El juez pide buscar a Norman Foster en Suiza para testificar por el Campus de la Justicia de Madrid

• En caso de ser localizado y "no comparecer", el juez de la Mata ordena que la detención del arquitecto
• El juez investiga contratos por 355,5 millones de euros, de los que 324,7 correspondían a la construcción

El arquitecto británico Norman Foster en una imagen de archivo.

El juez que investiga supuestas irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) ha pedido a las autoridades suizas localizar el paradero del arquitecto Norman Foster para citarle como testigo y ordena a las autoridades helvéticas que procedan a su detención si se niega a comparecer.

En el auto, al que han tenido acceso Efe y Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata solicita que se proceda a su detención, "al objeto de ser conducido por la fuerza pública" al lugar donde se fije su comparecencia, que se pide que sea por videoconferencia.

El magistrado adopta esta decisión después de haberse dirigido en marzo pasado a Reino Unido con el mismo fin. Las autoridades británicas respondieron en septiembre al magistrado que Foster "al momento actual se encuentra en su residencia de Suiza y, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse al Reino Unido".

Detención en caso de no comparecer

Por eso el juez reclama ahora a las autoridades helvéticas la localización del arquitecto para poder realizar esta comparecencia el 14 de diciembre próximo y que le comuniquen, "a la mayor brevedad", si se considera "posible su práctica en las fechas indicadas".

El juez indica que Foster se encuentra en paradero desconocido, y al haber sido infructuosas "las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio", pide que se proceda a su localización para poder citarle. "La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer", advierte.

El juez De la Mata abrió la investigación sobre posibles irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid, en septiembre de 2018, tras admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proyecto encargado en 2007 por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El proyecto fue denunciado ante la Fiscalía tanto por el gobierno madrileño, entonces presidido por Cristina Cifuentes, como por varios diputados de la oposición.

En relación al proyecto del CJM, el juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. De ellos, se pagaron 91,7 millones.

Un contrato por más de 13 millones de euros

En el auto, el juez De la Mata recuerda que en abril firmaron un Memorándum de Acuerdo, CJM y Foster Partners Limited, para la Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia.

Al Memorándum se incorporaba un Proyecto de construcción de ambos edificios de 179.691.000 euros, sobre el que se calculan los honorarios de Foster partners, 11.621.003,00 euros, a los que se añade en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios. Según la documentación facilitada, el importe global del contrato ascendía a 13.317.653 euros (incluyendo gastos), indica el auto.

Más tarde, prosigue, "ambas partes firmaron de común acuerdo el Acta de suspensión el 2 de marzo del 2009, aplicando como fecha de suspensión del contrato el 29.10.2008 cuando el importe total facturado por Foster and Partners ascendía a 10.621.809,06 euros (incluyendo gastos)".

En el memorándum se establecía que en caso de rescisión del contrato Foster Partners podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados".

Según consta en el análisis de las cuentas bancarias, CJM pagó a la empresa de Foster 13.777.335 euros, "produciéndose el último movimiento bancario en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato". Además, "en la certificación de octubre del 2008 se acredita que los trabajos realizados totalizan importe de 10.621.807,84 euros".