Pablo Iglesias reclama a la Audiencia Nacional la nulidad del auto que pide su imputación al Supremo
- Considera que el juez García Castellón actúa de forma "arbitraria e injustificada" y contradice a la propia Sala de lo Penal
- El instructor del caso Dina elevó al Supremo su petición para investigar al líder de Podemos al ser aforado
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penas de la Audiencia Nacional solicitando la "nulidad radical" del auto del pasado 7 de octubre, en el que el juez Manuel García Castellón pedía la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación y denuncia falsa en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.
El recurso, al que ha tenido acceso TVE, considera que la decisión del magistrado no solo contradice la posición de la Sala de lo Penal, que fue la que devolvió a Iglesias la condición de perjudicado en el 'caso Dina, sino que además actúa "de forma arbitraria e injustificada" al elevar su exposición razonada al Supremo.
A su juicio, el auto "carece de fundamentación" pues "no hay pruebas" que sustenten el auto del juez García Castellón y que el instructor solo expone "meras hipótesis".
El magistrado, que considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para lograr algún tipo de ventaja electoral, solicitó el pasado 7 de octubre elevar al Supremo su petición para investigar al líder de Podemos, ya que la Audiencia Nacional no puede por estar aforado.
Según argumenta el texto, las pruebas "no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta" hacia Iglesias, en alusión al exabogado del partido José Manuel Calvente.
También alega que carece de fundamento que el juez haya finalizado la fase instructora de la causa sobre el presunto robo del móvil al mismo tiempo que pide al Supremo que le investigue sin aportar nuevos elementos.
El recurso de Iglesias insiste en muchos de los argumentos de la resolución de la Sala de lo Penal que consideró, en contra del criterio de García Castellón, que no había pruebas que sustentaran la retirada de la condición de perjudicado en el caso.
La sala también advirtió y ahora la defensa de Iglesias destaca en su recurso, que no había más indicios que los que apuntaban al excomisario José Villarejo como el autor de la difusión de la información robada. Ahora bien, Iglesias pide a la Audiencia Nacional que no se de por cerrada la investigación y se indague, tal y como declaró Villajero, si el material de la tarjeta del móvil fue entregado a la Dirección Adjunta Operativa.
Vulneración de las normas de procedimiento
Además, la defensa de Iglesias afirma que el auto recurrido vulnera "normas esenciales de procedimiento", pues considera que debería ser competencia de los juzgados de instrucción ordinarios en lugar del Juzgado Central de Instrucción (JCI) de la Audiencia Nacional. Una competencia que, asegura, solo se puede justificar si se establece una conexión con la organización criminal de Villarejo y, de no ser así, "debería haberse inhibido en un juzgado orginario de Madrid" para que este valorara los hechos.
También alega vulneración del derecho a la defensa al considerar que el auto de García Castellón plantea la elevación de la exposición razonada "de forma "infundada y carente de nuevos elementos fácticos" sin que hayan sido "acreditadas las suposiciones del juez instructor", entre las que incluye el cambio de criterio respecto a si la tarjeta fue robada o 'desaparecida' o sobre si la publicación en medios del contenido del dispositivo tuvo como origen una filtración del propio partido de Iglesias.
Antecedentes del caso
El origen del procedimiento es el robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bouselhan el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta mini SD. Meses después, Ok Diario publicó varias noticias con imágenes procedentes del dispositivo.
El 3 de noviembre de 2017, durante un registro en la vivienda del excomisario José Manuel Villarejo, se encontraron carpetas con el contenido de la tarjeta, que, según la investigación, llegó hasta supoder a través del director de la revista Interviu, Luis Alberto Pozas, y del subdirector, Luis Rendueles, que a su vez le entregaron una copia al director del Grupo Planeta, Antonio Asensio.
Según el juez instructor, Iglesias habría recibido de Asensio la tarjeta original en enero de 2016 pero la retuvo en su poder, según reconoció, para no someter a la exasesora "a más presión".
Iglesias declaró que, a pesar de que la tarjeta le llegó en buen estado, cuando se la entregó a Bousselham ella declaró que estaba "inservible", aunque ella luego cambió la versión, exculpándo al líder de Podemos a través de una carta.
Pablo Iglesias se presentó como perjudicado en la causa en marzo de 2019, poco antes de las elecciones de abril, y declaró la existencia de una "trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios” que podría haber estado espiando a líderes de su partido, pero García Castellón le retiró la condición de perjudicado en mayo de este año.