El Tribunal Supremo de EE.UU. decidirá sobre el muro de Trump y las repatriaciones de su política de asilo

• El presidente estadounidense, Donald Trump, ha desviado cientos de millones de dólares para la construcción del muro
• La política migratoria de EE.UU. ha destinado grandes sumas de dinero a repatriar refugiados centroamericanos

Trabajadores contratados por el Gobierno estadounidense refuerzan, con espirales de alambre de púas, el muro en la frontera entre México y EE.UU., en agosto de 2020.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anunciado este lunes que analizará las políticas del presidente, Donald Trump, que desviaron cientos de millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México y que han enviado a ese país y a América Central a decenas de miles de personas que buscaban asilo en EE.UU.

Las audiencias sobre estos casos probablemente tendrán lugar después de que el Senado confirme a Amy Coney Barrett como novena jueza del Supremo, con lo que habrá una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas en esa corte.

Los jueces escucharán los argumentos de una apelación del Gobierno de Trump contra la decisión de tribunales inferiores que declararon ilegal la transferencia de fondos para la construcción del muro, así como el caso de las personas que llegan a la frontera sur del país solicitando asilo y son enviadas de retorno a México y América Central a la espera de las audiencias sobre sus casos.

La demanda sobre el muro fue una iniciativa de la Coalición de Comunidades de la Frontera y el grupo ambientalista Sierra Club, quienes alegaron que la obra agravará el problema de inundaciones en la región y perjudicará la fauna y la flora silvestres.

En mayo de 2019, un juez federal en California dictaminó que la transferencia para la construcción del muro de fondos asignados por el Congreso para gastos del Pentágono era ilegal, y ordenó la suspensión de esos pagos.

En julio de ese año, en un voto de 5-4, el Tribunal Supremo canceló la orden de suspensión de pagos y autorizó la continuación de trabajos mientras seguía el litigio. En junio pasado un tribunal de apelaciones, también en California, calificó de ilegal la decisión de Trump porque el presidente no tiene autoridad constitucional para cambiar el destino de las asignaciones de dinero del Congreso.

El otro caso por el cual el Supremo celebrará audiencias se refiere al Protocolo de Protección de Migrantes, una política adoptada a comienzos de 2019 por el gobierno de Trump y que niega a las personas que llegan a la frontera y piden asilo el trámite normal que estipula la ley: libertad provisional a la espera de una audiencia sobre sus casos ante un tribunal de inmigración.

Desde entonces, decenas de miles de personas han sido enviadas al sur de la frontera donde aguardan los trámites de sus solicitudes.

Tribunales federales en California han dictaminado que esta política viola la ley de asilo de Estados Unidos y las leyes internacionales que amparan a quienes piden asilo.