La presidenta del Santander niega presiones de Guindos y Linde para comprar el Popular

• Ana Botín testifica en el juicio contra los expresidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho
• El Santander se hizo con la entidad por el precio simbólico de un euro, tras su intervención

Ana Botín testifica en el juicio del Banco Popular.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por el Banco Popular poco antes de su resolución, en 2017, aunque ha negado que la presionaran para hacerse cargo de la entidad.

Botín, que estaba citada a las 09.00, ha llegado a la sede judicial a las 08:42 para declarar como testigo en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Ante el juez, Botín ha explicado que mantuvo una relación "mínima" con sus homólogos del Popular, entidad con la que se hizo el Santander al precio simbólico de un euro tras su resolución por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), en junio de 2017.

Con Ron y Saracho sólo tuvo contacto "dos veces con cada uno" y siempre por motivos profesionales. Asimismo, ha dicho que se enteró del relevo al frente de la entidad de Ron a través de la prensa.

Sin presiones

Botín ha constestado al magistrado que recibió llamadas tanto de Guindos como de Linde, en las que ambos le mostraron su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado. No obstante, ha aclarado, ni el Banco de España ni el Ministerio de Economía la presionaron "en absoluto".

Ha admitido que su banco recibió en mayo una invitación para acudir al proceso de venta privada del Popular; en él, ha indicado, pudieron intervenir Rodrigo Echenique, presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella nunca tuvo ningún contacto con él en este trámite.

Tras estudiar el proceso de venta, el Santander concluyó que "había un deterioro de confianza en el Popular", una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas. Aún así, ha insistido en que hasta donde sabe, el banco cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez.

Provisiones sí, pero no fondos negativos

Aún así, sí que ha explicado que el Santander barajó la posibilidad de comprar el Popular en caso de que éste fuera intervenido. Puntualiza que la decisión de participar se tomó el 23 de mayo, apenas 15 días antes de la resolución, y se delegó en la ejecutiva.

A su parecer, el Popular tenía una cartera de pequeñas y medianas empresas (pymes) "muy atractiva", no presentaba un déficit de provisiones, tampoco había evidencias de posibles incumplimientos en materia de tasación, y, además, cumplía con las ratios en el momento de su intervención.

También ha matizado a De Guindos, que la semana pasada indicó como testigo que Botín le había informado de que el Popular tenía un patrimonio neto negativo. En concreto, la presidenta del Santander ha aclarado que no recuerda haber usado esos términos y que le habló de la necesidad de futuras provisiones, no de fondos propios negativos.

En su interrogatorio, Botín ha indicado que cree que la JUR contactó a "bastantes entidades", y que incluso pudo plantear la oferta a algunos bancos extranjeros que operasen en España. Sobre los detalles de la compra, ha resaltado que el Santander recibió la misma información que los demás.

Botín ha incidido, de hecho, en que la entidad "no tuvo acceso" al informe de Deloitte, que sirvió de base a las autoridades para la resolución y posterior venta del Popular, y que cree que tampoco le hablaron de su existencia.

Además, ha recordado que aunque la compra se cerró por un euro, el coste que tuvo la operación para su entidad, que "se centró en no perder ningún cliente del Popular", fue una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.

Irregularidades contables

El juez de la Audiencia Nacional investiga las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El magistrado instructor inició una ronda de testificales el pasado 17 de septiembre con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien aseguró que no formó parte del equipo del despacho Linklaters que asesoró en 2016 a la entidad en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros.

El 30 de septiembre fue el turno del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, por videoconferencia, quien afirmó que, a un mes de la resolución del Banco Popular, se reunió con cinco de los grandes bancos para sondear su posible interés en adquirirlo, si bien todos ellos descartaron presentar una oferta por dicha entidad.

Estas testificales estaban previstas para antes del verano pero fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus. La ronda concluirá el próximo 15 de octubre con la comparecencia del que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique.