La justicia belga aplaza la decisión sobre la entrega a España del rapero Valtònyc
- España reclama al rapero por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona
- Bélgica consulta al Constitucional si sus palabras están amparadas por la libertad de expresión
El Tribunal de Apelación de Gante aplaza su decisión sobre la entrega a España del rapero Valtónyc para consultar al Tribunal Constitucional de Bélgica con el fin de determinar si las injurias a la Corona por las que le reclama España entran dentro de la libertad de expresión.
La justicia belga tenía previsto decidir este martes sobre la extradición del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, a quien España reclama por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de víctimas, otro de calumnias e injurias graves a la Corona y un tercero de amenazas, confirmados por el Supremo.
El Tribunal Constitucional de Bélgica analizará si los insultos contra el monarca emérito están amparados por la ley belga. El 3 de diciembre habrá una primera vista, si bien la defensa del rapero mallorquín ha señalado que puede llevar entre seis meses y un año que se pronuncie el Constitucional belga.
"Tenemos en Bélgica una ley de 1800 en la que es un delito insultar al Rey. El Tribunal de Apelación pregunta al Constitucional si esta ley quiebra la libertad de expresión y de derechos fundamentales", ha señalado Simon Bekaert, abogado del cantante mallorquín.
Optimismo de su abogado
Aunque esto ralentiza la conclusión del caso, el abogado se ha mostrado optimista al recordar que hay jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos en esta dirección, corte que ya rechazó el recurso de amparo de su defendido.
"Es una opción que teníamos prevista. Está bien que pase esto, los Borbones cada semana que pasa lían alguna. Todos los argumentos que podamos tener delante del tribunal belga para defender que lo que dije no es una mentira, es una vía que podemos explotar", ha señalado Valtònyc en declaraciones a la prensa. Ha señalado que cuantos más tribunales le den la razón, más argumentos tendrá para acudir a la Justicia europea.
La Justicia española reclama a Valtònyc tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Su entrega fue rechazada hace dos años en primera instancia. Sin embargo, su caso se prolongó porque la Fiscalía recurrió esta decisión y el procedimiento quedó paralizado por la crisis del coronavirus.
El rapero huyó de España en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La decisión puede recurrirse
En cualquier caso, la decisión en la instancia de apelación puede recurrirse por cualquiera de las dos partes en ante el tribunal de casación, aunque en esta ocasión el juez ya no entraría a evaluar el fondo de la cuestión, sino los detalles de Derecho.
A la salida de la vista, Valtònyc dijo que el nuevo aplazamiento es una opción que "tenían prevista" y consideró positiva esta decisión porque prefiere contar con "todos los argumentos que podamos tener a favor delante del tribunal belga". Ha añadido que "no le importaría demostrar que tanto la Audiencia Nacional como el Constitucional españoles" son "incompetentes".
El Tribunal de Gante ya había preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si España hizo bien al emplear para reclamar su entrega el código penal de 2015, que prevé penas más duras que el de 2012, cuando se produjeron los hechos por los que está acusado.
Código penal de 2012
Luxemburgo determinó que se debía usar la versión de 2012 para decidir sobre la entrega, lo cual implica que España no debió aplicar la ley de manera retroactiva para solicitar la extradición.
La condena más leve no es suficiente a priori para que Bélgica entregara de forma automática al rapero, ya que la normativa de la euroorden prevé que los delitos que garantizan ese extremo deban ser castigados con una pena de al menos tres años en el Estado miembro emisor de la solicitud, una condición que no se cumple en este caso.
El artista debería haber entrado en prisión en España antes del 24 de mayo de 2018, pero tras varias semanas en paradero desconocido reapareció en julio de 2018 en Bruselas.
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