El Congreso de Perú admite una nueva moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra

• Es la segunda vez que los diputados buscan derribar al mandatario en menos de dos meses por supuestos actos de corrupción
• El proceso se realizará el próximo 9 de noviembre, cuando Vizcarra tendrá que acudir al Parlamento para presentar su defensa

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante un mensaje a la nación desde Lima

Una vez más el Congreso de Perú ha votado abrir un proceso de destitución contra el presidente peruano, Martín Vizcarra, acusado de "incapacidad moral permanente", la segunda ocasión en la que los diputados buscan derribar al mandatario en menos de dos meses por supuestos actos de corrupción.

El pleno del Congreso, en una sesión virtual, ha aprobado la admisión del trámite de destitución, o vacancia presidencial, por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, por un presunto caso de corrupción cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2016.

Además, ha aprobado que el proceso (juicio político) se realice el próximo 9 de noviembre, cuando el jefe de Estado tendrá que acudir al Parlamento para presentar su defensa, o en todo caso sea representado por un abogado.

La eventual destitución de Vizcarra requiere de 87 votos, de un total de 130 legisladores, en un Parlamento donde no tiene bancada oficialista y su respaldo se diluye entre varios grupos políticos de la minoría. Hasta el momento, son tres los partidos que han adelantado que no respaldarán una vacancia contra el mandatario, Alianza para el Progreso (APP), Partido Morado y Somos Perú.

Denuncias desde el Gobierno regional

Esta nueva moción de censura responde a la denuncia de que Vizcarra recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo a las declaraciones de varios aspirantes a colaboradores eficaces de la Justicia (delatores premiados).

Los testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos vinculados a la trama del denominado "club de la construcción", la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.

A raíz de esta denuncia, el fiscal Germán Juárez, de equipo especial de la fiscalía que lleva el caso Lava Jato, tiene previsto tomar el martes declaración a Vizcarra, quien niega las acusaciones, en la investigación preliminar abierta por los delitos de colusión y asociación ilícita.

Sobre este caso, el jefe de Estado ha pedido este lunes a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, que defina las competencias del Ministerio Público en esta investigación, dado que ya existen otras pesquisas en curso sobre su gestión regional en Moquegua.

Horas antes de la aprobación en el Congreso, Vizcarra ha declarado a la prensa que "un proceso de vacancia desestabiliza al país". "Queremos seguir trabajando juntos sin desestabilizaciones, sin agendas propias de algún grupo político que quiere generar caos y desorden", dijo en referencia a los grupos que impulsan su destitución.

"Caos y desorden"

El gobernante confiaba en que "las fuerzas democráticas del Congreso, que son las que priman y piensan en el bienestar de la población, no van a caer en el juego de un grupo político que quiere generar caos y desorden".

El Gobierno atribuye ese caos y desorden al militar golpista preso Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), cuyos intereses políticos son defendidos en el Parlamento por Unión por el Perú, el partido que presentó el pedido.

Asimismo, Vizcarra ha insistido en que la mayoría de la población está en contra de su destitución y que la comisión parlamentaria que lo investiga por el primer pedido de vacancia, a raíz de la irregular contratación del cantante Richard "Swing" Cisneros, aún no ha presentado su informe.

Sin embargo, más allá de UPP, otros partidos hicieron ver durante el debate en el pleno, como indicó el legislador Lenin Bazán, del Frente Amplio, que ningún político acusado de corrupción debe permanecer en su cargo y que por eso se defiende el pedido de destitución de Vizcarra.

El primer pedido de destitución presidencial se presentó en septiembre a raíz de una serie de grabaciones clandestinas, fruto de una "traición" de la asistente personal de Vizcarra, Karem Roca, en la que el mandatario parece querer ocultar varias reuniones con "Swing", un desconocido músico que recibió injustificados contratos en el Estado supuestamente por ser amigo del gobernante.

Sin embargo, la mayoría de congresistas rechazó finalmente destituir a Vizcarra para mantener la estabilidad y después de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, impulsor del proceso y quien asumiría el Gobierno, contactase con las Fuerzas Armadas y buscara crear un "gobierno en la sombra" antes incluso de que se conocieran las denuncias contra el mandatario