Del pacto al enfrentamiento: pulso entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por las medidas contra el coronavirus

• La pugna política puede derivar en una batalla judicial mientras la región registra las peores cifras de la segunda ola
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, frente al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La tensión creciente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid en torno a las medidas necesarias para frenar la expansión del coronavirus en la región, la más afectada por la segunda ola en españa, ha terminado por hacer crisis este jueves, con la amenaza del Ejecutivo regional de recurrir las restricciones acordadas primero entre ambas administraciones y luego en el Consejo Interterritorial de Salud -ya con el voto en contra de Madrid- y la advertencia del Ministerio de Sanidad, plasmada en el Boletín Oficial del Estado.

Es el colofón a dos semanas de desconfianzas mutuas y reproches, más o menos velados, entre las dos principales administraciones públicas del país, gobernadas por dos coaliciones de distinto signo político y que, a la vista de la situación epidemiológica en una región que es el motor económico de España y la más densamente poblada, han apostado por dos estrategias divergentes: el Ejecutivo autonómico defiende restricciones selectivas, acotadas a las zonas con mayor incidencia de los contagios, mientras que el Gobierno reclama aplicar confinamientos perimetrales en torno a varias de la principales ciudades del país, incluida la capital.

Nuevo desencuentro entre Sanidad y la Comunidad de Madrid por las restricciones en la región

De nada han servido los intentos de acercamiento, incluida la primera reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que escenificaron una tregua que apenas duró unos días: el pasado viernes, mientras las autoridades regionales anunciaban restricciones de movilidad en ocho zonas básicas de salud, que se sumaban a las 35 de la semana anterior, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejaba claro que las medidas eran insuficientes y pedía cerrar las ciudades con más de 500 casos por cien mil habitantes.

Pese a todo, tras varios días de tira y afloja, ambas partes parecían llegar a un acuerdo este martes, cuando se pactó imponer restricciones a la movilidad de forma automática en las ciudades de más de 100.000 habitantes, de cualquier autonomía, que cumplieran con tres criterios: una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por cada cien mil habitantes, una tasa de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y una ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la región superior al 35 %.

El pacto se quiebra

Salvador Illa anunció la entente tras reunirse con las autoridades sanitarias madrileñas y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, avaló el pacto: "Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana", decía en un tuit.

El acuerdo, que parecía encarrilado, suponía en última instancia prohibir la entrada y salida en las principales ciudades de Madrid, incluida la capital, y apenas tenía aplicación más allá: en la propuesta presentada a las comunidades autónomas, Sanidad admitía que en toda España hay once ciudades que superan el umbral de 500 casos por cada cien mil habitantes, aunque no detallaba cuáles.

En cualquier caso, diez de ellas se encuentran en Madrid: Alcobendas, Parla, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Leganés y Alcorcón, además de Madrid, donde reside más del 70 % de la población madrileña.

Ante esa perspectiva, el Gobierno de la Puerta del Sol exigió complementar las restricciones automáticas con más criterios y, finalmente, fue una de las seis autonomías que este miércoles se opuso a la propuesta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, junto a Cataluña y otras cuatro regiones gobernadas por el PP: Galicia, Murcia, Andalucía y Ceuta. Castilla y León, gobernada como Madrid por una coalición entre PP y Ciudadanos, sí votó a favor de la propuesta de Sanidad, que salió adelante con 13 votos a favor.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, justificó el sentido de su voto en la ausencia de criterios técnicos y negó que el pacto alcanzado un día antes con Illa fuera definitivo: "Puede ser entendido como principio de acuerdo, pero también como que teníamos que seguir hablando". Asimismo, cuestionó la validez jurídica de las medidas, arguyendo que las decisiones del Consejo Interterritorial deben adoptar por consenso y no de forma colegiada por una mayoría.

Una ruptura que puede derivar en batalla judicial

La ruptura definitiva estaba servida: este jueves, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden ministerial con los criterios que obligan a cerrar cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes que cumpla los tres criterios epidemiológicos aprobados, en el que es el primer baremo unificado y público para que las comunidades autónomas, que son en última instancia quienes tienen las competencias sanitarias, apliquen restricciones de movilidad contra el coronavirus. Y avisa que son de "obligado cumplimiento" en un "plazo máximo de 48 horas".

Poco después, Isabel Díaz Ayuso ha deslizado que recurrirá una orden que, a su juicio, "destroza Madrid sin criterio", al tiempo que ponía en duda la legitimidad de las medidas. "Este Consejo [Interterritorial de Salud] no puede imponer nada. Legalmente lo estamos estudiando con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma", ha declarado Ayuso en una entrevista en esRadio.

Ayuso: "Madrid no está en rebeldía, cumplirá todas las órdenes pero iremos a los tribunales"

“Este Gobierno no está en rebeldía; ahora, eso sí, iremos a los tribunales ara defender los intereses de los madrileños“

"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está rebeldía y cumplirá todas las órdenes; ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase [en la desescalada] para defender los intereses de los madrileños, y que las medidas dsean objetivas y justas", ha abundado posteriormente ante el pleno de la Asamblea de Madrid.

Si finalmente Madrid presenta un recurso, las divergencias en la estrategia para frenar la COVID-19 y la batalla política soterrada que encierran pueden derivar en una compleja pugna judicial, ante el estupor y la confusión de los ciudadanos, y mientras la región registra un día tras otro los peores datos de la segunda oleada en España y en Europa: la incidencia acumulada en los últimos 14 días, según el último informe del Ministerio de Sanidad, es de 735,05 casos por cada cien mil habitantes, casi el triple del umbral de 250 casos que se considera ya de alto riesgo.

En algunas zonas, sin embargo, esa incidencia supera el millar y, según los datos de la Consejería de Salud, hasta 92 localidades de la región rebasan los 500 casos por cien mil habitantes en las últimas dos semanas. Como resultado, los hospitales de Madrid son los más saturados de España: según los datos recopilados por Sanidad, el 24,22 % de las camas están ocupadas por pacientes de COVID-19, una tasa que asciende al 41,7 % en el caso de las unidades de cuidados intensivos. La situación no admite demoras, pero la pugna política continúa.