Vox pide 13 años de cárcel para Iglesias por el caso Dina a pesar de no estar imputado en la causa

• Podemos ha solicitado la expulsión de Vox como acusación popular de la causa

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias

El partido político Vox, que ejerce como acusación popular en la pieza del caso Dina, ha presentado un escrito de acusación ante la Audiencia Nacional en el que pide 13 años de cárcel para el vicepresidente segundo Pablo Iglesias por cuatro delitos, a pesar de que ni siquiera consta como investigado en esta causa.

En concreto, la formación pide la imposición de la condena, que también conllevaría una multa económica, por los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, estafa procesal, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos. Además, Vox pide también hasta ocho años de cárcel para su exasesora Dina Bousselham.

En esta pieza separada del conocido 'caso Villarejo' se investiga el robo del móvil de la exasesora de Podemos en el Ikea de Alcorcón en 2015 y la posterior aparición de parte del contenido del mismo en el registro en 2017 del domicilio del comisario investigado.

El documento, al que ha tenido acceso RTVE, ha sido presentado a pesar de que Iglesias no está imputado y a que su situación depende actualmente de la decisión del Tribunal Supremo sobre si atender o rechazar la petición del juez del caso Dina, Manuel García Castellón, de investigarle en relación con el robo del móvil de Bouselham.

Solo están incluidos Villarejo y dos periodistas

En el auto de fin de instrucción y pase a procedimiento abreviado del juez, se ha instado a las partes a formular escrito de acusación, de calificación jurídica, sobre la causa en la que el magistrado propone juzgar al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, al exdirector de Interviú Alberto Pozas y al exsubdirector de esa misma revista Luis Rendueles por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

De esas tres personas, ninguna es Iglesias, pero Vox en su escrito insiste en la línea de su querella previa y acusa al líder morado de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, estafa procesal, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

Al igual que otras partes, como la de Villarejo que ha interesado continuar con las pesquisas y no cerrar la pieza en falso, Vox solicita que no se cierre la instrucción del procedimiento sin que se practiquen las diligencias que esclarezcan la participación de todos los intervinientes.

La relación de los hechos, según Vox

Asimismo, el partido de Santiago Abascal pide elevar en resolución separada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su acusación, mediante ampliación o una nueva exposición razonada que incluya la relación de los hechos que detalla en el escrito porque considera que de ellos puede inferirse la existencia de indicios razonables de participación delictiva de las personas aforadas.

En este sentido, a lo largo del escrito la abogada de Vox relata el viaje que hace la tarjeta SD de Bousselham hasta acabar publicada en medios digitales y en la Audiencia Nacional. Explica que todo comienza con el robo, tras el cual se pone denuncia y es trasladada al juzgado de instrucción 5 de Alcorcón donde se sobresee por falta de autor conocido.

Tras hacerse con ella un periodista de Interviú, lo comparte con otro compañero y con el presidente del grupo de la revista, Antonio Asensio, que a su vez se la pasa a Iglesias. Continúa explicando que Villarejo contacta con esos mismos periodistas y que también le pasan a él parte del contenido de la SD.

Vox sostiene, al igual que el juez instructor, que Iglesias se quedó con esa tarjeta un tiempo indeterminado antes de devolvérsela a su exasesora, y durante ese tiempo, apunta el partido en su escrito, "con ánimo de dejar la tarjeta inservible procedió a inutilizar el dispositivo". Tras esto, y una vez que Bousselham se hace de nuevo con la tarjeta, ella y su pareja intentan recuperar los datos enviándola a una empresa de recuperación, pero desisten al estar muy dañada.

Vox acusa a Iglesias de buscar rédito electoral

Tras la publicación en OK Diario de varios pantallazos, el partido de Abascal sostiene que altos cargos de Podemos se reúnen (entre ellos Iglesias, y la actual vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo) y hablan de que la publicación se debe a filtraciones en el seno del propio Podemos pero que puede ser una oportunidad de actuar contra ese medio.

Siempre según la versión de los hechos de Vox, deciden entonces ampliar la denuncia inicial que presentó Bousselham y arrancar una batalla legal para intentar conectar el robo con la publicación en medios a pesar de que Iglesias "sabía de antemano que no existía conexión" y que el origen de la filtración "era la propia Dina".

Tras naufragar en esa primera batalla judicial en Alcorcón se produce el registro en casa de Villarejo y se encuentran documentos que pertenecía a Bousselham. Según Vox, Iglesias ve ahí una oportunidad para lograr rédito electoral en las generales de abril de 2019 y vuelve a reanimar el caso.

Podemos pide la expulsión de Vox como acusación popular

Tras la decisión del juez de elevar exposición razonada al Supremo, ahora Vox ha solicitado también que se le tenga por personado como acusación popular en su caso en el TS, órgano competente por el aforamiento de Pablo Iglesias.

Además, la abogada pide también que, teniendo en cuenta la condición de aforados así como la conexidad de muchos de los delitos por los que Vox formula acusación, se amplíe el suplicatorio, y solicita a la Audiencia Nacional que se requieran los chats mencionados en la declaración en sede judicial del exabogado de Podemos José Manuel Calventey testimonio de la integridad de las actuaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcorcón.

No obstante, Podemos ha pedido a la Audiencia Nacional la expulsión de Vox como acusación popular de la causa Dina y la devolución del escrito presentad este martes "por haber actuado de forma fraudulenta y contraria" a su posición, "con una actuación evidente contraria a derecho y conocida por la propia parte".

Desde la formación de Iglesias señalan que se ha realizado la formulación de acusación siendo plenamente conscientes de la ausencia de rigor jurídico y de la manifiesta improcedencia de las mismas, ya que las dos personas -Iglesias y Bousselham- "no tienen la condición de investigados".

"El escrito queda fuera de todo ejercicio del derecho de defensa y del ejercicio de la acción popular, vulnerando las normas del procedimiento al no existir declaración alguna de investigados frente a quienes ejercen de acusación", añaden los representantes legales en un documento al que ha tenido acceso RTVE.