Qué sabemos de posibles denuncias contra padres, directores o profesores que suscriban los planes COVID-19 de los colegios

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En un vídeo publicado en Facebook se afirma que padres, directores, profesores y otros representantes de la comunidad educativa “no tienen derecho ni potestad de firmar” los protocolos que los colegios preparan con medidas contra la pandemia, y advierte de denuncias contra quien lo haga. Todas las instancias consultadas nos indican que esa idea es errónea.

El vídeo tiene más de 100.000 reproducciones y se ha compartido más de 6.000 veces. “Yo voy a ir contra cada una de las personas que vais a firmar ese protocolo que estáis inhabilitados para firmar, porque no tenéis la cualificación técnica ni de ningún tipo para firmar un protocolo sanitario”, dice su protagonista. Con el objetivo de denunciar, solicita que la gente le envíe tales protocolos firmados. “Yo voy contra personas con nombre y apellido que se atrevan a firmar un documento de prevención de riesgos laborales sanitarios en una época de pandemia con un virus que puede ser mortal para meter a los niños en un centro educativo”.

Entre las personas que estarían presuntamente involucradas en la aprobación de estos documentos se cita (refiriéndose al ejemplo de Andalucía) a “padre, madre, director, directora, jefe de estudios, maestro, y tres personas más, ayuntamiento, sanitarios y el que haga las funciones de coordinación de riesgos laborales”. “Ese documento tiene que estar aprobado por mayoría absoluta. Cada una de las firmas que aparezcan en ese documento las vamos a denunciar”.

Según la información recabada por VerificaRTVE, los protocolos o planes de contingencia que los centros escolares están elaborando para adaptar a su realidad las medidas generales contra la pandemia no se firman, sino que se debaten en el Consejo Escolar de cada colegio, y en todo caso se firman las actas de sus reuniones. Los consejos escolares pasaron de ser instituciones decisorias a consultivas con la LOMCE(2013), de modo que tampoco estarían decidiendo sobre la materia sino únicamente siendo consultados.

El Ministerio de Educación nos explica que “los padres no tienen que firmar ningún protocolo sanitario. Las normas de actuación las marcan las administraciones, sanitarias y educativas, y las aplican los centros. Lo único que deben firmar los padres es, o bien una declaración responsable de que se comprometen a cumplir con determinados requisitos (como no llevar al niño con fiebre o con síntomas, ponerle mascarilla, etc.), o bien un “enterado” que permita tener constancia de que se les ha informado de las normas que se van a aplicar. Cada Comunidad Autónoma decide qué fórmula emplea”.

En junio, el Ministerio de Educación aprobó una guía de medidas de prevención para centros escolares y la actualizó el 27 de agosto con 29 medidas y cinco recomendaciones alcanzadas con las CCAA . El punto 18 dice que los colegios “pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos a la entrada al mismo o una declaración responsable de los progenitores”.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía nos dicen con respecto al vídeo que “es falso todo lo que dice, entendemos que por puro desconocimiento. El protocolo al que alude es sólo de planificación y organización del centro. Las medidas de prevención como las de salud están recogidas en documentos al margen que envían a los centros tanto las consejerías de Salud y Familias como de Educación y Deporte, con el aval de técnicos de prevención de riesgos laborales y técnicos sanitarios”.

Desde ANPE, sindicato de profesores mayoritario en la enseñanza pública, se expresan en el mismo sentido. Ramón Izquierdo, su secretario de Acción Sindical, explica: “Las pautas mínimas me las manda la Administración, que las ha publicado ya para todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma (CCAA). Yo lo tengo que adaptar a mi centro educativo. Consulto a la comunidad educativa en el Consejo Escolar, porque allí están representadas las familias, el personal del centro, el Ayuntamiento, el alumnado (en el caso de centros de secundaria), etc. Tras la consulta, como equipo directivo elaboro ese plan, y se lo mando a la Consejería de Educación. Esta lo tiene que validar junto con Sanidad y el equipo de Prevención que tiene la propia Consejería para ver si se adecua o no. Y es la que da el visto bueno”.

José Cuadrado, secretario de Organización de ANPE en Andalucía, completa esa información con referencias a documentos específicos: “Nosotros defendemos la seguridad en los centros, pero es la Administración la que visa esos planes. Las mascarillas desde los 6 años, la distancia de 1,5 metros… Los centros no deciden nada de eso. La duda de en quién recae la responsabilidad de los protocolos en caso de contagio ya surgió entre la comunidad educativa, y la Consejería la disipó con un decálogo.

En el decálogo de la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía leemos que: “La elaboración del Protocolo de Actuación COVID-19 es un documento de medidas organizativas y en ningún caso se adoptan decisiones que exceden dicho ámbito. Por tanto, siempre se deben seguir las medidas y recomendaciones que determinen las autoridades sanitarias competentes en esta materia. La elaboración del citado protocolo es lo que da seguridad jurídica a los centros, equipos directivos y profesorado en general, así como a cualquier otro miembro de la comunidad que intervenga en el mismo”.

Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Red de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), cree que el vídeo “contribuye a la confusión, a la alarma, y contiene imprecisiones”. Según Pizarro, los documentos a los que hace referencia en realidad son “documentos de salud pública y se rigen por la legislación del Ministerio de Sanidad, que es quien coordina este tipo de documentación, no por la del Ministerio de Trabajo, como hacen los documentos de riesgos laborales. Y son de salud pública porque tienen un enfoque más amplio (trabajadores y trabajadoras, padres y madres, alumnado, docentes y personal no docente, que es también muy importante). Como los alumnos no son trabajadores, si fuera de riesgos laborales, el documento dejaría una parte fundamental sin cubrir”. Pizarro cree además que el coordinador COVID-19 o director del centro que se responsabilice del plan “no tiene que ser un delegado de prevención de riesgos laborales porque para eso ya existen otras instancias de seguridad, salud y prevención tanto en la educación pública como en la privada”.

Raimundo de los Reyes, presidente de FEDADI, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, afirma: “Entiendo que lo que firmamos en los centros educativos, como responsables de los mismos, son los planes organizativos de cara al curso, en los cuales se tienen en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones que recibimos, que este año incluyen los protocolos de medidas para protección de la salud, elaborados y firmados por los responsables de las distintas áreas de la administración, educativas y sanitarias. Por tanto, nosotros elaboramos planes de organización del centro, no protocolos sanitarios”.

Juan José Caballero, presidente de CONCAPA, la confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, rechaza que los padres que apoyen los planes de contingencia vayan a cometer alguna ilegalidad: “Ilegal no están haciendo nada”. No obstante, CONCAPA también señala que no han visto aún ninguno de estos protocolos (“todo son filtraciones”) y que van a recomendar a los padres no firmar la declaración responsable: “Si quieren que firmemos vamos a hacer firmar al centro otro papel que asegure que cumplen la normativa que imponen las autoridades y que están llevando a cabo correctamente las medidas de actuación contra la COVID-19. ¿Por qué tengo yo que llevarle a un centro si no sé si el centro cumple las medidas?”.

Javier Muñoyerro, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), expone: “Nos acogemos a las instrucciones que salen de las consejerías de Educación y Sanidad. Los 29 puntos del acuerdo son los que nos han pasado a los colegios y es sobre eso sobre lo que se trabaja. Los centros y su personal tenemos la obligación de establecer planes de contingencia, pero no estamos inventando nada, ni entramos en materia sanitaria. Sería una temeridad”.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), ha preferido no pronunciarse “sobre la opinión de una persona que busca notoriedad”. El protagonista del vídeo es Rafael Romero, presidente del “Instituto Andaluz para la prevención del Acoso Escolar” (es una asociación, no un instituto oficial), y entrenador y coach según su página de Facebook. Tras la aparición del vídeo, ha intervenido en varios programas de televisión defendiendo que la asistencia de los niños a los colegios sea voluntaria por las circunstancias de la COVID-19.

De acuerdo con los testimonios recabados, la idea de que padres, directores, profesores y resto de la comunidad educativa “no tienen derecho ni potestad” de firmar los planes de contingencia de los centros o que están inhabilitados para ello es engañosa. Combinada con la amenaza de denuncia, parece dirigida a alarmar, evitando que la comunidad educativa suscriba (en el sentido de apoyar) dichos documentos. El vídeo describe los planes erróneamente, pues no son documentos de riesgo laboral o protocolos sanitarios, y también confunde sobre su proceso real de atribución de responsabilidad y aprobación, que no incluye específicamente la firma.