Madrid trata de frenar el avance de la pandemia con un plan para el que pide "seguridad jurídica"
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A partir del lunes la Comunidad de Madrid se enfrenta a una nueva fase de esta pandemia: 855.193 personas de 37 áreas sanitarias y con altas tasas de contagio de coronavirus solo podrán salir de su zona para ir a trabajar u otras actividades esenciales. Además, se hará en estas zonas un millón de test de antígenos rápidos para evaluar la transmisibilidad del COVID-19 ante una situación que el Gobierno regional considera "gravísima" con una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Es la decisión que anunció este viernes el Gobierno de Isabel Ayuso tras una semana complicada con anuncios desmentidos, incertidumbre entre los madrileños y malestar dentro del propio Ejecutivo de PP y Ciudadanos.
Quedan muchas preguntas por resolver: ¿cómo se va a controlar que casi un millón de personas se quede en casa y solo se desplace para las actividades permitidas?, ¿puede ejecutarse de forma efectiva sin estado de alarma?, ¿cuántos agentes se van a desplegar en las zonas afectadas?, ¿saben los ciudadanos el perímetro de su área sanitaria?
En un nuevo giro a la nueva normalidad en estos puntos de la Comunidad de Madrid se podrá ver cómo un bar se ve obligado a echar el cierre a las 22:00 en la calle de un distrito, mientras que en la calle de enfrente otro puede seguir sirviendo a los clientes. Eso sí, en todas las áreas afectadas se desaconsejan los desplazamientos no imprescindibles.
¿Cómo va a desarrollar Ayuso su plan sin estado de alarma?
Más allá de la imprescindible responsabilidad individual y colectiva a la que cada día apelan los responsables públicos y sanitarios, para conseguir que el plan de Ayuso funcione entre una población repartida en seis distritos de Madrid y siete municipios, que equivale al 13% de la población total de la región y concentra el 25% de los casos de coronavirus diagnosticado, la Comunidad de Madrid se encomienda al trabajo conjunto y al "espacio de colaboración" con los ayuntamientos afectados, la Delegación del Gobierno en Madrid, el Gobierno central e incluso el Ejército para evitar la "expansión incontrolada" y aliviar la presión asistencial.
Ayuso, que necesita el aval jurídico para iniciar las restricciones que solicitará la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, reconoció en diferentes momentos de la comparecencia la dificultad para desarrollar estas medidas e insistió en que es necesario "arrimar el hombro" por parte de todos.
El Gobierno de Madrid pondrá en marcha una nueva orden que entrará en vigor el lunes y para que funcione se necesita "la fuerza del Estado", tal y como ella misma reconoció en la comparecencia. De ello hablará ese mismo día con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en la que ambos mandatarios buscarán la forma de frenar la curva ascendente en Madrid.
Ayuso pedirá a Sánchez una ley que dé "seguridad jurídica" a las comunidades autónomas para limitar la movilidad- antes de la presentación de las restricciones la Comunidad ya hacía referencia a la "complejidad jurídica" de las mismas- y una "estrategia nacional" en las estaciones de tren y en los aeropuertos. "Necesitamos las herramientas que no tenemos como Gobierno autonómico, sobre todo, en materia de seguridad ciudadana", insistió Ayuso, quien aseveró que "hay que evitar por todos los medios volver al estado de alarma", precepto constitucional sin el cual siempre planea la duda sobre si se pueden limitar los derechos fundamentales y que Sánchez ya ofreció aplicar en cada autonomía con su apoyo. Opción de la que de momento ningún territorio ha hecho uso, hasta la fecha.
En la Orden publicada este sábado se apela a la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para avalar las restricciones planteadas.
En los últimos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había instado a Madrid a hacer "lo que hiciera falta" para frenar la transmisión, mostrando su apoyo a los posibles confinamientos, y este mismo viernes, a última hora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, garantizó desde Nuadibú (Mauritania) que la Policía Nacional y la Guardia Civil prestarán a la Comunidad de Madrid la ayuda y el despliegue que necesite para garantizar la salud de sus ciudadanos, según informa Efe. Será esta una parte esencial en la reunión del lunes de Sánchez y Ayuso.
¿Cuántos agentes vigilarán el cumplimiento de las restricciones?
Sin policía autonómica, en la región el control solo puede desarrollarse por la Policía Municipal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Comunidad de Madrid celebrará este domingo una reunion a la que están convocados representantes de la Delegación de Gobierno y responsables de seguridad y protección civil de los ayuntamientos de Madrid, Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas con el objetivo de fijar ese operativo policial que se desplegará en las áreas a partir del lunes.
El Gobierno de Madrid ha avanzado este sábado que, aunque el control "absoluto" de la movilidad no es posible, se harán controles aleatorios y un control de carácter disuasorio para hacer respetar las nuevas medidas y se pedirá acreditar el objeto de los desplazamientos (trabajo, universidad, etcétera), según ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero en la Cope.
Habrá multas de entre 600 y 600.000 euros para quien se salte esta especie de confinamiento parcial, término del que huye ahora la Comunidad de Madrid tras hablar de los ya polémicos confinamientos selectivos. Las multas pueden disuadir a aquellos que incumplen las normas pero el Gobieron regional ve "preocupante" que 1.500 personas se hayan saltado en los últimos tres días en Madrid la cuarentena a la que están obligados por contagio de coronavirus o por contacto estrecho con un positivo. Y son muchos los ciudadanos que viven estos confinamientos sin ningún control por parte de un rastreador, de tal forma que ese número real puede ser mucho mayor.
¿Qué es un área sanitaria?
Nada más conocer el plan, los ciudadanos de las zonas afectadas- entre la resignación, la indignación, la comprensión y el desconocimiento- se hacían dos preguntas: ¿qué es una zona básica de salud? y ¿a cuál pertenezco?
Las zonas básicas de salud son el marco territorial en el que opera un centro de salud. En un mismo barrio puede haber varias, o dos mismos municipios de mayor tamaño pueden compartir la misma zona básica. Las áreas de salud o áreas sanitarias son las zonas en que se divide una comunidad autónoma tomando en cuenta su población y las instalaciones médicas y sanitarias de que dispone.
La Ley General de Sanidad, que las creó en 1986, las define como "las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de la comunidad autónoma". En Madrid hay más de 280 y son 37 las que se ven afectadas por estas medidas que se prolongarán durante 14 días.
¿Qué dicen los alcaldes afectados?
Ayuso cuenta con el respaldo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha anunciado ya el refuerzo de los servicios sociales en las 26 zonas básicas de salud de la capital que tendrán restringida su movilidad.
Desde el Consistorio madrileño se hará buzoneo a todos sus vecinos para informar de las medidas de salud y también de sus zonas básicas de salud ante el desconocimiento que, reconocen, existe sobre estas estructuras poblacionales. Se reforzará el 010 y este mismo sábado se mantendrá una reunión con los concejales de los 21 distritos y con los servicios de emergencia municipales con el fin de mejorar la coordinación.
No se ha detallado el despliegue policial municipal como tampoco cuestiones sobre cómo van a afectar las restricciones a las líneas de autobús que conectan zonas no restringidas con otras que no lo están.
En Madrid capital, desde el lunes cerca de medio millón de personas de zonas básicas concretas de Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Ciudad Lineal y Villa de Vallecas no podrán abandonar su área salvo para acudir al trabajo, al médico o a un centro educativo, entre otras.
Por su parte, los alcaldes de Alcobendas, Getafe, Parla y Fuenlabrada, todos del PSOE, han criticado que la Comunidad de Madrid no hecho partícipes a los ayuntamientos de las medidas de restricción de la movilidad y que ven de difícil su aplicación por su "complejidad".
Tras el anuncio de las medidas, centenares de personas se concentraron en la Puerta del Sol para pedir la dimisión de Ayuso por unas restricciones que consideran "clasistas" y "segregadoras", argumentos que ya venían esgrimiendo algunos vecinos de estos barrios, en el foco desde hace semanas por sus altísimos niveles de contagio.