Torra pide su absolución por "falta de imparcialidad" y descarta convocar elecciones antes del fallo del Supremo

• El Supremo ha celebrado este jueves una vista sobre el recurso de Torra contra la condena de año y medio de inhabilitación
• De confirmarse su inhabilitación, Torra estaría condenado por sentencia firme y debería abandonar su cargo como 'president'

Torra pide su absolución por "falta de imparcialidad" y por considerar que fue condenado por un "acto político"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que sería una "irresponsabilidad" que el Tribunal Supremo ratificase su condena a un año y medio de inhabilitación en "en mitad de una pandemia" y ha descartado convocar elecciones antes de la decisión del Alto Tribunal: "No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña".

Torra se ha pronunciado así después de que su defensa haya solicitado ante el Tribunal Supremo su absolución, argumentando la "falta de imparcialidad" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le inhabilitó por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta en periodo electoral y le condenó a una multa de 30.000 euros.

Durante la vista de este jueves, la los magistrados del Supremo Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo, Vicente Magro y Antonio del Moral han escuchado los argumentos de la Fiscalía, de la acusación popular ejercida por Vox y de la defensa de Torra sobre el recurso planteado por el 'president'. Cada parte ha tenido 20 minutos para exponer sus razones y Torra, que ha llegado acompañado por otros líderes independentistas, no ha intervenido ya que ha acudido como público.

El Supremo tiene ahora un plazo de diez días para decidir si ratifica la condena del TSJC. De ser así, Torra ya estaría condenado por sentencia firme y debería abandonar de inmediato su cargo de presidente. Sin embargo, aún le quedará la opción de promover un incidente de nulidad y recurrir ante el Tribunal Constitucional.

El futuro de Torra y de la Generalitat de Cataluña, en manos del Supremo

En cualquier caso, el presidente catalán ha asegurado que está dedicado por completo a combatir la pandemia y ha asegurado que, "si el Estado llega a la irresponsabilidad más absoluta" inhabilitándole y priorizando "una pancarta" a la crisis sanitaria y económica, "solo habrá un culpable, él mismo", tras lo que ha descartado convocar elecciones antes del fallo del Supremo.

Para él, su eventual inhabilitación constituiría "un castigo a todo un país en medio de una pandemia" porque se provocaría la caída del Govern.

"Estamos ante una actuación judicial absolutamente desproporcionada y carente de cualquier sentido de justicia", ha criticado Torra, quien ha precisado que el Supremo aún está a tiempo de "corregir" un proceso judicial "aberrante y esperpéntico".

Torra descarta convocar elecciones y acusa al Estado de "paralizar" Cataluña

La defensa dice que Torra fue tratado como "minoría nacional"

El primero en intervenir en la vista ha sido el abogado de Torra Gonzalo Boye, quien ha denunciado la “vulneración” de los derechos del presidente catalán y ha criticado la “parcialidad” de la Junta Electoral Central y de las salas del TSJC que le condenó. Además, ha vuelto a insistir en que Torra desobedeció una orden que era "ilegal" ya que la JEC no tenía competencia para ello. A su vez, ha criticado que Torra fue tratado como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta".

“La Junta Electoral Central no era la autoridad competente para emitir órdenes contra el president de la Generalitat, Quim Torra. No lo era según una sentencia del Tribunal Supremo del 2013", ha asegurado Gonzalo Boye.

"También creemos que se ha vulnerado la libertad de expresión porque consideramos que hacer una crítica por vía de una pancarta es un acto político. Además, entonces gozaba de inviolabilidad por ser miembro parlamentario", ha proseguido el abogado.

La defensa también ha argumentado que a Torra se le dio un trato distinto como "minoría nacional" y se ha remitido en su argumento al artículo 2 del tratado de la UE.

La Fiscalía y Vox niegan que se le condenara por un "acto político"

Por su parte, la fiscal Pilar Fernández Valcarce ha defendido que la pancarta con los lazos "es una actividad administrativa en un marco de actuación política, como es un proceso electoral", pero no se puede tildar esa actuación de política. Además, ha segurado que dicho proceso electoral atribuye a la Junta Electoral la competencia para resolver las reclamaciones establecidas en la ley electoral", las cuales "obligan a revisar, neutralizar y sancionar" acciones como la de Torra.

También ha considerado "inasumibles" las reiteradas acusaciones de parcialidad de la defensa a los miembros de la JEC, al instructor de la causa y a los magistrados del TSJC "que no es sino un ejemplo de la adaptación que la parte hace del derecho" que "la estira y la adaptar a su conveniencia, algo legitimo pero inasumible".

Marta Castro, que ha representado a la acusación popular ejercida por Vox, ha coincidido en que no se está juzgando un “acto político” de Torra sino su “deber” de preservar la neutralidad en periodo electoral. En este sentido, ha dicho que con Torra "no hay ninguna discriminación".

Castro ha asegurado que "la libertad de expresión no es un derecho ilimitado" y ha añadido: "Entendemos que el recurso deberá ser desestimado radicalmente". Por último, ha pedido que se desestime "radicalmente" el recurso de Torra porque con su acción demostró "una falta de observancia de todas las normas, incluso de la Constitución", por lo entiende que es una "aberración" pretender ampararse en la libertad de expresión y los derechos políticos.

El independentismo habla de un "atropello democrático"

El presidente de la Generalitat ha entrado al Supremo acompañado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la consejera de Presidencia catalana, Meritxell Budó, quienes también han asistido como público, y arropado por los portavoces JxCat y ERC en el Congreso, Laura Borrás y Gabriel Rufián.

El Gobierno recuerda a Torra que nadie está por encima de la ley

En este sentido, Rufián ha dicho ante los medios que la condena contra Torra "atenta contra el independentismo" y contra los "derechos más básicos" de la persona que ostenta "el más alto cargo en Cataluña" porque, según ha indicado, antes de que conocerse la sentencia del Supremo se puede "intuir" que "se va a inhabilitar a una persona simplemente por una pancarta a favor de la libertad". En este sentido, ha pedido evitar "reproches" y "reforzar las instituciones".

Borrás, que también ha atendido a los medios de comunicación, ha afirmado que la condena "por pedir la libertad de presos políticos y el retorno de los exiliados" durante una campaña electoral es el "atropello democrático más grave que se ha vivido en la Europa occidental". Asimismo, ha solicitado al Gobierno "voluntad política" para resolver el conflicto en Cataluña.

La visión del Gobierno es otra. En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha recordado que "nadie está por encima de la ley" y ha advertido de que un presidente inhabilitado no podrá sentarse en la mesa de diálogo con Cataluña.