El valenciano condenado por ocultar su orientación sexual busca una reforma del Código Civil

• La jueza sentenció a Javier Vilalta a pagar 3.000 euros por no revelar su homosexualidad durante el matrimonio
• Diversos colectivos califican la sentencia como bifóbica y urgen la aprobación de la Ley LGTBI

La propuesta de ley LGTBI promueve un cambio en el Código Civil para que nadie sea juzgado por su orientación sexual

Javier Vilalta ya prepara el recurso contra la sentencia que le condena a indemnizar con 3.000 euros a su exmujer por, según la jueza, haber ocultado su homosexualidad durante el matrimonio. El Juzgado de primera instancia número 9 de Valencia obliga a Vilalta a pagar 1.000 euros por cada año de matrimonio y declara, también, la nulidad del enlace. Según la sentencia, el condenado confesó su orientación sexual a su expareja cinco años después de la separación y ella se enteró en 2019 de que su exmarido había tenido relaciones homosexuales antes del matrimonio.

El acusado no pudo declarar por tratarse de un procedimiento civil donde la petición de declaración depende de la parte demandante. Vilalta se muestra indignado con la sentencia, que considera discriminatoria, y con el desconocimiento sobre la sexualidad. “Una jueza no está capacitada para declarar la identidad sexual de nadie. Yo me declaro bisexual hoy en día. Me casé heterosexual, pero con el devenir del tiempo he tenido varias experiencias, y cuando me enamoré por primera vez de un hombre hace seis años lo comuniqué a las parejas que había tenido hasta entonces”.

“Me declaro bisexual, me casé heterosexual pero con el tiempo he tenido varias experiencias“

Asegura también que la jueza “se basa en una concepción biológica de la sexualidad no variante en el tiempo, estanca, lo cual está completamente superado por la sociedad actual y por las leyes de igualdad”.

A juicio por ocultar su orientación sexual

Un Código Civil obsoleto

El caso de Javier Vilalta viene a confirmar, según el propio acusado, que la legislación siempre va por detrás de las necesidades sociales y que el Código Civil está desfasado.

Mila Navarro y Raquel Mengó, del despacho Navarro & Larriba Abogados, interpretan la resolución judicial. “La homosexualidad en esa sentencia se está considerando como una cualidad esencial de la persona, susceptible de causar un vicio del consentimiento. El matrimonio, al fin y al cabo, es simplemente un contrato”.

Pero van más allá. “Se está ejerciendo violencia institucional hacia la homosexualidad, al estar basada en estereotipos sociales arcaicos, con un Código Civil obsoleto y con referencias a sentencias retrógradas y homófobas”.

Un detalle: el Código Civil entró en vigor en 1889, ha sufrido modificaciones, pero nunca una reforma integral. El lavado de cara completo se viene reclamando desde diversos sectores que aseguran que tiene lagunas importantes. Sin ir más lejos y en relación a este caso, la consellera de Igualdad y vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, afirmó que “es hora que algunos preceptos obsoletos del Código Civil, como la nulidad de los procesos matrimoniales, se revisen a la luz de la Constitución y de los derechos fundamentales, ya que figuras como el divorcio no existían en aquel momento”.

“Es indignante que la orientación sexual esté en la misma categoría que una enfermedad o una condena“

Con el recurso, Vilalta va más allá de su caso particular y busca que se derogue el artículo 73 del Código Civil, que considera un anacronismo. ¿Qué dice este artículo en el que se ha basado la sentencia? Se trata de una norma que regula la nulidad del matrimonio y que prevé diferentes razones por las que puede llegarse a ese extremo. Por ejemplo, un error en la identidad de la persona de uno de los contrayentes o mentir en las cualidades personales que sean determinantes a la hora de dar el consentimiento. Esconder una patología o tener antecedentes penales entrarían en esta categoría… pero también la ocultación de la homosexualidad, según algunas (pocas) sentencias de finales del siglo pasado. “Es indignante que la orientación sexual siga estando en la misma categoría que una enfermedad o haber sido condenado”, asegura Vilalta.

Una sentencia bifóbica, según los colectivos LGTBI

Desde diversos colectivos se apunta al desconocimiento de la realidad LGTBI por parte de los jueces, pues Vilalta se declaró abiertamente bisexual mientras que la resolución habla de homosexualidad. “La sentencia es bifóbica”, afirma Mar Ortega, de Lambda Valencia. “Se considera nulo el matrimonio porque Vilalta había mantenido relaciones con personas de su mismo género antes de su matrimonio con esta mujer y concluye que su relación no podía ser sincera”.

“Se han vulnerado derechos como la equidad, la libertad sexual o la intimidad“

Navarro y Mengó profundizan en la cualidad bifóbica de la sentencia. “Se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, lo que supone un acto inconstitucional, vulnerando derechos como su equidad (artículo 24 de la Constitución Española), libertad sexual e intimidad (artículo 18.1) y otros derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Fundamentales”.

Para Uge Sangil, presidenta de FELGTB, “la sentencia lanza el mensaje a la sociedad de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado”. Asegura que también atenta contra los derechos de las personas heterosexuales porque “posibilita la entrada del sistema judicial a ámbitos privados de una forma intolerable”.

El pasado 22 de junio se trasladó al gobierno de España la propuesta de Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI. Desde Lambda Valencia aseguran que “su aprobación es urgente y necesaria para garantizar la formación de la judicatura en materia LGTBI, de manera que se eviten sentencias como esta, motivadas por el desconocimiento que invisibiliza a las personas bisexuales”.

Añaden que "con la misma legislación existente, una jueza conocedora de la realidad social actual y de los procesos de identificación de la orientación sexual podría haber hecho una interpretación del Código Civil más respetuosa con los derechos fundamentales de Javier". Vilalta reflexiona en la misma dirección. “Hay que promover un cambio del articulado del código civil e instar a que finalice la Ley LGTBI, para que nadie pueda ser juzgado por su orientación sexual”.

El acusado confiesa que parte de su entorno más cercano le insta a pagar los 3.000 euros y olvidar el tema, “pero yo que llevo años trabajando en ámbito de derechos humanos considero muy importante que haya visibilidad, que lleguemos hasta la última instancia para que esto no vuelva a ocurrir”.