este caso. Por ello no ve justificado que el juez exija que antes sean publicadas en el BOE.

"Instrumentos distintos" al estado de alarma

Precisamente el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado este sábado en RNE que "si fueran generalizadas" situaciones como la que se han dado en la Comunidad de Madrid, el Gobierno tendría que "abrir otros escenarios" y, aunque no descarta volver al estado de alarma, considera que esta fase de la pandemia se combate con "instrumentos distintos".

Garzón opina que en algunos casos "entran en colisión" las medidas aprobadas con las interpretaciones de los jueces, que, a su juicio son "censurables". El ministro añade que aunque en algunos casos las medidas adoptadas se han caído por "defectos del procedimiento", en otros los jueces "interpretan la realidad anteponiendo otra serie de intereses".

La decisión del juez en Madrid llega en medio de un fuerte repunte de casos en la comunidad, que acumula una tercera parte de los nuevos detectados en toda España y ha recomendado no salir a la calle en las zonas más afectadas. También llega solo un día después de que el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, haya reconocido que "las cosas no van bien" en la lucha contra el virus.

Las herramientas legales

La de Madrid es solo la última de una serie de resoluciones en las que los jueces deciden limitar o anular la acción de los gobiernos autonómicos en su lucha contra la pandemia. Consideran que son restricciones que afectan a derechos fundamentales, y requieren, por tanto, de una declaración del estado de alarma, competencia reservada al Gobierno central. En otros casos no ven justificadas las prohibiciones de acuerdo con la situación epidemiológica.

El Ejecutivo ha insistido desde que terminó el estado de alarma en que el "papel preponderante" en este escenario corresponde a las comunidades autónomas, que están amparadas por la Ley de Salud Pública. Ya rechazó declarar el estado de alarma en Lleida, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 rechazó validar la resolución del Govern que ordenaba el confinamiento.

Ante estos reveses judiciales que tumban algunas de las medidas alcanzadas por los gobernantes, comunidades como Extremadura -donde la justicia tumbó poder limitar las reuniones-, Galicia o Castilla y León, han pedido al Ejecutivo central habilitar "herramientas" para actuar de forma rápida y eficaz contra el virus sin esperar a una autorización judicial.

El magistrado Ignacio González Vega explica a TVE que una vez que el juez ha anulado las restricciones, la comunidad autónoma puede optar por adoptar otras resoluciones que nuevamente tienen que pasar por la autorización judicial, o bien poner una serie de recomendaciones que no son de obligado cumplimiento.

Inseguridad jurídica de los sectores afectados

El sector del ocio nocturno ha denunciado la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran cuando las medidas de los ejecutivos autonómicos no son ratificadas por un juez. El portavoz de la Plataforma por el Ocio, Alberto Delgado, afirma que tras la decisión judicial en Madrid va a haber establecimientos que "van a abrir porque lo necesitan" y, aunque la situación epidemiológica no sea buena, saben que legalmente pueden hacerlo.

El caso de Madrid no es pionero. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón aceptó parte de las reclamaciones de dos asociaciones de hostelería y suspendió de forma cautelar el cierre a la 1:00 de los establecimientos para toda la comunidad, salvo en las comarcas que habían retrocedido a la fase dos. En Cataluña, el Govern dijo finalmente que acataría el auto del TSJCmás allá de medianoche. Pero en aquellos casos las decisiones partían de los gobiernos autonómicos. En el caso de Madrid, las medidas se hicieron por unanimidad con el Gobierno Central.

El catedrático Francisco Velasco considera que el auto del juez en Madrid "va a ser un caso aislado", y no cree que "se vaya a prodigar". Asegura que los autos que ha visto "bien argumentados" no van en ese sentido: "Creo que los jueces van a ratificar con carácter general todas las medidas siempre que la situación epidemiológica esté bien motivada".

La justicia anula las nuevas medidas contra el coronavirus en Madrid y siembra incertidumbre entre los sectores afectados

Las nuevas restricciones activadas a lo largo de esta semana por las comunidades autónomas y que han quedado en suspenso en Madrid, llegaban después de que las principales sociedades médicas alertaran de la "alta probabilidad" de un nuevo colapso del sistema sanitario y solicitaran nuevas medidas "coordinadas, rápidas y eficaces".

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que el Ministerio de Sanidad debe asumir el "mando único" respecto a la pandemia y que existen herramientas jurídicas alternativas al estado de alarma para conseguirlo, así como para limitar la movilidad de parte de la población si fuera necesario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió el pasado sábado al Gobierno que pilotara las nuevas medidas contra la pandemia para evitar una "catarata" de normativas. Tras saber que no han sido ratificadas en su región, ha señalado en Twitter que ya advirtió que "necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no". "La dejación de funciones expande la pandemia", añade la presidenta, cuyo Ejecutivo recurrirá el auto.

Ayuso pide al Gobierno una estrategia común para evitar "una catarata" de normativas