Día clave para el futuro político de Torra: el Supremo revisa su inhabilitación por desobediencia

• Torra fue condenado por el TSJC a año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por desobediencia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en el Palau de la Generalitat.

El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista en la que estudiará el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia.

En concreto, Torra fue condenado por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar a tiempo en periodo electoral cuando los comicios generales del 28 de abril de 2019 del Palau de la Generalitat una pancarta y unos lazos amarillos en favor de los políticos independentistas presos por el 'procés'. Sin embargo, al no ser una sentencia firme, la condena no implicó que fuera apartado de su cargo.

El Alto Tribunal tiene que decidir ahora si confirma la inhabilitación, tal y como solicita la Fiscalía que considera que no debería admitirse el recurso de Torra, pues su decisión de no quitar la pancarta y los las amarillos fue "contraria a las exigencias de neutralidad en periodo electoral que también obligan al presidente de la comunidad autónoma". Por el contrario, Torra ha pedido que se revoque la condena.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal no tiene previsto adelantar el fallo al término de la vista, sino que todo apunta a que se hará público una vez se dicte la sentencia.

En caso de rechazar el recurso, y seguir el criterio de la Fiscalía, la sentencia del TSJC ya sí que sería firme y será ejecutada de inmediato, aunque a Torra le quedará la opción de promover un incidente de nulidad y recurrir ante el Tribunal Constitucional.

La vista

En la vista, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo, Vicente Magro y Antonio del Moral escucharán los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Torra, quien estará sentado entre el público, pero que no intervendrá, pues solo sus abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal pueden hacerlo.

Los letrados del presidente de la Generalitat invocarán el derecho a la libertad de expresión y alegarán la "desproporción" que supondría una condena que implica el cese de un presidente autonómico por el hecho de negarse a retirar una pancarta, en un legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

Además, pedirán al tribunal que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales -entre ellas si es posible la inhabilitación del presidente catalán para concurrir a elecciones europeas y si su cese por negarse a condenar una pancarta es una medida proporcional-, en cuyo caso cree que el Supremo debería suspender el dictado de la sentencia hasta que Luxemburgo se pronuncie.

Por otro lado, el TSJC ha fijado para el 23 de septiembre la comparecencia de Torra como investigado por desobediencia, en una segunda causa, por mantener en el Palau de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo a favor los presos.

Distanciamiento en el Govern

La posible inhabilitación de Torra abre un escenario incierto y desconocido en la Generalitat de Cataluña, que podría acabar con una nueva investidura o un adelanto electoral. Sin embargo, este miércoles Torra evitó pronunciarse sobre qué respuesta dará en caso de que sea inhabilitado.

La decisión judicial sobre la inhabilitación de Torra llega en un momento en el que existe un importante distanciamiento entre los socios en el Govern. ERC le ha pedido a Torra pactar la estrategia para hacer frente a su posible inhabilitación, pero JxCAT alega que es una decisión que compete exclusivamente el presidente de la Generalitat. Pero además, tanto ERC, como la oposición le han instado a convocar elecciones, algo que Torra ha eludido hacer antes de que pueda ser inhabilitado y pierda la potestad de convocar elecciones.

La actual legislatura acabaría teóricamente en diciembre de 2021, aunque en enero, Torra dijo que la legislatura estaba acabada y anunció que convocaría este año elecciones. Entonces barajó que la cita electoral fuera en octubre, pero la firma del decreto de convocatoria, que tiene que ser 54 días antes de la jornada electoral, no se ha producido. Además, hace solo dos semanas Torra remodeló su Ejecutivo.

Si Torra no convoca las elecciones y es inhabilitado, el Parlament podría investir a un nuevo presidente de la Generalitat, pero el propio Torra ya ha pedido que no se haga. Mientras que no se invistiera un nuevo presidente, ejercería las funciones de manera provisional el actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (ERC). Si no hubiera investidura, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.