La lucha contra la desinformación, una tentación de todos los gobiernos

• El Gobierno de Sánchez ha impulsado un plan contra la difusión de noticias falsas que ha sido muy criticado por los 'populares'
• El PP planteó legislar contra las 'fake news' en 2018 mediante una proposición no de ley que fue rechazada por PSOE y Podemos

El Gobierno impulsa un plan contra la desinformación con polémica

Los intentos de legislar sobre la lucha contra la desinformación no son nuevos. Lo que cambia es la postura de los partidos políticos, dependiendo de si están en el Gobierno o en la oposición. El Partido Popular trató de hacerlo en marzo de 2018, con Mariano Rajoy como presidente, mediante una proposición no de ley que entonces rechazaron PSOE y Podemos, los dos partidos que componen el actual Gobierno de coalición que acaba de impulsar un plan contra la las llamadas 'fake news'.

El planteamiento de esos dos Ejecutivos no es muy diferente en la base. El PP hablaba de reforzar la lucha contra las “noticias falsas” por ser estas una “amenaza” para la seguridad del conjunto de la ciudadanía, mientras que el Gobierno de Sánchez propone actuar frente a la desinformación para hacer frente "a los riesgos" que supone "para las sociedades abiertas”.

Sin embargo, la iniciativa del PP solo contó en 2018 con el apoyo de Ciudadanos, partido que también ha criticado este jueves el plan del actual Gobierno.

Los argumentos del Gobierno de Sánchez

Tras el revuelo que ha ocasionado la aparición en el Boletín Oficial del Estado de la Orden con el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre, el Gobierno de Sánchez ha compartido a través de un comunicado los argumentos con los que sostiene la necesidad de impulsar el plan.

Según informan desde Moncloa, se trata de un procedimiento que da respuesta a la petición de la UE de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación y que incide, “en consonancia con el artículo 20 de la Constitución española”, en el derecho a la información veraz y plural como uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas. Un derecho que, asegura el Gobierno, “deben garantizar las instituciones, las Administraciones públicas y la propia sociedad, porque es el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión libre”.

El plan de la Unión Europea, añaden, considera necesaria una actuación “más coordinada a nivel comunitario” y acorde a los valores democráticos de las sociedades, algo a lo que, creen, podría contribuir la iniciativa.

Otra de las finalidades es “evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país” y precisa que “en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, como ha asegurado Vox que ocurriría.

El procedimiento se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y, junto a los organismos que lo desarrollan, están invitados a participar en la lucha contra los procesos de desinformación los propios medios de comunicación y la sociedad civil.

El propósito no difiere del que defendió el PP en 2018

De no ser por las discrepancias que ha manifestado el PP de Pablo Casado, podría deducirse --con ayuda de la hemeroteca-- que la meta del Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos en 2020 y la del Gobierno que lideraba Rajoy en 2018 es similar.

La proposición no de ley del PP instaba al Ejecutivo a promover un acuerdo internacional, en especial en la UE, contra la desinformación "como amenaza global contra los sistemas democráticos" y específicamente si se trataba de una amenaza "gestionada por actores extranjeros con intenciones hostiles", aludiendo a las "injerencias" que, señalaron, se habían producido tanto en Estados Unidos, como Reino Unido y en Cataluña.

También reclamaba introducir en las capacidades de las Fuerzas de Seguridad y de los Servicios de Inteligencia "sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta" frente a las noticias falseadas.

En aquel momento, el grupo socialista se mostró de acuerdo en promover acuerdos internacionales, pero rechazó de manera tajante uno de los puntos, el que hablaba de impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por la red, así como su “sellado” o "descalificación" como "potencial noticia falsa ante el ciudadano".

El Gobierno incluye las noticias falsas en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional

El PSOE consideró que España podría avanzar hacia un “recorte de libertades fundamentales y hacia la censura” y temía que el PP pudiese vetar una información “en base a una falsedad que el propio Gobierno” determinara, exactamente lo mismo que los ‘populares’ creen que trataría de hacer el Gobierno de coalición dos años después.

Metodologías con puntos en común

Sin embargo, en su plan, el Ejecutivo de Sánchez plantea “definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos” mediante cuatro "niveles de activación" que incluyen, con otras palabras, ese "sellado" que entonces propuso el PP.

El primer nivel es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas.

Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio.

La iniciativa ha hecho saltar las alertas de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que advierte de que el plan del Gobierno contra las 'fake news', mediante el que monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios, "puede convertirse en censura".

"El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla. En este sentido, cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la APM se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido", ha explicado la asociación, que, en cambio, pone "serios reparos" a las herramientas anunciadas para esa lucha porque "deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos".

García Egea dijo que "cualquier demócrata" debe "plantar cara" a las 'fake news'

Poco después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya asegurado en Twitter que el Gobierno aprueba una orden para "vigilar a los medios y perseguir lo que el gabinete de Sánchez considere desinformación", el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ironizaba en esa misma red social con esta frase: "El Gobierno de la mentira quiere perseguir las noticias falsas".

No tan lejos en el tiempo está otra declaración suya en la que afirmó que el PP veía necesario acabar con las 'fake news'porque "mediante el arte del engaño, crean bulos, difunden información manipulada y multiplican noticias falsas con apariencia verosímil, aprovechando la viralidad de su contenido para una difusión rápida”. Y añadió que "cualquier demócrata que no esté cautivo por gobiernos extranjeros debe plantar cara a las fake news”.

Cs apoyó la propuesta del PP y Podemos la rechazó

Ciudadanos, que este jueves ha recalcado que en el Código Penal ya está recogido el límite a la libertad de expresión, apoyó dos años antes la iniciativa del PP advirtiendo de que “toda la Cámara” debía tomarse “en serio” el asunto de las ‘fake news’ porque “el coste de la inseguridad social es muy alto”. También pidió entonces un pacto de Estado para la ciberseguridad.

Mientras, Unidos Podemos arremetía contra la propuesta del PP de manera firme. Su portavoz, Rafael Mayoral, señaló que la intención del Gobierno de Rajoy era introducir un “Ministerio de la verdad”, una expresión idéntica a la que este jueves han utilizado PP y Vox en sus críticas contra el nuevo plan.

Ese último partido asegura que el objetivo del actual Gobierno es "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines y su líder, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de querer "erigirse en juez de lo que es verdad y mentira".

El Grupo Parlamentario Vox llegó a registrar en julio de este mismo año una Proposición de Ley orgánica de regulación parcial de la verificación de noticias falsas en "redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales".