La Asociación Profesional de la Magistratura pide al CGPJ que proteja al juez del caso Dina

• La fiscal general del Estado considera "inadmisibles" las amenazas al magistrado
• El juez del caso Dina denunció amenazas tras pedir al Supremo que investigue al líder de Podemos

La exasesora de Podemos Dina Bousselham, en una imagen de archivo.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome "las medidas idóneas" para proteger al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón después de que este pidiera al Tribunal Supremo que investigara al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina, y para velar por la independencia judicial.

En un comunicado hecho público este jueves, día en que se reúne la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, la APM sale en defensa del magistrado de la Audiencia Nacional que dirigió un escrito la semana pasada al CGPJ en el que denunciaba la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y algunos medios de comunicación.

En el escrito que dirigió al CGPJ, el magistrado, que es también instructor del caso Villarejo, alegaba que sufría una situación de indefensión y de descrédito profesional con esta campaña de deslegitimación a través de mensajes que, dijo, eran "amplificados" por dirigentes y "algunos miembros del Gobierno". Además, también denunció ante la Policía mensajes amenazantes que aparecieron contra él en redes sociales.

La AMP lamenta la "deslegitimación permanente" del poder judicial

La APM dice asistir "con estupor" a la "deslegitimación permanente" del poder judicial por "representantes de organizaciones políticas e instituciones cuando se dictan resoluciones contrarias a sus intereses" y recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales "no puede amparar descalificaciones infundadas, que persiguen el descrédito de los jueces".

Censura la "campaña pública" activada en medios y redes, que busca "desprestigiar, personal y profesionalmente" a García Castellón y al poder judicial, y restar "credibilidad y validez" a los argumentos con los que pidió imputar a Iglesias.

Por ello, se suma a la denuncia del magistrado e interpela al CGPJ para que "se tomen las medidas idóneas" para su protección y "para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho".

La fiscal general ve "inadmisibles" las amenazas al juez del caso Dina

Por otro lado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado de "inadmisibles" las amenazas en redes sociales al juez Manuel García Castellón. Delgado ha realizado esta manifestación en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada por dichos mensajes amenazantes contra el instructor del caso seguido a raíz del supuesto robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bouselham.

"Las amenazas a cualquier juez por supuesto que son inadmisibles, en este y en muchos de los casos que nos estamos encontrando", ha recalcado la fiscal general, que ha añadido: "Los jueces y los fiscales somos funcionarios públicos, nos podemos equivocar o lo podemos hacer muy bien, podemos estar sometidos a crítica o a alabanza pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas ni de insultos".

"Una cosa es la sana crítica o la libertad de expresión dentro de unos márgenes pero es inadmisible que se ataque a un operador jurídico, sea juez, fiscal o abogado, por el hecho de trabajar independientemente de su acierto o desacierto. Para eso tenemos nuestro sistema de recursos", ha insistido.

A juicio de Dolores Delgado, "esos ataques lo único que hacen es perturbar algo que a la ciudadanía también le importa que es el sosiego y la independencia personal de los operadores jurídicos para ser certeros".