El Parlament de Cataluña aprueba la ley que limita el precio de los alquileres

• La ley propuesta por JxCat, ERC, la CUP y los 'comunes' ha salido adelante con 71 votos a favor y 63 en contra
• El texto regula la subida de precio cuando supere el 30 % de los ingersos medios y se aplicará en 60.000 municipios

Cataluña, primera comunidad que limita los alquileres

El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles la limitación del precio del alquiler en 60 municipios alquilercatalanestras un acuerdo alcanzado entre el Sindicat de Llogaters, ERC, Catalunya En Comù y la CUP con JxCat. Con 71 votos a favor y 63 en contra, la ley ha salido adelante pese a la oposición del PDeCat, que por primera vez ha votado de forma diferente a JxCat. Ciudadanos, el PSC-Units y el PP tampoco han apoyado el texto.

La ley obligará a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas declaradas como "mercado de vivienda tenso" de las 60 ciudades con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", esto es, aquellos que ingresen menos de 2.000 euros al mes.

El principal obstáculo en las negociaciones en las últimas horas se había centrado en la definición del pequeño propietario, que se excluye de la limitación del precio del alquiler. Según el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet se ha logrado poner "unas bases óptimas para defender al pequeño propietario".

Límites en zonas con "tensión" residencial

El Sindicat de Llogaters asegura que la iniciativa beneficiará a cinco millones de personas. Con ella, se pretende facilitar el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas para los catalanes según el Centro de Estudios de Opinión.

La ley catalana quiere acabar con la "pesadilla" que para muchos supone la renovación de un contrato de alquiler: en las zonas con tensión residencial no se podrán incrementar las mensualidades e incluso se tendrán que bajar si están por encima de la media de alquileres de la misma zona. En el caso de las viviendas que se alquilen por primera vez, el precio se tendrá que ajustar al índice fijado por la administración para cada zona.

Se considerarán "áreas con un mercado de vivienda tenso" las que cumplan uno de estos tres requisitos: que el precio de los alquileres presente un crecimiento sostenido notablemente superior a la media catalana, que los arrendatarios tengan que destinar más del 30 % de sus ingresos a pagar las mensualidades, y que el precio del alquiler haya subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Y es que, en ciudades como Barcelona, las cuotas que afrontan los inquilinos se han disparado un 40 % en los últimos cinco años y a principios de año, según datos de la Generalitat, el precio medio de los nuevos contratos superó por primera vez los 1.000 euros, un precio que ronda el sueldo de la mitad de los menores de 30 años que viven en la capital catalana.

Cs, PSC y PP, contra una ley "electoralista e inconstitucional"

Ciudadanos, el PSC y el PP han votado en contra de una ley que califican de "electoralista" e "inconstitucional", ya que un organismo consultivo de la comunidad ya ha advertido de que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales. De hecho, se desconoce si acabará suspendida en el Tribunal Constitucional. En el caso de la primera ruptura de la disciplina de voto de JxCat, los cuatro diputados han argumentado que la ley no protege al "pequeño propietario" ni incentiva la oferta.

Más de 4.000 entidades de la comunidad aprueban la ley, si bien su aprobación no ha sido fácil. Junts per Catalunya la enmendó pocos días después de haberla firmado y el acuerdo para salvarla se ha alcanzado apenas horas antes de la votación. Además, el Consell de Garantías Estatutarias sostiene que varios artículos vulneran la Constitución, por lo que no está claro el futuro de la norma.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez decidiese impugnar la ley, esta quedaría suspendida de inmediato una vez se admita a trámite el recurso. Pero si quien recurre es un grupo parlamentario, la norma seguirá en vigor hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. A pesar de la incertidumbre, los partidos impulsores han destacado la jornada como "histórica", mientras que el resto de formaciones consideran que es una mera gesticulación.