El Supremo investigará al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por atentado a la autoridad

• La causa deriva de una investigación penal en Tenerife tras una protesta contra el ministro Wert en 2014
• La Fiscalía solicitó en 2018 para él una pena de un año de prisión y un mes de multa

Alberto Rodríguez, durante una intervención en el pleno del Congreso el pasado mes de junio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, secretario de organización de la formación morada, al considerar que existen indicios de que cometió un delito de atentado a agente de la autoridad.

El caso parte de una causa abierta en el juzgado de instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna tras un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de la Laguna.

Los incidentes, durante una visita de Wert a Tenerife

Los hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

La Fiscalía presentó en 2018 escrito de acusación contra Rodríguez como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, solicitando para él una pena de un año de prisión y un mes de multa.

El Supremo asume la causa al tratarse de un aforado

El juzgado acordó abrir juicio oral, pero en diciembre, al acreditarse la condición de diputado de Rodríguez, se remitió la causa al Supremo, encargado de juzgar a los aforados y que ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.

Respecto a este mismo diputado, recuerda el alto tribunal, el Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.