Escrivá estima que el déficit de la Seguridad Social será del 2% del PIB en 2020

• Asegura que la crisis "no altera el diagnóstico" sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas es "transitorio"
• Aboga por incentivar la demora de la jubilación y desincentivar su anticipo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2 % del PIB , siete décimas superior al del año pasado.

Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones, en la que ha indicado que el diagnóstico realizado en febrero no ha cambiado con motivo de la crisis de la COVID-19.

Durante su intervención, Escrivá ha explicado que este porcentaje refleja el descenso de ingresos por el impacto del coronavirus así como el menor denominador sobre el que se calcula, es decir un PIB inferior para este 2020, y ha insistido en que la pandemia "no altera el diagnóstico" que el Gobierno tenía sobre la situación del sistema de pensiones, señalando que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social "es transitorio".

Sin embargo, ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación. Así, ha animado al Pacto de Toledo a llegar a acuerdos lo antes posible que "garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones" con el consenso de "mantener el poder adquisitivo".

Gastos extraordinarios de más de 14.000 millones

En su presentación, Escrivá ha augurado que el déficit de la Seguridad Social aumentará del 1,3 % de PIB en el que cerró en 2019 al 2 % del PIB este año como consecuencia principalmente de la caída del PIB y del retroceso "significativo" de ingresos, que se recuperará a partir del próximo año. También ha apuntado que el déficit para 2023 sería del 1,4 % del PIB, 20.185 millones.

Asimismo, ha precisado que este año se está produciendo una aportación extra del Estado para gastos extraordinarios por la pandemia de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por COVID y el ingreso mínimo vital.

Unas cifras, ha reiterado Escrivá, que reflejan en gran medida "gastos indiscutiblemente impropios" que, financiados de forma adecuada, permitirían eliminar ese déficit.

Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planas (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).

Reducirán las cotizaciones de autónomos que menos ingresan

Por otro lado, la Seguridad Social quiere terminar de reformar el régimen de cotización del trabajador autónomo (RETA) para que coticen en función de sus ingresos reales, lo que permitirá además, reducir su cuota por debajo de la mínima actual a aquellos que menos facturan.

El ministro ha abogado por ahondar en la plena equiparación de sus derechos y obligaciones con los del Régimen General. La cotización por tramos de los autónomos es "anómala y singular", ha dicho, quien ha añadido además que lleva a que "un elevado porcentaje termine teniendo pensiones muy bajas".

Escrivá ha avanzado que su departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el tiempo y sin que genere distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa.

Asimismo, implementará una estrategia por tramos que conlleve que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones."Pensamos que es algo a lo que se puede dar respuesta de una forma relativamente inmediata", ha indicado.

Incentivar la demora en la jubilación

En su análisis, Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16 % del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4 %, en la media. El gasto en pensiones en España es del 10,9 %, frente a la media del 12,4 % del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".

En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.

Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2 %, ha precisado.

Además, ha abogado por crear desde la Administración planes colectivos de pensiones de carácter abierto, así como diseñar un nuevo incentivo fiscal que impulse estos planes -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales. El ministro se ha comprometido a impulsar este modelo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable de los individuales, "sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones".

De esta forma, ha asegurado, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión de estos instrumentos, beneficiando además a las rentas medias y bajas, incorporando a jóvenes.