Trabajadores pobres: unos 7,8 millones de personas en España no pueden afrontar gastos cotidianos
- La temporalidad en las contrataciones y la corta duración rodean el mercado laboral español
- Las familias en inestabilidad laboral grave no disponen de dinero para imprevistos y tienen que pedir prestado
No poder afrontar gastos imprevistos o tener que pedir dinero a parientes o amigos para salir adelante es una realidad a la que se enfrentan alrededor de 7,8 millones de personas en España. Esta situación, agravada por la pandemia de COVID-19, deja a cientos de ciudadanos dentro de un mercado laboral grave, con empleos temporales e informales, según las organizaciones Cáritas y Foessa.
Ambas han presentado este miércoles dos informes: Economía Solidaria 2019 y Vulneración de derechos: Trabajo decente, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En ellos, alertan de que cerca de 2,5 millones de trabajadores están atrapados en situaciones de pobreza relativa y la mitad de ellos tiene una jornada parcial indeseada. Además, entre las familias, en el 16,4 % de los casos el sustentador principal no cuenta con estabilidad laboral y 615.000 personas se mantienen con empleos formales.
"Son personas que sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables", ha explicado Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas. Para la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, "es urgente un cambio de paradigma y la protección del derecho al trabajo y de un modelo de economía basado en las personas; es necesario repartir de una manera más justa el empleo y reconocer el trabajo de cuidados".
Flores ha recordado que, según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6 % de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3 %: de ellos casi cuatro de cada diez tuvieron una duración inferior a siete días. "Son muchas las familias que navegan en un mar inestable, lo que supone alternar tiempo de trabajo con desempleo, el paso por múltiples empresas y que empuja en condiciones extremas a encontrar un empleo informal, sin alta en la Seguridad Social y sin derechos", continuaba.
La estacionalidad o el origen, factores clave para la brecha monetaria
Las familias sin ingresos fijos han revelado no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52 %) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42 %). "La realidad de ser trabajadores y ser pobres, a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, afecta a casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13 % de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa", ha lamentado el responsable de Cáritas.
Tres de cada diez unidades familiares en esta situación no pueden afrontar gastos relacionados con la vivienda y dos de cada diez han admitido recibir avisos por parte de las compañías de cortes de suministros por no disponer de dinero para pagarlos.
Por sectores, los más afectados son los expuestos a la estacionalidad, como son la hostelería, el turismo o los servicios auxiliares. Por ejemplo, si se compara la media de cotización de la hostelería con el baremo general, los sueldos son un 40 % más bajos. Por otro lado, en el ámbito doméstico, solo aparecen como cotizantes 38.274 personas, por lo que buena parte de ellas -la mayoría mujeres- no cuenta con una protección para poder desempeñar adecuadamente su trabajo.
La población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente, lo que deriva en una ganancia media inferior del 24 %.
La labor de Cáritas durante el curso anterior
Por otro lado, según el balance de Cáritas, la organización ayudó a 15.368 personas a encontrar trabajo en 2019 y casi 79.000 participaron en toda España en acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas, en las que invirtió 45,8 millones de euros, detalla el informe. Además, por sus acciones formativas pasaron 16.276 asistentes, otros 29.755 personas fueron atendidos por los servicios de intermediación laboral y 689 personas participaron en acciones de autoempleo.