Las claves del caso Dina: ¿Quién robó la tarjeta y por qué el juez pide investigar a Iglesias?

• El juez García Castellón pide al Supremo investigarle por un presunto delito de denuncia falsa y otros dos delitos
• La causa investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza del caso Dina, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y al equipo jurídico de Podemos, así como a la exasesora Dina Bousselham y su marido, por tres delitos relacionados con el robo de la tarjeta del móvil de Bousselham.

Mientras que Podemos dice “no dar crédito” a esta petición, el PP exige el cese inmediato de Iglesias en el Gobierno y Cs pide su comparecencia. Aquí, algunas claves del caso:

¿Qué es el caso Dina?

La instrucción del caso Dina pertenece a la macrocausa del llamado caso Villarejo que investiga la Audiencia Nacional sobre los negocios del excomisario José Manuel Villarejo.

El juez Manuel García Castellón abrió formalmente la causa el 19 de marzo de 2019 por la denuncia interpuesta tres años antes por la exasesora de Podemos en el Parlamento Europeo Dina Bousselham sobre el robo de su teléfono móvil, que contenía una tarjeta de memoria mini SD.

¿Quién robó la tarjeta y qué se sabe de ella?

El robo se produjo el 1 de noviembre de 2015 y todavía se desconoce quién fue el autor.

En julio de 2016, se publicaron en Ok Diario varias noticias con imágenes procedentes del dispositivo de Dina.

El 3 de noviembre de 2017, se registró la vivienda de Villarejo y apareció un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3 -lo que valió al excomisario su imputación y su dimisión como director general de información de Moncloa.

De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto Pozas y el subdirector, Luis Rendueles, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta Antonio Asensio.

¿Qué pasó con la tarjeta cuando la recibió Iglesias?

Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, el propio Pablo Iglesias recibió de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su asesora y también capturas de pantalla que Bousselham guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía Iglesias.

El líder de Podemos retuvo la tarjeta en su poder durante un tiempo -el juez considera que debió devolverla antes del 23 de agosto de 2017-, según él mismo reconoció, para no someter a la exasesora "a más presión".

Iglesias aseguró que la tarjeta le había llegado en buen estado, pero cuando se la entregó a Bousselham ella declaró que estaba “inservible para su funcionamiento”.

Bousselham cambió aquella versión, sin embargo, después de que a Iglesias le retiraran la condición de perjudicado en la causa -que luego recuperó-, exculpándole en una carta en la que aseguraba que cuando recibió la tarjeta ésta "funcionaba" y pudo acceder a su contenido, aunque después dejó de funcionar y trató, sin éxito, de recuperar la información por un interés "personal".

Iglesias: ¿Perjudicado en la causa?

El líder de Podemos se personó como perjudicado en la causa el 27 de marzo de 2019 -poco antes de las elecciones generales de abril- y declaró la existencia de “trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios” que podría haber estado espiando a líderes del partido. Iglesias vinculó así las noticias publicadas por OK Diario con una trama en la que trabajaba Villarejo para perjudicarle.

Pero García Castellón le retiró la condición de perjudicado en mayo de este año, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cuando Bousselham reconoció que fue ella misma quien había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones en las que aparecía Iglesias y que acabaron publicados en este y otros medios de comunicación, pese a que lo había negado anteriormente ante el juez.

El juez se basó, además, en el daño de la tarjeta posterior a que Iglesias la recibiera. Sin embargo, la Policía Científica no pudo determinar si el vicepresidente Pablo Iglesias causó daños en la misma.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó devolviendo a Iglesias en septiembre la condición de perjudicado, considerando que los contenidos de la tarjeta de la exasesora de Podemos habían aparecido en el ordenador de Villarejo y recordando al juez García Castellón que “no le compete investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta”.

¿Qué delitos pide investigar la Audiencia Nacional y por qué?

El primer motivo por el que la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo que abra una investigación contra Iglesias y parte de su equipo es porque es el alto tribunal el único competente para abrir una causa contra un aforado, como es Iglesias.

En concreto, García Castellón considera que Iglesias pudo incurrir en tres delitos:

• Descubrimiento y revelación de secretos, con “agravante de género”: “Podríamos apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del señor. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina Bousselham”, dice el juez.
• Delito informático: Si bien el magistrado no está capacitado para investigarlo, cree que existen “elementos de cargos suficientes” para atribuir a Iglesias “los daños sufridos por la micro tarjeta SD”.
• Denuncia falsa: el juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria” desplegada por Iglesias con su personación en la causa, “fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales” ya que había presentado la desaparición del teléfono “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.

¿Es el ‘caso Dina’ un montaje de Podemos?

Durante una de las declaraciones en el juicio, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente -quien denunció también la posible financiación ilegal del partido- ha asegurado en varias ocasiones ante el juez que el ‘Caso Dina’ es un “montaje” de los líderes de Podemos para presentarse como “víctima” de las llamadas ‘cloacas del Estado’ de cara a las generales de 2019.

García Castellón sí considera en su auto remitido al Supremo que la finalidad de la denuncia de Iglesias era “estrictamente política”.

Añade que Iglesias denunció ser víctima de una trama de espionaje relacionado con el robo del móvil de Dina pese a saber que fue ella quien había difundido las capturas de pantalla en las que él aparecía. Y acusa también a Bousselham y a su marido de haber mentido en las declaraciones.

Aunque no cuestiona que el móvil de Dina fue robado, cree la denuncia se hizo bajo las instrucciones de Iglesias, de forma fraudulenta y planificada, con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos.