El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa y otros dos delitos

• Le acusa también de revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos
• Fuentes de Podemos dicen" no dar crédito" porque la Audiencia Nacional le devolvió recientemente la condición de perjudicado

El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa y otros dos delitos

El juez del Caso Dina, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación, denuncia falsa o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.

El magistrado ha emitido una exposición de motivos en el que ha pedido también investigar a la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a Bousselham y a su marido.

Fuentes de Podemos señalan que no dan crédito: "Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.

El magistrado eleva al Supremo su petición para investigar a Iglesias ya que la Audiencia Nacional no puede por estar aforado. García Castellón considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.

En otro auto, el juez acuerda continuar el procedimiento por estos hechos contra el ex comisario Jose Manuel Villarejo, el ex director de la revista Interviu, Alberto Pozas y el periodista Luis Rendueles por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En su escrito, el magistrado rechaza las diligencias que habían solicitado la defensa de Dina Bouselham y el Ministerio Fiscal y añade que pueden plantearse a partir de ahora ante el órgano competente, la Sala de lo Penal. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Los motivos para investigar a Iglesias y al equipo jurídico de Podemos

En su escrito, el juez relata los hechos que sustentan la exposición razonada respecto de Pablo Iglesias, el equipo jurídico de Podemos, su exasesora Dina Bouselham y su marido.

En concreto, de Iglesias expone que "se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria" cuando la recibió del director de la revista Interviú, que cuando la devolvió estaba "inservible" para su funcionamiento y que disimuló "falsariamente" una conexión entre las imágenes publicadas y OK Diario y la desaparición de la tarjeta, con lo que su denuncia y personación en la causa tenía una finalidad política.

El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de Bouselhan el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, se lleva a cabo una entrada y registro en la vivienda de Villarejo en la que aparecen un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3.

De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto Pozas y el subdirector, Luis Rendueles, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Planeta Antonio Asensio.

Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bouselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

“"Se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria"“

“Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el auto.

Esta acción, continúa la resolución, puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta micro SD de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía Iglesias.

“"Devolvió la tarjeta inservible"“

El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”.

El magistrado apunta como otro hecho destacado el que durante los días 21 y siguientes del mes de julio de 2016 se publican en Ok Diario varias noticias a las que se acompañan imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria.

El aforado Pablo Iglesias, dice el juez, en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora. Pese a ello, afirma que instó a su equipo jurídico a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham tratando de "disimular falsariamente" , que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado a Villarejo para perjudicar a Pablo Iglesias.

La finalidad de su denuncia era "estrictamente política"

El juez apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.

A lo largo de su escrito, García Castellón también destaca como un hecho relevante la comparecencia ante el propio juez, el 26 de marzo de 2019, de Bouselham en calidad de testigo-perjudicada, quien, con conocimiento de su falsedad, faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde.

“Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el aforado, secretario general del Partido”, concluye el magistrado, en respuesta a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien instó a García Castellón a remitir al órgano competente estos testimonios al considerar que los hechos que se dicen en ellos carecerían de conexidad para poder investigarlos en este juzgado de la Audiencia Nacional.

Revelación de secretos y delito informático

Los hechos que rodearon al robo del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, según el juez se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal: “Podríamos apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina Bousselham”.

El magistrado indica también que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala de lo Penal ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado, “esto no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial en el que nos encontramos, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD”.

Por último, el juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.

El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.