Hacienda fija el déficit de referencia de las CC.AA. para 2021 en el 2,2% del PIB pero no es de obligado cumplimiento

• Las Comunidades recibirán en 2021 entregas a cuenta por importe de 105.589 millones, una cifra similar a la del año pasado
• El Estado asumirá la mitad del déficit, el 1,1%, y el resto, los Gobiernos autonómicos

Hacienda propone a las Comunidades Autónomas que limiten su déficit al 2,2% del PIB

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las Comunidades Autónomas que limiten su déficit en 2021 al 2,2% del PIB, una "tasa de referencia" que no será de obligado cumplimiento, ha anunciado la ministra María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montero ha precisado que las autonomías recibirán en 2021 entregas a cuenta por importe de 105.589 millones, ligeramente inferior (0,26 % menos) al de 2020, que fue calculada con un crecimiento del PIB del 1,6 %. A ello, se suma la liquidación del sistema de financiación de los dos ejercicios anteriores por un importe previsto de 9.076 millones.

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Además, Montero ha comunicado que las Comunidades Autónomas recibirán la mayoría -10.000 millones de euros- del fondo de la Unión Europea 'REACT-EU', dotado de 12.463 millones, para paliar las consecuencias socioeconómicas de la crisis del coronavirus.

Su departamento ha reunido de forma telemática a todos los consejeros de Hacienda en dicho órgano de coordinación, que lleva sin convocarse desde enero. En el encuentro, presidido por la misma Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se les ha trasladado la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales a todas las administraciones públicas hasta que finalice 2021.

El Estado asumirá la mitad del déficit

De ese 2,2% del déficit propuesto, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, el Estado asumirá un 1,1 % a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros. El resto corresponde a los Gobiernos autonómicos, ha apuntado también Montero.

Tras la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia, el indicador orientativo del 2,2% está basada en el porcentaje del déficit que pueden desviar las comunidades para el año 2020 (un 0,6 % de PIB) y el fondo COVID-19, dotado de 16.000 millones de euros (1,4 %).

El 0,2% restante corresponde a los 1.933 millones menos del sistema de financiación del año que viene, de modo que la diferencia de recursos no obligue a las Comunidades Autónomas a hacer recortes, según ha explicado Montero.

Al menos diez mil millones del los fondos europeos irán para las CC.AA.

Durante el CPFF, la ministra ha informado que España recibirá del fondo de la Unión Europea 'REACT-EU' una preasignación de 12.436 millones de euros para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, lograr la reactivación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.

De esos 12.436 millones, 10.000 millones corresponden a las comunidades autónomas y 2.436 millones pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.

Recibirán 140.400 millones, un 4,6% más que el año anterior

Para el año que viene, Montero ha detallado que los recursos del sistema de financiación serán de 113.729 millones, a lo que se sumarán una transferencia de 13.400 millones y un margen por la tasa de referencia de déficit del 1,1% del PIB, otros 13.400 millones. En total, son 140.400 millones, un 4,6 % más que el año anterior.

En 2020, las Comunidades Autónomas recibieron por el sistema de financiación 115.662 millones, a los que se sumó los 16.000 millones del Fondo Covid y otros 2.211 millones que proporcionaba el objetivo de déficit del 0,2% del PIB para este año, lo que supone un total de 133.873 millones.

Excepción en las reglas fiscales por la pandemia

Montero ha explicado que el 2,2 % de déficit se trata de una "tasa de referencia" para que las distintas administraciones puedan elaborar sus presupuestos, pero que no será exigible ni vigilado, dada la suspensión de las reglas fiscales por la crisis del coronavirus. Esto justificaría que no se haya votado en el Consejo, ha defendido.

"No significa la suspensión de la responsabilidad fiscal", ha advertido la ministra, que se ha mostrado convencida de que todas las comunidades actuarán de forma prudente y con una "alta dosis de responsabilidad".

“Montero: "No significa la suspensión de la responsabilidad fiscal"“

Montero anunció el pasado miércoles la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas los niveles de la administración pública. Con ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria y se ahorra el trámite en el Congreso de los Diputados. Además, los ayuntamientos podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería, también en 2021.

La decisión se tomó después de que la Comisión Europea y el Consejo Europeo autorizara a los Estados miembros a posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada en anterioridad a la crisis para controlar el gasto público, cuando en marzo aplicó la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021.

Bruselas permite aumentar el gasto público a los Estados por el coronavirus

En febrero la ministra de Hacienda aprobó una senda de estabilidad y defendió en el Congreso el 'techo de gasto' para este año que se elevaba un 3,8% (hasta los 127.609 millones), e incluyó una subida del 3% en el año 2021, hasta los 131.437 millones de euros, cifras que ahora han quedado en papel mojado tras la pandemia.

Más recursos que en "toda su historia"

Con estas cifras, Montero ha subrayado que con la totalidad de recursos del sistema de financiación, las transferencias extraordinarias y el mayor margen fiscal de la referencia de déficit, las comunidades podrán disponer de más recursos que "en toda su historia".

Montero ha asegurado que la caída de ingresos por la pandemia "no ha perjudicado de forma notable" los sistemas de financiación autonómicos y ha afirmado que las autonomías contarán en 2021 con "los mismos recursos, incluso más que en 2020".

La ministra ha asegurado que, para el 2021, Hacienda no contempla ningún plan de ajuste, ni ninguna otra regla adicional para controlar las desviaciones presupuestarias de las comunidades autónomas.

En este momento, ha añadido, hay que dejar atrás las recetas de la austeridad, ya que el gasto público contribuirá al crecimiento y a no dejar a nadie atrás en la recuperación.

Preguntada por los periodistas por la situación del País Vasco, donde se ha autorizado un déficit para el próximo año del 2,6 %, ha negado que se trate de un privilegio dado que esta comunidad asume la totalidad de los impuestos y, por ende, la caída en sus ingresos, que no se van a ver compensados como en el resto de autonomías de régimen común. "Podría parecer un privilegio, pero es todo lo contrario", ha dicho la ministra.

Las Autonomías socialistas celebran la medida

La tasa de referencia del déficit ha sido bien recibida por las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Las consejerías de Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha, Baleares, La Rioja y Canarias han valorado positivamente la medida. Antes, también el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, había celebrado la suspensión de las reglas fiscales.

No obstante, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (PP), ha advertido que la suspensión de la regla de gasto puede abrir una "senda de desequilibrios" en las cuentas públicas, con consecuencias "muy graves" para España.

"En lo que tenemos que pensar es en la España de hoy, pero también en la de mañana, cuando todo ese déficit traducido en deuda lo tengan que pagar las siguientes generaciones o esta misma generación", ha remarcado Lasquetty en declaraciones suministradas a los medios tras el encuentro presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por su parte, Castilla y León ha abogado por que el Gobierno, a la hora de establecer criterios para el reparto de fondos de cara al presupuesto de 2021, tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie, así como que los fondos europeos hagan también valer el peso del desafío demográfico.