La Fiscalía de Madrid no ve delito penal en las muertes por COVID en las residencias

• La Fiscalía establece un criterio general para las alrededor de 50 diligencias abiertas por las muertes en residencias en Madrid
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Imagen de archivo de una residencia en Alcalá de Henares

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado por primera vez una denuncia contra los responsables de una residencia de mayores Los magistrados no aprecian hechos con "relevancia penal" en la denuncia presentada por la Asociación el Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid donde murieron 23 personas, según ha informado el órgano judicial este jueves.

Con esta decisión la Fiscalía crea un criterio que podría aplicar a las alrededor de 50 denuncias presentadas en la Comunidad de Madrid por situaciones similares, aunque ha aclarado que esto no supone que se archiven automáticamente todos los casos, ya que se estudiará lo ocurrido en cada residencia y alguna denuncia se podría judicializar. Entre este jueves y los próximos días se archivarán también otras seis denuncias parecidas, según fuentes del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía aclara que el denunciante todavía puede acudir a la vía civil para reclamar una indemnización por la cantidad de dinero que considere oportuna.

14 horas - La Fiscalía no ve delito en la actuación de la residencias madrileñas durante la pandemia - Escuchar ahora

Se descarta el homicidio imprudente y la omisión de deber de socorro

La Asociación el Defensor del Paciente había denunciado a una residencia el pasado 3 de abril por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica, pero el centro de mayores, al ser persona jurídica y no física, carece de responsabilidad penal y no puede ser juzgado por estos delitos.

"Puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo", defiende el decreto de archivo. La Fiscalía argumenta que el personal de la residencia mostró una "voluntad de intervenir para evitar los resultados lesivos que, lamentablemente y por causas que excedían de su ámbito de dominio, no pudieron en parte impedirse”.

En la residencia denunciada se siguieron "en todo momento" las directrices para tratar y derivar pacientes a hospitales, lo que descarta que se diera una denegación de asistencia médica, como defendían los denunciantes.

En varios pasajes del decreto de archivo la Fiscalía hace hincapié en la situación de crisis provocada por la pandemia en esos momentos, con una "falta de medios generalizada", la "saturación de los servicios médicos" y cambios de directrices por parte de las administraciones respecto a la actuación en residencias. "Si bien es cierto que la actuación pudo haber sido diferente en caso de no habernos encontrado inmersos en una pandemia, en ese contexto se adecuó a lo que le era jurídicamente exigible", arguye el auto.

En España han muerto 20.835 personas en residencias por COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad desde que empezó la pandemia, según los datos de las comunidades autónomas recopilados por RTVE.