La legislatura de Torra: del 155 y la sentencia del procés, a la crisis con ERC y la inhabilitación en plena pandemia
- Su mandato, que ha durado cerca de dos años y medio, ha estado marcado por una sucesión de choques con la Justicia
- También por las tensiones con sus socios de ERC y la frustración de no poder desplegar la "república catalana"
Los cerca de dos años y medio de Quim Torra al timón de la Generalitat han sido una constante sucesión de choques con la Justicia, tensiones con sus socios de ERC y frustraciones en las filas independentistas al no poder desplegar la "república catalana" proclamada al final de la anterior legislatura.
Estos han sido los principales sucesos que han marcado el mandato de Torra, que arrancó con la autonomía aún intervenida en virtud del artículo 155 de la Constitución y que termina abruptamente, con su inhabilitación y con el país en alerta por la COVID-19.
Sin investidura telemática
Torra ocupó, en calidad de independiente, el número 11 de la candidatura de JxCat por Barcelona en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, en plena aplicación del 155.
Abogado, editor, autor de una decena de libros sobre historia de Cataluña y periodismo, expresidente de Òmnium Cultural y miembro de la ANC, Torra era uno de los fichajes sin carné de partido que Carles Puigdemont atrajo a su lista, aunque en ningún caso aparecía en las quinielas como alternativa por si fallaba el plan A.
El plan A de JxCat consistía en investir telemáticamente a Puigdemont, huido a Bélgica, pero las advertencias del Tribunal Constitucional hicieron que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se echara atrás y desconvocara el pleno.
El plan D
Se activó el plan B, investir a Jordi Sanchez, ya preso, y tampoco fue posible; el plan C suponía convertir a Jordi Turull en president justo antes de que ingresara en prisión provisional, pero la CUP se negó a prestar sus votos para la operación, lo que arrastró a JxCat a un dilema: o buscar un plan D, esta vez para investir a un candidato efectivo, o forzar elecciones en señal de protesta.
Torra, defensor de Puigdemont como "presidente legítimo", era partidario de la segunda opción, pero acabó siendo el elegido por el expresident para dar un paso al frente y desbloquear la legislatura: el 17 de mayo de 2018 tomó posesión prometiendo el cargo "con fidelidad al pueblo de Cataluña", sin menciones a la Constitución.
Restitución fallida
Acorde con su legitimismo, la primera decisión de Torra fue intentar restituir como consellers de su Govern a los titulares de las carteras cesados con el 155, desoyendo las advertencias del Gobierno de Mariano Rajoy, que bloqueó los nombramientos.
Finalmente, Torra desistió de esta "restitución" simbólica y nombró a sus nuevos consellers, tras 218 días de aplicación del 155.
Un presidente activista
Torra reivindica su perfil externo a la política, procedente del activismo civil, un perfil que se puso más de relieve que nunca en el primer aniversario del 1-0, cuando se dirigió a "los amigos de los CDR" para animarlos a seguir presionando para hacer efectiva la independencia: "Apretad, hacéis bien en apretar", dijo.
Durante su mandato, Torra ha mostrado a menudo más sintonía con las críticas a la actuación de los Mossos d'Esuadra frente a manifestantes independentistas que con los argumentos de la conselleria de Interior.
La sentencia del 'procés'
La legislatura arrancó en 2018 aún bajo los efectos del 155, siguió marcada por la detención y posterior puesta en libertad de Puigdemont en Alemania y se vio condicionada por el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.
Las condenas a prisión para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, anunciadas por el Supremo el 14 de octubre de 2019, desataron protestas por toda Cataluña.
Torra defendió las movilizaciones contra la sentencia, incluido el bloqueo al aeropuerto del Prat, tardó varios días en condenar los disturbios protagonizados por los CDR en la calle y ordenó depurar responsabilidades por los posibles excesos policiales.
Tensión permanente con ERC
Si algo ha caracterizado este mandato, además del juicio del 'procés', han sido los choques constantes entre los dos socios de coalición, JxCat y ERC, con episodios como la investidura fallida de Puigdemont o la retirada del escaño a Torra tras su condena por desobediencia.
Los republicanos, que han reorientado su estrategia hacia un independentismo pragmático más alejado de la vía unilateral, han sido blanco de las críticas de JxCat, por ejemplo cuando facilitaron la investidura de Pedro Sánchez o cuando se puso en marcha la mesa de diálogo sobre Cataluña.
El enfrentamiento entre los socios llegó a un punto tan insostenible que, el pasado 29 de enero, Torra dio por rota la unidad de su Govern y anunció que convocaría elecciones nada más aprobarse los presupuestos, una convocatoria que no se concretó debido al estallido de la pandemia del coronavirus, en paralelo a las presiones internas de JxCat, que quería culminar antes su proceso congresual.
Huracán COVID
Los planes de Torra quedaron alterados la segunda semana de marzo, cuando el Govern tomó conciencia de la que se venía encima con la COVID-19, de la que dio positivo el propio Torra, que tuvo que permanecer encerrado durante semanas en el Palau de la Generalitat.
La crisis sanitaria golpeó con ferocidad a Cataluña y afectó severamente a las residencias de ancianos ante la impotencia del Govern, que derivó responsabilidades hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "recentralizar" competencias con el estado de alarma, no sin lanzar reproches por la gestión de algunos consellers de ERC.
El pasado 24 de abril, en un hemiciclo semivacío y con el voto telemático activado para buena parte de los diputados, el Parlament aprobó los primeros presupuestos de la Generalitat desde 2017.
Inhabilitación por una pancarta
En vísperas de las elecciones generales de abril de 2019, Torra desoyó el ultimátum de la Junta Electoral Central para que retirara del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a "presos políticos y exiliados", gesto por el que meses después fue condenado a un año y medio de inhabilitación, por desobediencia, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Tribunal Supremo celebró el 17 de septiembre la vista sobre el recurso de Torra, finalmente confirmada.
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