Ayuso, dispuesta a cerrar Madrid si se aplican los mismos criterios en toda España

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a cerrar todas las áreas y poblaciones con una incidencia de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, aunque pone como condición que esta medida se aplique en toda España, según ha podido saber RTVE por fuentes del Gobierno regional.

Además, desde la Comunidad de Madrid quieren que se realice tests PCR en el aeropuerto de Barajas, en el AVE y otros viajes por tren, ya que consideran que estos son los puntos de entrada de los contagios de coronavirus en la capital.

El viernes, Ayuso descartó aplicar restricciones de movilidad en todos los distritos de la capital y en los municipios con mayor tasa de infecciones de coronavirus, como recomendaba el Ministerio de Sanidad, y amplió las limitaciones únicamente a ocho nuevas zonas sanitarias, algo que el ministro Salvador Illa desaprobó.

Desencuentro entre Sanidad y el Gobierno de Madrid por las nuevas restricciones

Ante esto, Illa ha emplazado este sábado a la capital a revisar sus medidas: "La situación es complicada, de riesgo serio, vienen semanas muy duras". "Hay que tomar el control de la pandemia en Madrid, en otras comunidades se ha hecho", ha añadido en una comparecencia tras la reunión con el equipo de seguimiento de la COVID-19.

Esta misma tarde, fuentes de la Moncloa han informado a RTVE que el Gobierno plantea tomar el mando en la Comunidad de Madrid mediante el Real Decreto de la Nueva Normalidad aprobado en junio si no logra alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo madrileño para controlar el empeoramiento de la pandemia del coronavirus.

El Gobierno se ampararía en el artículo 65, que establece que la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad en situaciones de urgente necesidad, "en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

Estos desencuentros entre las administraciones han llevado al portavoz del Grupo COVID-19, Emilio Bouza, a dimitir 48 horas después de ser nombrado.