El Gobierno comenzará a tramitar la próxima semana los indultos a los condenados por el 'procés'

• Carmen Calvo asegura que es una "obligación" del Ejecutivo y "no un gesto" a los partidos independentistas
• El PP, Cs y Vox han anunciado que recurrirán a la justicia si finalmente se conceden los indultos

El Gobierno comenzará a tramitar la próxima semana los indultos a los condenados por el 'procés'

El Gobierno ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Justicia comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el 'procés' independentista de Cataluña y ha aclarado que no se trata de un "gesto" a los partidos independentistas de cara a una negociación de los Presupuestos, sino una "obligación jurídica y constitucional" del Ejecutivo.

Ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha hecho el anuncio durante su turno de respuesta a la diputada de JxCat Laura Borrás en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"En cuanto a este Ministerio se refiere (...), tramita los expedientes de nacionalidad, todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca -en alusión a los del 'procés'-, empezarán a tramitarse la semana que viene", ha dicho Campo en respuesta a Borràs, quien ha denunciado "la deriva" en la que está instalada la justicia española y ha instado al Ejecutivo a "abandonar la judicialización" del conflicto catalán.

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El titular de Justicia ha expresado en este sentido la intención del Gobierno de seguir dialogando con Cataluña y ha explicado que el Gobierno mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.

No es la primera vez que el Ejecutivo plantea que hay que revisar el delito de sedición. De hecho, ya en enero, nada más formarse el nuevo Ejecutivo de coalición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a TVE, se mostró abierto a revisar el delito de sedición por entender que no era "homologable" a los delitos que se contemplaban en otros países europeos.

Por su parte, PP, Cs y Vox se han mostrado muy críticos con la iniciativa y han anunciado que recurrirán a los tribunales si finalmente son concendidos los indultos.

Calvo: "Es una obligación, no un gesto" con los independentistas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido particularmente al PP sobre esta cuestión, de quien ha dicho que debe "abrocharse más a la Constitución" porque la "utiliza de manera absolutamente flexible cuando le conviene".

"Si el PP entiende cuál es nuestro modelo jurídico, entenderá que debemnos tramitar esas peticiones que vienen de los ciudadanos en un país que es una democracia y que tienen derecho a la gracia como en cualquier democracia europea", ha asegurado en declaraciones a los medios ante el Congreso de los Diputados. Y ha añadido: "El PP tiene que serenarse mucho porque está en una posición bastante irresponsable".

En este sentido, ha asegurado que tramitar los indultos es "una obligación, no un gesto" ya que el ministro "tiene unos plazos para tramitar los expedientes y, si los incumple, incurre en un delito".

Justicia prevé más de seis meses para resolver los indultos

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la semana próxima se dará trámite de forma individual los expedientes de indultos de los doce condenados por el 'procés', un procedimiento, que han avisado, "suele superar los seis meses".

Se tramitarán doce expedientes porque la primera solicitud que entró en el registro del Ministerio, en enero, pedía el indulto para los doce condenados, aunque solo nueve fueron condenados a penas de prisión: Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La última petición de indulto para los condenados del 'procés' se presentó el pasado mes de agosto en favor de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, sumándose a las ya presentadas.

Cada expediente es individual y arrastra las distintas soluciones que se hayan registrado para la misma persona, añaden estas mismas fuentes, que explican que la tramitación comienza ahora tras "superarse el atasco provocado por la pandemia" de coronavirus.

Los indultos, una medida de gracia discrecional en manos del Gobierno, se rigen por una normativa de 1870, que determina que, una vez recibida la solicitud, el ministro de Justicia debe enviarla al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que emita su informe.

Ese tribunal debe solicitar el correspondiente informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la respuesta al Ejecutivo, pero su posición no es vinculante, ya que corresponde al Gobierno la decisión definitiva. En el caso de ser favorable a los reos, debe acordarse vía real decreto publicado en el BOE.

Los indultos pueden ser totales o parciales y pueden condicionarse al cumplimiento de determinados requisitos, correspondiendo al tribunal sentenciador la vigilancia de que se cumplan.

La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97%; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados. Puede pedir la medida de gracia el condenado o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de tener un poder escrito que acredite su representación.