El Congreso tumba el decreto del superávit municipal en la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno
- La ministra María Jesús Montero reconoce el trabajo de la FEMP pese a no haber logrado convencer a los grupos
- Unidas Podemos avanzó su voto a favor y el PP, junto al resto de la oposición, ha votado en contra
El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha cosechado la primera derrota parlamentaria de la legislatura, al tumbar el Congreso la convalidación del decreto por el que los ayuntamientos podían ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado. El Ejecutivo solo ha sumado 156 votos, frente a 193 noes, sin abstenciones.
Ha sido la crónica de una derrota anunciada, con toda la oposición en contra y solo con los apoyos de su socio de gabinete. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumía en los pasillos del Congreso, antes del debate, que no había logrado convencer al resto de los grupos con la última oferta de que el 60% del fondo se repartiese en función de la población del municipio, en lugar de su aportación de remanentes.
Montero es la tercera titular de una cartera ministerial que tiene que pasar por este mal trago en los últimos años. Hasta ahora solo los ministros de Fomento habían cosechado el rechazo de la cámara: el popular Íñigo de la Serna con el decreto de la estiba y José Luis Ábalos con el de los alquileres. En 2006, 30 diputados socialistas votaron en contra por error de un decreto del tabaco y en 1979, se tumbó la prórroga de la junta de acuartelamiento.
Al conocer la derogación del decreto, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "la votación es un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno".
En la tribuna de oradores, Montero ha querido defender el gran trabajo realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha sostenido que el acuerdo alcanzado con este organismo también tiene "legitimidad democrática".
Montero justifica el decreto
La titular de Hacienda ha justificado el decreto porque los ayuntamientos no pueden disponer de sus remanentes sin incurrir en déficit, ha explicado que, al estar depositados en las entidades financieras, a los consistorios les cuesta dinero por los tipos negativos, unos 70 millones de euros al año.
Ha admitido que se trata de una "solución compleja porque el problema lo era" pero permitía actualizar los entregas a cuenta de los ayuntamientos y conseguir que no hubiera "falta de recursos" en los consistorios. Además "el Estado no necesita el dinero de los ayuntamientos" porque este país "es solvente para los inversores extranjeros".
Desde el PP han votado en contra, al criticar que se impone "un corralito a los ahorros públicos del los ayuntamientos" que los ceden durante 15 años a cambio de un fondo que supone un tercio de los remanentes de tesorería y que el decreto fue aprobado con "agosticidad y alevosía". Tampoco han aceptado que se tramite como un proyecto de ley y se retrase su aprobación varios meses por lo que reclamaban un nuevo real decreto.
Montero ha reprochado a los populares que su posición estaba prefijada, defendía que ha habido contactos con el grupo parlamentario del PP para abordar el real decreto y que "han estado negociando hasta el último minuto".
Sin embargo, tanto la ministra como la diputada socialista Patricia Blanquer, han subrayado que no habrá una segunda oportunidad, aunque Montero "toma nota" para que la voluntad de los consistorios pueda escucharse. Ha recordado a los grupos que deben presentar una alternativa y no limitarse a pedir al Gobierno que proponga otra cosa.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido otra propuesta, en lo que han coincidido el PNV, Más País, Compromís, JxCat, ERC o Cs. "Se aprende más de las derrotas que de las victorias", ha espetado Joan Baldoví, de Compromís. Muchos portavoces han instado a la ministra a separar los distintos elementos del decreto y renegociarlo para que pueda ser convalidado.
Podemos, a favor
Esta mañana, Unidas Podemos anunciaba su voto a favor del decreto ley. El secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha apoyado la creación de un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido, en un mensaje en Twitter.
Ante el rechazo a que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Estado para poder usarlos, Hacienda ofreció liberar la mayor parte de ese fondo prometido, un 60%, para distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tras la rebelión de los ayuntamientos que pedían un fondo de emergencia como el de las comunidades autónomas, sin tener que ceder sus fondos.
Los alcaldes de más de 30 grandes municipios, incluyendo capitales como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Cádiz, firmaron un manifiesto en el que abogaban por repartir un fondo de 5.000 millones en función de la población
De haberse convalidado el decreto con el acuerdo de la FEMP, hubiera permitido a los ayuntamientos eludir la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada por el PP) y usar sus remanentes para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus.
A las puertas del Congreso, alcaldes del PP, entre los que estaba el regidor madrileño, expresaban su esperanza en que el Ministerio de Hacienda acabe presentando un nuevo decreto municipal y no se tome la "revancha" con los ayuntamientos.