Bruselas insta a España a renovar el CGPJ y se hace eco de las críticas a la "relación" entre Gobierno y Fiscalía

• La Comisión Europea ha presentado este miércoles su primer informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea
• La auditoría también hace observaciones sobre la legislación, las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático

14 horas - Bruselas urge a España a renovar el CGPJ y cuestiona la relación entre el Gobierno y la Fiscalía

La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los "desafíos" más importantes que señala la Comisión Europea (CE) para España en el primer informe sobre el Estado de Derecho en sus Veintisiete estados miembros.

"El sistema de justicia español se enfrenta a desafíos en cuanto a su eficiencia, con cada vez más largos procedimientos judiciales", señala la auditoría, donde se destaca también que "la situación del Consejo Judicial es otro desafío, en particular dado que sus nuevos miembros no han sido nombrados todavía".

La relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado figura también entre las cuestiones a mejorar en España, donde --añade el informe-- "es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia". Así se hace eco de las críticas y la "discusión" ralacionadas con la independencia de este órgano.

Esta es la primera vez que la Unión Europea (UE) evalúa la calidad del Estado de derecho de sus socios, con Polonia y Hungría en el punto de mira, con el objetivo de detectar cualquier deriva antidemocrática y con la voluntad de tener una periodicidad anual.

Apunta al sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado

El informe sobre España, en el que no se menciona el conflicto catalán, hace observaciones, además de sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, pero no hace una evaluación general del Estado de Derecho en el país.

La evaluación sobre España contiene muchas observaciones de informes anteriores del Consejo de Europa, una organización paneuropea independiente de la UE.

El informe constata que el CGPJ está pendiente de renovación desde hace casi dos años; que su presidente, Carlos Lesmes, cree que esta "anomalía institucional" puede desacreditar al órgano, y que el Consejo de Europa reitera la "importancia" de asegurar que no sea percibido como un órgano "susceptible de politización".

El Ejecutivo comunitario considera mejorable también el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado en España, y cree que la coincidencia de su mandato con el gobierno de turno puede "afectar a la percepción de independencia". También pide más transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el ministerio de Justicia, aunque la legislación no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.

El informe reconoce que España ha tomado medidas para mejorar su eficiencia judicial, pero constata que "se están incrementando" las demoras en general, aunque son "particularmente largas para casos civiles y comerciales en el Tribunal Supremo", y apunta como parte del problema los retrasos acumulados en los últimos meses por la declaración del estado de alarma debido al covid-19.

Bruselas "respeta plenamente" las decisiones judiciales

En rueda de prensa, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha reiterado que la Comisión Europea "respeta plenamente" el orden constitucional en España y las decisiones de sus tribunales para explicar que la causa contra los líderes independentistas en Cataluña no haya sido evaluada en el informe.

"Es un asunto doméstico para España, que debe ser resuelto en línea con su orden constitucional, y la Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español, incluidas las decisiones de sus tribunales", ha zanjado Reynders al ser preguntado por es

Apunta que se ha reforzado la lucha contra la corrupción

Por contra, el informe destaca que España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción, pero echa en falta una estrategia "general" para combatirla y subraya que la percepción de los ciudadanos sobre su existencia está generalizada y es superior a otros países europeos.

En cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, así como el derecho a la información, el informe destaca que está garantizada en la Constitución, pero subraya que mientras que "los sectores de la televisión y la radio están sujetos a requisitos de transparencia de la propiedad, no es el caso del sector de la prensa escrita".

El documento registra las "preocupaciones" que suscita la nueva legislación sobre seguridad pública, que "supuestamente restringe la libertad de información y libertad de expresión".

Y, por último, sobre la transparencia, la auditoría señala que "todas las regiones españolas cuentan ahora con su propio marco legal en esta área" y que el Defensor del Pueblo tiene "amplio mandato, que puede ejercer en defensa de los derechos ciudadanos"

Polonia y Hungría, en el punto de mira

En líneas más generales, el informe señala que la independencia judicial está en peligro en Hungría y Polonia, pero señala que "también quedan desafíos en algunos otros Estados miembros", como Bulgaria, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.

Las amenazas contra los periodistas son particularmente preocupantes en Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y España, según el informe que analiza cuatro cuestiones en los 27 países de la UE: los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y los controles y equilibrios en general.

En concreto, el estudio menciona como dificultades para la prensa amenazas físicas, acoso en línea -especialmente a mujeres-, campañas de difamación, intimidación o amenazas con orientación política.

La UE activó en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría el procedimiento conocido como Artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países.

En última instancia, ese proceso podría llevar a retirar el derecho de voto de esos países en el Consejo.

Además, en las últimas semanas se han intensificado en la UE las discusiones sobre la vinculación de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que Hungría y Polonia rechazan rotundamente.

En su informe, la Comisión insiste en que las reformas en la Justicia polaca desde 2015 han supuesto "una gran fuente de controversia, tanto a nivel nacional como de la UE, y han generado graves preocupaciones, de las cuales varias persisten".

En concreto, dice que las reformas, que afectaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional del Poder Judicial y la Fiscalía, "incrementaron la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el sistema de justicia y, por tanto, debilitaron la independencia judicial".

Sobre Hungría, recalcó su "grave preocupación" por el impacto de diferentes reformas en la independencia del Consejo Nacional Judicial, que afronta problemas para equilibrar los poderes del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, que está a cargo de la gestión de los tribunales.

La pandemia de COVID-19, otro reto

El informe señala que, más allá de su inmediato impacto sanitario y económico, la crisis relacionada con el coronavirus ha supuesto "variados desafíos sociales", en particular para las administraciones públicas y los sistemas legales y constitucionales.

Subraya que todos los Estados miembros han tomado medidas excepcionales para proteger la salud pública y que la mayoría de ellos declararon algún tipo de emergencia pública bajo provisiones constitucionales o legales.

Como algunas de esas medidas siguen en vigor, la Comisión señaló que continuará su seguimiento de la situación, pero ya destacó que en algunos Estados miembros los medios de comunicación y la sociedad civil enfrentan nuevos obstáculos a causa de estados de emergencia que han motivado la reducción del control institucional sobre los políticos.

Tales situaciones han contribuido, según la Comisión, a difundir desinformación y rebajar la confianza en las autoridades públicas, lo cual "perjudica el Estado de derecho".