La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Correa y otras 25 personas en la última pieza de Gürtel

• También está imputado su segundo, Pablo Crespo, en la última pieza de esta macrocausa que quedaba en instrucción
• La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros

Francisco Correa, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del caso Gürtel contra 26 personas por delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el empresario Francisco Correa y su segundo, Pablo Crespo, los responsables del Grupo Correa, sus asesores fiscales, empresarios y supuestos testaferros.

Apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase con ligeras variaciones en las penas la sentencia de la primera época de Gürtel, el magistrado envía a juicio la última pieza de esta macrocausa que quedaba en instrucción, a excepción de una parte de los llamados "papeles de Bárcenas" sobre la presunta caja B del PP, que se reabrió hace unos años y que aún continúa investigándose.

En su auto, el magistrado impone a los procesados, entre los que se encuentra el considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, el pago de fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros -ascendiendo la suma total de las fianzas a 199 millones-, y también abre juicio contra 20 empresas como responsables civiles subsidiarios.

Se sentarán en el banquillo por hechos que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. De la Mata envía a juicio también a un total de 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios.

En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Francisco Correa y Pablo Crespo . con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigas en las piezas separadas", dice el juez, y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Ocultaron cantidades multimillonarias a través de estructuras financieras

De la Mata explica en su auto que, en el caso de Francisco Correa, ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera, justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos. Los citados fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública. De hecho, Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas.

En el caso de Pablo Crespo, continúa el instructor, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo. Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad 'Crevisa SL' y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.

Los asesores del grupo empresarial Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín deben ser imputados, explica el magistrado, a título de cooperadores necesarios a la vista de la posición que han desempeñado en sus respectivas épocas y tareas en el diseño y desarrollo de las estructuras societarias. "Su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación", añade.

"Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública", apunta.

Para el juez, “lo relevante no es que colaboraran con Correa y Crespo en la creación de la maraña societaria, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente (siempre a los efectos limitados de esta resolución), que estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos. Por la misma razón se imputa a cada uno de ellos como cooperador necesario en las defraudaciones tributarias imputadas a ambos".