Iglesias, ante el Supremo: ¿Quién decide sobre su posible imputación? ¿cuáles son los próximos pasos?

• El juez pidió al alto tribunal imputar al vicepresidente segundo del Gobierno por denuncia falsa y otros dos delitos

El vicepresidente segundo del Gobierno y lEl vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El juez del Caso Dina, Manuel García Castellón, pidió este miércoles al Tribunal Supremo que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. El magistrado elevó su petición a este órgano judicial por ser el único que puede citar al líder de Podemos como imputado, ya que, al ser diputado en el Congreso, tiene condición de aforado.

Una vez recibida la exposición razonada del juez, el alto tribunal tiene pendientes una serie de trámites antes de culminar la apertura de una causa contra Iglesias que, incluso, podría ser rechazada.

La decisión quedará en manos de la Sala de Admisiones, formada actualmente por cuatro magistrados que juzgaron el proceso independentista de Cataluña y el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás.

Esta Sala sobre causas especiales, las que afectan a aforados, se renueva cada cuatro meses y se forma siguiendo un doble turno: "uno o dos, en su caso, por turno de antigüedad --de mayor a menor-- y el otro o los otros dos, por turno de menor a mayor antigüedad", según el acuerdo de 16 de enero de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, y desde el pasado 1 de octubre hasta el próximo 31 de enero estará compuesta por estos cinco magistrados, la mayoría de perfil moderado.

¿Quiénes son los magistrados que deciden?

Manuel Marchena. Es el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo desde octubre de 2014, cuando fue designado por el CGPJ por 12 de los 21 votos del órgano de gobierno de los jueces. El magistrado, que llegó al Supremo en 2007 y que no pertenece a ninguna asociación de jueces, fue el presidente del tribunal que juzgó a los líderes independentistas del 'procés', del que también formaron parte otros tres nombres que decidirán sobre Iglesias: Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

Andrés Martínez Arrieta. Este magistrado, de perfil moderado, lleva 20 años desarrollando su labor en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Fue nombrado en 1998, cuando con 43 años se convirtió en el juez más joven en acceder al alto tribunal. Martínez Arrieta, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, cuenta con una reconocida trayectoria en esta Sala, pues formó parte del tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama 'Gürtel' y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo. Recientemente, también ha sido el presidente del tribunal que ha inhabilitado al presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra.

Andrés Palomo. Este magistrado, procedente de la Audiencia Provincial de Segovia y también de perfil moderado, fue designado en 2014 con el apoyo mayoritario del CGPJ. Ingresó en la carrera judicial en 1981 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo (Badajoz).

Ana Ferrer. La magistrada, que ingresó en la carrera judicial en 1984, fue la primera mujer en entrar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De perfil progresista, Ferrer está especializada en asuntos de violencia de género y fue una de las componentes del tribunal que revisó el 'caso de La Manada'. Es miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, desde donde dio el salto al Supremo. Con anterioridad y como juez de instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

• Eduardo de Porres. Ingresó en la Carrera Judicial en 1986 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla (Murcia), para servir posteriormente en distintos juzgados madrileños hasta que fue nombrado en 2007 magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, que presidió desde 2014 hasta su marcha al Supremo en 2018. De Porres, de perfil conservador, pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura y actualmente es el instructor de la causa que investiga a Borrás.

La Sala debe pedir a la Fiscalía que emita un informe

Estos cinco magistrados serán los que estudien los motivos que les ha remitido el juez de la Audiencia Nacional que instruía esta causa en el marco del conocido como 'caso Villarejo' y, en un primer paso, deberán designar un ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala.

Nombrado el ponente, la sala deberá solicitar a la Fiscalía que emita un informe en el que exponga si el Supremo es competente para investigar la causa enviada por el juez y si el Ministerio Público ve indicios de delito.

Cuando la Fiscalía tenga el escrito --no tiene límite para su entrega ni es vinculante-- lo remitirá a los magistrados para que decidan si se archiva o se admite a trámite la exposición. Será, por tanto, el momento en que el alto tribunal se pronuncie sobre si abre o no causa contra Iglesias.

En caso de abrir un procedimiento se designaría un instructor, que no podría ser ninguno de los magistrados que conforman dicha Sala de Admisión.

El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa y otros dos delitos

El juez iría al Congreso a solicitar el suplicatorio

Este escenario ya contempla la citación líder de Podemos como investigado, para lo cual el juez debería dirigirse al Congreso de los Diputados para solicitar el suplicatorio, aunque existe la opción de que el imputado, por su condición de aforado, pueda acudir voluntariamente cuando desee a prestar declaración judicial.

Correspondería entonces al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, enviar la petición a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien a su vez debería trasladar el asunto a la Mesa de la cámara baja.

En caso de que en el órgano de gobierno de la Cámara haya acuerdo, Batet enviará la petición del suplicatorio a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside ahora la socialista Begoña Nasarre.

Iglesias podría exponer sus alegaciones presencialmente o por escrito

Dentro del proceso es indispensable dar audiencia al afectado, que podrá exponer sus alegaciones presencialmente o por escrito. Después, la Comisión redactará un documento que deberá votar el pleno en sesión a puerta cerrada y si sale adelante, Batet enviará el suplicatorio al Supremo.

Si esto ocurre, no sería la primera vez que un político español se enfrenta a un suplicatorio. El precedente más reciente es el de la actual portavoz de JxCat, Laura Borràs, investigada por presuntas irregularidades en contrataciones de la Institució de les Lletres Catalanes cuando fue directora entre 2013 y 2017.